El abogado que pidió los indultos del 'procés' se opone a recusar a la nueva magistrada del Supremo que se abre a revisarlos

En enero de 2020, el abogado Francesc de Jufresa presentó ante el Ministerio de Justicia la primera solicitud de indulto para los presos del procés. Ahora, dos años después, De Jufresa intenta frenar el último movimiento para evitar que el actual Supremo revise la medida de gracia concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos separatistas catalanes. El letrado ha presentado su oposición a la recusación de la magistrada Inés Huerta, planteada por la Fundacio Catalana L'Esplai, en cinco de los sesenta y tres recursos de reposición que solicitan al Alto Tribunal que revoque su propia decisión de no entrar en el fondo del decreto ministerial que puso en libertad a los condenados, por «falta de legitimidad».

Para el abogado catalán es un completo «despropósito» que el incidente presentado por la entidad catalana prospere. Más allá de que éste pueda dilatar el curso del asunto principal, la contestación a todos los recursos de reposición que ya obran en la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, de Jufresa no comparte el argumento de que la nueva magistrada que compone la Sala, deba ser apartada porque ostentó el cargo de vicepresidenta de la Junta Electoral Central (JEC) entre los años 2019 y 2020, cuando algunos de los condenados -«Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros»- fueron excluidos de las listas de sus respectivos partidos en las generales del 10 de noviembre de 2019.

La razón extraoficial es que, como El Debate avanzó hace unas semanas, la llegada de Huerta a la Sección Quinta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo –que rechazó, por un ajustado resultado, de tres votos a dos, todos los recursos contra los indultos– ha cambiado la sensibilidad del tribunal de una mayoría progresista a otra conservadora y, al tratarse de una decisión revisable, el baile de un solo voto puede ser trascendental para el futuro de los separatistas.

No en vano, las normas de reparto que en el caso del Tribunal de Cuentas han favorecido a los intereses independentistas, no parecen haber gustado a quienes pleitearon porque sus líderes, en la sombra, saliesen en libertad.

El Supremo tendrá que resolver este incidente antes de decidir si, finalmente, revisa al Gobierno en su decisión de indultar a los líderes del 'procés'

Mientras la composición de la renovada Sala de Enjuiciamiento del TC decidía aceptar los recursos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros, y aceptar que la Generalitat de Cataluña los avale para evitar embargos sobre sus bienes –en contra de la postura de la instructora anterior, Esperanza García– la nueva Sección Quinta de la Sala Tercera constituida tras la salida, como cada seis meses, de uno de sus cinco miembros, podría abrirse a revisar la legalidad de los indultos concedidos, rectificando la decisión negativa del pleno anterior.

En juego, la futura y eventual modificación de la restrictiva doctrina del Supremo sobre la legitimación de partidos políticos para recurrir y cómo esto afectaría a la propia imagen del tribunal, en el caso de adoptar posiciones contradictorias sobre una misma cuestión.

Segunda oportunidad

Así las cosas, esta será la segunda oportunidad del órgano judicial para pronunciarse sobre la legalidad de los indultos a los políticos catalanes. En una primera ocasión, los cinco miembros que conformaron el tribunal rechaban la mera opción de emitir un veredicto sobre el beneficio extendido por el Consejo de Ministros a favor de los sediciosos.

El presidente de la Sección Quinta, Segundo Menéndez Pérez, desempataba con su voto el marcador de una discusión jurídica que, finalmente, se inclinó a favor de la tesis de la Abogacía del Estado. Mientras los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román entendían que, al menos, dos de los nueve recurrentes sí estaban en disposición de dirigirse al Supremo para que valorase la idoneidad de los indultos –como mínimo, Vox, que ejerció la acusación popular en el propio juicio a los catalanes–, los magistrados Octavio Herrero y Ángeles Huet se instalaron en la posición contraria que fue, finalmente, la mayoritaria.