Los juristas ven «disparatado» que el Tribunal de Cuentas acepte avales públicos a los líderes del 'procés'

La primera decisión adoptada por la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, tras su reciente renovación, ha hecho saltar todas las alarmas jurídicas. Varios expertos consultados por El Debate sobre la legalidad de que un ente público malversado, la Generalitat de Cataluña, avale a quienes lo malversaron, califican la posición del órgano fiscalizador de «disparate» e «infamia», tras aceptar los recursos presentados por los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont; así como el vicepresidente Oriol Junqueras, y otros 34 altos cargos catalanes, contra la resolución inicial de la delegada instructora Esperanza Gracia que consideró inadmisible dicha posibilidad.

En línea con la tesis sostenida por Gracia, magistrados, catedráticos y abogados especializados en Derecho Contencioso-Administrativo coinciden en que ley española no permite respaldar con cargo al erario público el patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración «que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».

Sin embargo, la nueva mayoría progresista de la Sala de Enjuiciamiento del órgano administrativo, que no tribunal de Justicia, decidió cambiar de opinión, en contra de la expuesta por la presidenta de la misma –a propuesta del PP, Rebeca Laliga– y admitir los avales aportados por la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas, para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 de los cabecillas del procés por su promoción en el exterior.

Los dos nuevos consejeros, designados por el PSOE, Rosario García Alvarez y Diego Íñiguez, coincidieron en aceptar el mecanismo de garantía propuesto por el Govern catalán para proteger a sus altos cargos ante procedimientos judiciales. Una situación que ha llevado a la consejera del Departamento Primero, Rosario García, a redactar un pronunciamiento que se ha adoptado sin pasar el filtro del Pleno de la institución.

Precisamente ese cambio de sensibilidad ideológica que ha propiciado una situación tan inédita como favorable a los líderes del separatismo catalán condenados por el Supremo, no sólo protegerá sus bienes personales de futuros y eventuales embargos del Estado español sino que, además, hará reversibles las fianzas por valor de 9,5 millones de euros que fueron consignadas con cargo a la denominada «Caja de Solidaridad» del independentismo.

No cabe recurso

Los mismos juristas han destacado la dificultad de que pueda prosperar en los tribunales cualquier acción –casación o amparo– contra la resolución administrativa firme, ya que «los únicos legitimados serían los propios beneficiados» con la polémica decisión del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado. Fuentes próximas a la institución han apuntado a El Debate que los letrados públicos no barajan, por el momento, la posibilidad de impugnar dicha decisión.

«Pagar responsabilidades personales con fondos públicos es muy, muy novedoso», aseguran los expertos. Los mismos que han llamado la atención sobre cómo mientras el separatismo ha recibido con agrado el cambio ideológico que ha atendido a sus intereses, en el seno del Tribunal de Cuentas; «seguramente criticarían la misma situación, pero a la inversa, si fuese la mayoría de las Sala Tercera del Supremo, pendiente de resolver el recurso de súplica de PP y Vox contra la decisión de confirmar los indultos, la que cambiase a un signo conservador» concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.