Crónica de un archivo: las claves de Anticorrupción para desistir contra Don Juan Carlos

«No existe indicio alguno» –escribió textualmente el fiscal jefe Alejandro Luzón en uno de los dos decretos que han puesto punto y final a las pesquisas de Anticorrupción sobre el padre del Rey Felipe VI– «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón». Por este motivo, añadió, «procede acordar el archivo de las diligencias de investigación» relativas a la fortuna Don Juan Carlos. En la mochila de la Fiscalía varios años de pesquisas, innumerables comisiones rogatorias a Suiza y un par de regularizaciones fiscales voluntarias del que fuera Jefe del Estado español hasta el año 2014, fecha de su abdicación.

Sobre la mesa, tres argumentos clave para soportar el carpetazo del Departamento que cuelga de la cartera de Dolores Delgado, a las tres líneas de investigación abiertas: la inviolabilidad del que fuera monarca español, durante el tiempo en el que ostentó esa condición; la prescripción de varios de los presuntos delitos que habría cometido, una vez fuera del paraguas del privilegio real; y, por último, el pago voluntario de dos cantidades regularizadas con el fisco español, por el patrimonio de Don Juan Carlos en el exterior, antes de que la propia Agencia Tributaria se dirigiese oficialmente a él para reclamarlas disipando, así, las dudas sobre un presunto delito fiscal.

La Fiscalía del Supremo notificó al padre del Rey Felipe VI que estaba siendo investigado por sus fondos, buena parte de ellos ocultos en el extranjero. Y fue el propio teniente fiscal del Alto Tribunal, el ya fallecido Juan Ignacio Campos –el responsable directo de las pesquisas en cooperación con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón– quien comunicó oficialmente a Juan Carlos I la apertura de las tres causas contra él, en junio, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente.

El fracaso, a efectos judiciales prácticos, de la instrucción que el Ministerio Público ha seguido contra Juan Carlos I, centrada en tres líneas perfectamente diferenciadas –un trust en el paraíso fiscal de Jersey del que no ha podido acreditarse que se hubiese beneficiado; el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas, de manos de la monarquía saudí; y, el presunto uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a las cuentas bancarias de terceros– no por conocido, era menos esperado.

Las Fiscalías del Supremo y Anticorrupción, ambas dependientes de la fiscal general Dolores Delgado, llevaban meses trabajando en el archivo de todos los frentes de la investigación. La redacción de los decretos llamados a clausurar sus actuaciones, sin que se formalizase ningún tipo de reproche judicial contra él, tras «dar por buenas las regularizaciones tributarias efectuadas» era delicada pero inevitable.

Cierto es que la decisión adoptada en el seno de la Fiscalía no es equiparable a un sobreseimiento judicial, ni provisional ni definitivo, pero permitirá al padre del Rey Felipe VI despojarse de todas las sospechas que, hasta la fecha, pesaban sobre él en contra de su regreso a España.