Dos «escollos» retrasan en el Supremo la revisión de los recursos contra los indultos del 'procés'

Una recusación y un recurso de reposición, pendientes de resolver, son los causantes de que el Supremo no haya fijado, por el momento, fecha para revisar, esta vez sí, la legalidad los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del procés. Las acciones judiciales instadas por quienes se oponen a la medida de gracia no han hecho más que multiplicarse en el Alto Tribunal desde que, el pasado 20 de enero, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo evitase entrar en el fondo del asunto, como ya había sucedido en el caso del nombramiento de la fiscal general Dolores Delgado, por la falta de legitimación de los recurrentes para instar la nulidad de las actuaciones del Ejecutivo. Se admitió, entonces, la posición de la Abogacía del Estado que alegó la falta de legitimación de los recurrentes en el asunto del 'perdón' a los políticos catalanes, condenados por sedición.

Los magistrados, con el juez Segundo Menéndez en cabeza, disponían de dos fórmulas diferentes para dar respuesta a las pretensiones de los recurrentes: admitir o rechazar los argumentos de la Abogacía del Estado, antes de entrar en el fondo del asunto, y, con ello, zanjar el debate sobre la cuestión, tal y como ha sucedió; o bien, reservar el pronunciamiento sobre la legitimidad que los letrados públicos niegan a partidos políticos y asociaciones civiles al momento de dictar sentencia.

Así las cosas, y tras la primera negativa, todas las entidades, asociaciones y partidos políticos que plantearon recurso contra la decisión ministerial de indultar tanto a Oriol Junqueras, como al resto de cabecillas del referéndum inconstitucional del 1-O, han vuelto a presentar nuevos recursos -de reposición- para que la Sala reconsidere su postura. Y, el Supremo parece haber abierto la puerta a la revisión, esta vez sí, del fondo del asunto, al menos en el caso de los recursos planteados por Partido Popular, y especialmente por Vox que fue acusación popular en el proceso, contra los indultos del Gobierno socialista a los sediciosos.

No en vano, un cambio en la conformación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que ha hecho pivotar la mayoría del Pleno, de progresista a conservadora, sería el nuevo punto de partida para que los magistrados analicen las motivaciones del Ejecutivo en el decreto de puesta en libertad de los condenados por sedición, malversación y desobediencia en el Alto Tribunal.

La admisión de las citadas súplicas de populares y Vox será clave. Sin embargo, para esto, el Supremo tendrá que superar un par de «escollos» que, por el momento, retrasan la posibilidad de analizar, esta vez sí, la legalidad de la decisión de poner en libertad a los artífices del procés.

Recusación de la nueva magistrada

La recusación presentada por la Fundacio Catalana L'Esplai -a la que, como avanzó El Debate en primicia, se ha opuesto el abogado catalán que pidió los indultos del procés, Francesc Jufresa- contra una de las jueces que revisará la medida del Gobierno, la magistrada Inés Huerta, es el primero de los incidentes que han dilatado la resolución de los recursos planteados ante el Alto Tribunal por los partidos políticos que pleitean contra la medida de gracia del Gobierno.

No en vano, la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una reciente providencia para suspender el proceso de revisión en curso, hasta que se resuelva este incidente.

La entidad argumenta que la magistrada Huerta debe ser recusada porque ostentó el cargo de vicepresidenta de la Junta Electoral Central (JEC) entre los años 2019 y 2020, coincidiendo con la época en la que algunos de los encausados -como «Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros»- fueron excluidos de las listas electorales en las que constaban como candidatos a los generales del 10 de noviembre de 2019. Fuentes judiciales consultadas por El Debate apuntan al «escaso recorrido» de este movimiento.

Nuevo escrito de Pro Patrimonium

Además, a ello hay que sumar un nuevo escrito presentado por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, en el que, entre otras cuestiones, se plantea al Supremo la nulidad de la decisión adoptada en enero, en contra de analizar el fondo de los recursos, por «el hecho de que haya participado en la votación del primer auto» una magistrada «que no debiera formar parte de la Sala, lo que afecta de lleno al derecho al juez predeterminado por la ley o, mejor dicho, al tribunal imparcial e independiente fijado por la ley».

Se refiere la organización catalana, en estos términos, a «la Excma. Sra. Huet de Sande» quien fue trasladada con efectos del día 22 de enero de 2022 a la Sección Primera por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo de 31 de enero en curso. El día 26 de enero ya aparece la Sra. Huet Huet resolviendo en la sección y el 22 de febrero firma el auto" recurrido.

Si bien fuentes próximas a la causa apunta a El Debate que la Sección Quinta y la Sala Tercera han cumplido «escrupulosamente» con la legalidad vigente en esta y otras cuestiones de forma y fondo, también confirman que habrá de darse «respuesta motivada» a todas las cuestiones planteadas antes de «abordar» la batería de recursos presentados contra su decisión inicial de no entrar a analizar el fondo de los indultos.