El Gobierno justificó los indultos con artículos de prensa afín, comentarios sindicales y encuestas de la Generalitat

Pedro Sánchez indultó a Oriol Junqueras y otros ocho políticos catalanes, condenados por el Tribunal Supremo por graves delitos contra la Constitución, apoyándose en artículos de El País, comentarios de los sindicatos y estudios del «CIS» catalán.

Esos fueron los sorprendentes argumentos utilizados por el Ministerio de Justicia, hasta ahora secretos, para sacar de la cárcel a los dirigentes políticos que intentaron imponer la independencia unilateral de Cataluña y protagonizaron el mayor Golpe contra la democracia desde el 23F de 1981, del que no reniegan hasta el punto de prometer, reiteradamente, que lo «volverán a hacer».

El Gobierno firmó los indultos en junio de 2021, con la oposición del propio Supremo y pese al aval del Tribunal Constitucional a las condenas, sin explicar por qué lo hacía, negándose desde entonces sistemáticamente a revelar el expediente con el que el ministro Juan Carlos Campo, luego destituido, liberaba a presos convictos y sin arrepentimiento ni renuncia a sus objetivos.

El Debate ha logrado ahora acceder al expediente, entregado a regañadientes por el propio Gobierno, obligado por el Consejo de Transparencia. Y su contenido revela las sorprendentes «razones» que Sánchez utilizó para anular las condenas y cumplir la exigencia más aparatosa de sus aliados políticos.

Así, por primera vez se sabe que el presidente sustentó su decisión política apelando a los barómetros del CIS catalán, llamado CEO, teledirigidos por la Generalitat catalana controlada por los propios independentistas; en las opiniones de los sindicatos CCOO y UGT o en artículos en El País o el diario ARA, el primero posicionado a favor de la «medida de gracia» y el segundo instalado directamente en el separatismo.

El Gobierno impulsó los indultos y escondió las razones, que El Debate al fin desvela: se sirvió de recortes de prensa y del CIS de la Generalitat

Solo con eso, y otra opinión favorable de la Conferencia Episcopal Tarraconense que no es reconocida como tal por El Vaticano; el Gobierno enmendó el trabajo del Tribunal Supremo y se sirvió de una ley originaria de 1870 para soltar a la calle a los condenados, sin prueba de arrepentimiento ni renuncia expresa a la independencia.

Todo ello, además, se ocultó desde hace meses pese a la insistencia de El Debate en acceder al expediente, algo que finalmente consiguió al recibir el amparo del Consejo de Transparencia, que en una resolución histórica con número 774/2021, obligó a Sánchez a acabar con su resistencia y a entregarle a este periódico la siguiente información:

«Documentación, cualquiera que sea su formato, estudios, informes solicitados o recibidos o de cualquier otro tipo existente en el Ministerio de Justicia acreditativa de la necesidad, oportunidad o conveniencia de la concesión de los indultos que elevó el Ministro de Justicia para la concesión del indulto a las siguientes personas, el día 22 de junio de 2021: Dolors Bassa i Coll, Jordi Cuixart i Navarro, Carme Forcadell i Lluís, Joaquim Forn i Chiarello, Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Jordi Sánchez i Picanyol, y Jordi Turull i Negre».

Y eso es precisamente lo que ha tenido que hacer ahora Sánchez, tras más de un año de ocultismo que se entiende «mejor» por la fragilidad de las razones esgrimidas para conceder unos indultos políticos que tuvieron el rechazo frontal de la fiscalía del Supremo y provocaron la indignación de toda la oposición al Gobierno.

El expediente en propiedad de El Debate no solo revela los endebles argumentos del Gobierno, sino también el profundo desprecio de Sánchez hacia el Tribunal Supremo y la sorprendente utilización de la Constitución para intentar justificar la liberación de quienes la atacaron.

Todo ello se percibe en las reflexiones que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, incorporó al expediente para justificar los indultos, que también publica en exclusiva El Debate:

«(…) Constituye una obligación constitucional de nuestro Estado democrático facilitar y fomentar que dicha pluralidad sea el paradigma dominante de la vida política y social. Este Gobierno trabaja para ello. La existencia de cauces para que pueda producirse una comunicación encaminada al entendimiento entre los diferentes actores sociales y políticos que conforman España es, sin duda, un requisito imprescindible para la preservación de ese pluralismo que la Constitución consagra. No puede desconocerse la realidad. Las políticas basadas en la confrontación intensiva han acabado por erosionar los cauces naturales e institucionales de comunicación, hasta el punto de impedir el necesario diálogo».

Los ataques del Gobierno a la Justicia

Antes de eso, incluso fue más lejos y atacó duramente a la Fiscalía del Supremo por informar negativamente del «favor» a Junqueras y el resto de condenados iba a hacerles Sánchez, con un alegato denigratorio de la justicia frente a la política:

«No puede encontrarse en tales informes del Tribunal sentenciador ni del Ministerio Fiscal un análisis individualizado de cada condenado ni tampoco un examen integral del conjunto de razones de utilidad pública concurrentes», dijo el ministro para enfrentarse a los órganos judiciales.

Y añadió, para rematar su desprecio, que «mientras que los órganos judiciales son llamados a impartir justicia en los términos previstos por el artículo 117 de la Constitución, el Gobierno se debe a la defensa de los intereses generales de conformidad con el artículo 97 de la misma norma. Y, precisamente para la consecución de tal objetivo, la propia Constitución y el legislador han puesto a su disposición la figura del indulto, bajo el entendimiento de que, en ocasiones excepcionales, es necesaria la adopción de decisiones políticas (…)».

¿Intereses generales?

Los «intereses generales» han sido, viendo la secuencia cronológica de los hechos, el respaldo del separatismo a Sánchez en investiduras y presupuestos, sin la renuncia expresa a repetir la intentona de ruptura ilegal.

Tan es así, que uno de los condenados repitió sus amenazas nada más salir del centro penitenciario. Se trata de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, que lanzó una bravata en julio de 2021 en un acto en Francia junto a Puigdemont: «Que nadie tenga ninguna duda, lo volveremos a hacer, lo haremos juntos y lo haremos mejor. ¡Vivan los Países Catalanes!».

En la misma línea, hace apenas un mes, el propio Junqueras en persona dejó claro que su indulto no fue por razones legales, sino por mero interés político de Sánchez, al dejar clara su postura. Ocurrió en Hospitalet, el pasado 13 de marzo, y también en público.

Ese día, el líder de ERC refrescó su apuesta por la separación y revitalizó las negociaciones con Sánchez en la llamada «Mesa del diálogo», con una declaración de intenciones elocuente: su movimiento, dijo, «no tiene derecho a no culminar» el proceso de independencia.

Aún más sorprendente es que el Gobierno «justificara» los indultos apelando a un recorte de prensa del diario ARA en el que, uno de los condenados, Jordi Sánchez, proclamaba justo lo opuesto a lo exigible para obtener la medida de gracia:

«No creo que el 1 de Octubre fuese un error. Poner urnas para que la ciudadanía se pueda expresar no puede ser considerado un error. Una urna nunca es un error y difícilmente habrá mejor embate para ganar la independencia que una urna y una papeleta. No, no fue un error y menos aún un acto ilegítimo. El otoño del 2017 sabíamos, como lo sabemos ahora, que hay una parte de la ciudadanía catalana que no sólo no es independentista sino que no acepta de ninguna forma que la opción de la independencia se pueda plantear para ser resuelta democráticamente. Ciertamente, tenemos que trabajar para incorporar ese sector de la ciudadanía a una solución democrática, pero no podemos quedar atrapados en el imaginario de que sólo cuando el 100% de la población encuentre legítimo el ejercicio de autodeterminación este se podrá llevar a cabo. Sabemos que eso no pasará nunca».