La Fiscalía da luz verde al Supremo para enjuiciar al número 3 de Egea y Casado por prevaricación

Luz verde de la Fiscalía al Supremo para dirigirse contra el diputado del Partido Popular Alberto Casero, el que fuera número 3 de la formación durante la época de Pablo Casado y Teodoro García-Egea, por las irregularidades presuntamente cometidas por éste en su etapa al frente del Ayuntamiento cacereño de Trujillo. Así lo ha estimado el Ministerio Público en un informe solicitado por el Alto Tribunal, tal y como avanzó El Debate hace una semana, después de que la juez de primera instancia de la localidad elevara una exposición razonada a la Sala Segunda en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Extremadura del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero, por sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.

Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según un pronunciamiento al que tuvo acceso íntegro El Debate.

La titular del Juzgado número 2 de la misma localidad, la juez Patricia Gutiérrez, encargada de revisar la actuación de Casero en su etapa como alcalde, centró sus pesquisas preliminares en los acuerdos y convenios suscritos por el ahora diputado, en los años 2017 y 2018 cuando se encontraba al frente de la entidad municipal.

Una conducta que llamó la atención de la propia Fiscalía que, de oficio, arrancaba con la instrucción de una causa contra él, por un monto total que habría ascendido a 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, al procedimiento administrativo previsto para ello.

Un psicólogo que no prestó servicios

Bajo la lupa, en primer término, la contratación de un psicólogo -Pablo Bonilla- para asistir, en el municipio, a mujeres víctimas de violencia de género, que se articuló entorno a un convenio de colaboración de carácter anual dotado con 18.000 euros de los que Casero no informó al Ayuntamiento. La adjudicación no siguió ningún trámite legal registrado y pese a que el psicólogo seleccionado cobró, no ha podido acreditarse hasta la fecha que prestase ningún trabajo real.

La gala de los premios 'Pop Eye'

Por una cifra similar, 18.000 euros, Casero comprometió el patrocinio de la gala de los premios Pop Eye que se celebraba anualmente en la localidad, de la mano de la Asociación Cultural Bon Vivant. Tampoco en este caso existió tramitación oficial del importe ni comunicación a los funcionarios responsables del Ayuntamiento, ni de otro por casi 10.000 euros más que se adjudicaron posteriormente con la misma razón.

Cámara de Comercio de Perú

La maniobra se repite en la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, dotada con 25.000 euros del erario de Trujillo que Casero «olvidó» comunicar a los servicios económicos del Ayuntamiento. En ningún momento se aportó copia del mismo a la Intervención del consistorio. Éste fue, precisamente el detonante para que el interventor rechazase efctuar un pago del que no conocía nada. Actualmente la Cámara de Comercio reclama judicialmente los fondos asignados.

Feria del Queso de Trujillo

Precisamente fue un tribunal el que obligó al diputado popular a pagar 18.119 euros a la Feria del Queso de Trujillo por un contrato de servicios de comunicación y promoción del evento, cuyo contrato, también realizado sin tramitación alguna, no se quiso abonar en un primer momento y de forma voluntaria por el regidor del Ayuntamiento.

Y, por último, el mismo modus operandi se siguió en el quinto convenio -resuelto en sede judicial- entablado con Icaro Consultores en Comunicación para la organización del mismo evento de la polémica, la Feria Internacional del Queso, que debieron recibir en concepto de honorarios la cantidad de 14.303 euros más IVA. De nuevo, el interventor municipal bloqueó el pago.