Malestar en el Tribunal de Cuentas con la decisión que permite a la Generalitat avalar a los cabecillas del 'procés'

El último 'gesto' de Pedro Sánchez con el separatismo catalán llegaba, este lunes, de la mano de un renovado Tribunal de Cuentas, ahora de mayoría progresista, que daba luz verde a los avales de la Generalitat para los cabecillas del procés, condenados por malversación. Los mismos que había rechazado, en el mes de octubre, con mayoría conservadora, por la delegada instructora Esperanza García. La aceptación de una fórmula inédita por parte de la Sala de Enjuiciamiento ha levantado ampollas en el órgano fiscalizador. Fuentes próximas al mismo avanzan a El Debate la intención de algunos de sus miembros de presentar protestas formales, en el próximo Pleno.

No en vano, la decisión no lo ha sido del Tribunal como tal, sino de una sección del mismo que no está sometida al control de la totalidad de sus integrantes. Muchos de los cuales se niegan a «ser partícipes de la tropelía» orquestada al alimón por dos recién llegados –a propuesta del PSOE– los exmagistrados Rosario García y Diego Íñiguez.

El malestar es palpable en el seno de la institución y el debate jurídico está servido. ¿Es posible que un ente público respalde con sus fondos la responsabilidad civil de quienes han sido condenados por un delito? La respuesta de los expertos es que se trata de un terreno inexplorado: «Es muy, muy novedoso. No existen precedentes». Pero, ¿es legal que ese ente público cubra las fianzas civiles de los condenados por malversarlo?. «Es un disparate infame», responden. Y, sin embargo, la mayoría de los ellos coinciden en la dificultad de que llegase a prosperar cualquier acción en los tribunales orientada a poner remedio al escándalo.

La resolución ya adoptada, que será redactada por la Consejera Primera de la Sala Rosario García -una vez que la presidenta de la misma, Rebeca Laliga, defendió una posición contraria- no admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, de hacerlo, «en todo caso la iniciativa corresponde a la Abogacía del Estado» que, por el momento, no se plantea mover ficha. Tampoco cabe el amparo ante el Constitucional, porque para ello tendrían que dirigirse al órgano los propios investigados por el Tribunal de Cuentas que son, precisamente, quienes se han visto beneficiados con el giro de guión.

Veintiocho beneficiados

El escándalo nace del nuevo escenerio abierto con la admisión de los recursos presentados por Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y varios ex altos cargos públicos independentistas para que se admitiesen los avales del ente autonómico catalán ante su posible responsabilidad por pagar, con fondos públicos de dicha Administración, gastos del procés, destinados a la promoción exterior, a través del Diplocat. Una malversación que se ha cifrado, provisionalmente, en 5,42 millones de euros.

Ante la situación límite de la Generalitat -a la que tanto entidades bancarias como cajas de ahorros denegaron la posibilidad de anticipar el dinero impuesto a los sediciosos por el órgano fiscalizador- se diseñó una 'hoja de ruta' para los avales, a través del Instituto Catalán de Finanzas. Como era necesario darle consistencia jurídica, el Govern aprobó, en junio de 2021, un decreto para la creación de Fondo Complementario de Riesgos.

Una norma 'ad hoc' para justificar el uso de fondos públicos destinados a cubrir las fianzas de los acusados en el proceso administrativo que sigue el Tribunal de Cuentas, contra ellos, por su posible responsabilidad contable por alcance. Esto es, la desviación de ciertas cantidades de dinero hurtadas al presupuesto de la Generalitat por parte de un grupo de cargos públicos, que en el ejercicio de sus funciones, decidieron gastos no autorizados que perjudicaron, directamente, al patrimonio de la Administración pública. El dinero, en definitiva, de todos los españoles.

La creativa e inédita fórmula de la Generalitat llegaba después de que ningún banco, ni Caja de Ahorros, aceptase anticipar las fianzas ni siquiera como aval

Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los 34 procesados no tendrían, así, que hacer frente con sus bienes y propiedades a la caución impuesta por el órgano fiscalizador y sortearían cualquier futuro y eventual embargo de su patrimonio, por parte del Estado. Pero es que, además, ahora, podrán recuperar los 9,5 millones de euros consignados, hasta la fecha, de forma anticipada.