La Fiscalía Anticorrupción cierra definitivamente las investigaciones sobre Don Juan Carlos

Archivo definitivo. La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado, en firme, todas y cada una de las investigaciones que se habían iniciado en relación a la fortuna de Don Juan Carlos, al no encontrar indicios de delito en ninguna de las tres líneas de las pesquisas. El Departamento del Ministerio Público que dirige Dolores Delgado ha confirmado -en sendos decretos firmados por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón- que Juan Carlos I, quien desde agosto de 2020 fijó su residencia en Abu Dabi, no incurrió en irregularidades patrimoniales.

Pese a que en el marco de las actuaciones desarrolladas por los fiscales al frente del caso, el propio Luzón y el fallecido Juan Ignacio Campos, se ha constatado que el padre del Rey Felipe VI recibió, durante su etapa como Jefe del Estado, ingresos ajenos a la asignación oficial, dicha conducta no fue constitutiva de ningún tipo penal por lo que no procede plantear ninguna querella contra Don Juan Carlos.

La Fiscalía no ha encontrado indicios suficientes para presentar una querella contra el Rey emérito ante el Supremo

Ni los 65 millones de euros que recibió, en 2008, en forma de donación de la monarquía de Arabia Saudí y que ingresó en Suiza al amparo de la Fundación Lucum, hasta que puso al frente de la cuantía a su entonces amiga, la princesa alemana Corinna Larsen; ni los fondos encontrados en dos trust fiscales domicializados en la isla de Jersey -bajo los nombres de Tartessos y Hereu- de origen no conocido y que de diseñaron, en parte, para sufragar la educación de Don Juan Carlos en su época como príncipe; ni las aportaciones de 800.000 euros recibidas, entre los años 2017 y 2019, del magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, posteriores a su abdicación, y sometidos a sendas regularizaciones fiscales, voluntarias, a favor de la Agencia Tributaria, han sido suficientes para encontrar ninguna tacha en el monarca.

Luz verde de Dolores Delgado

Aunque hace varios meses que Anticorrupción anunció su intención de cerrar las pesquisas, los fiscales se vieron obligados a solicitar una nueva prórroga de seis meses sobre las mismas, que les habilitaba a continuar trabajando hasta el próximo mes de junio, en espera de varios documentos bancarios procedentes de comisiones rogatorias libradas a Suiza que se han ido notificando de manera escalonada en las últimas semanas.

Sin embargo, tras el sobreseimiento de la causa contra Corinna Larsen en el país helvético y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular la norma española que obligaba a declarar todos los bienes en el extranjero, los trámites para dar carpetazo a los asuntos judiciales del monarca –que nunca han llegado a formalizarse en acusaciones concretas– se han ido acelerando en el seno del Ministerio Público a la espera de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, diese luz verde al carpetazo.

Primera línea: las donaciones saudíes

La primera línea de investigación –la relativa al AVE a La Meca– se inició, precisamente, en el seno de la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección del propio Luzón. En sospecha las presuntas comisiones que habría recibido Don Juan Carlos por la intermediación internacional realizada a favor del régimen saudí para la construcción del trazado de la línea de ferrocarril de alta velocidad. En el punto de mira de los investigadores: hasta tres movimientos, a favor de otras familias reales, de 100 millones de dólares, 120 millones de euros y 98 millones de euros, de los cuales el rey emérito habría recibido una parte.

Segunda parte: regularizaciones fiscales

El segundo capítulo de las investigaciones de los fiscales Paloma Iglesias y Juan Carlos López Coig, del equipo de Alejandro Luzón fueron las denominadas tarjetas black, emitidas por la Fundación Zagatka, de las que el padre del Rey Felipe VI, presuntamente, se habría beneficiado, a partir de 2014 cuando ya no era titular de la Corona ni estaba protegido por la inmunidad de la misma. Sin embargo, la prescripción de los delitos y la falta de indicios para atribuir algún mal comportamiento al monarca –según la información de Suiza, recibida a finales del año pasado– fueron suficientes para que Anticorrupción se pusiese manos a la obra hacia el cierre definitivo de la misma.

La mayoría de las sospechas se centraban en supuestos delitos ya prescritos, algunas conductas protegidas por su inviolabilidad o regularizaciones fiscales voluntarias

Las dos regularizaciones realizadas voluntariamente por Don Juan Carlos, en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 -por importe de 678.393 euros y 4,4 millones de euros, respectivamente- coincidieron con los supuestos pagos en especie que dicha fundación realizó en forma de vuelos al emérito. Los funcionarios de la Agencia Tributaria comprobaron los números para entregar a la Fiscalía el visto bueno sobre el archivo de esta derivada de las investigaciones, al «dar por buenas las regularizaciones tributarias efectuadas».

Fue la Fiscalía del Supremo la encargada de notifiar a Don Juan Carlos que estaba siendo investigado por su fortuna, buena parte de ella oculta en el extranjero. Fue el propio teniente fiscal del Alto Tribunal, el ya fallecido Juan Ignacio Campos –responsable directo de las pesquisas en cooperación con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón– quien comunicó formalmente a Juan Carlos I la apertura de las tres causas contra él, en junio, noviembre y diciembre de 2020. Lo que provocó que el monarca se dirigiese voluntariamente a la Agencia Tributaria para consignar sendas regularizaciones y disipar, así, las dudas sobre un presunto delito fiscal, que fue el primero en quedar disipado.

Tercera pata: los trust en paraísos

Bajo la lupa una supuesta cuenta bancaria con fondos de más de 10 millones de euros a nombre de Don Juan Carlos, localizados en el paraíso fiscal que, tal y como adelantaba hace unas semanas el periodista Carlos Herrera en su programa radiofónico de la cadena COPE, ha quedado limpia de sospechas, tras las pesquisas practicadas por el Ministerio Público.

«Desde 2014 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», recogía el documento de resolución del expediente sobre el rey emérito, en sus conclusiones.