La Justicia archiva el 'caso Stampa' pero condena en costas a la Fiscalía de Dolores Delgado

«Declarar terminado el presente procedimiento por satisfacción extraprocesal, con archivo del mismo y devolución a la Administración del expediente administrativo; con expresa condena en costas del presente incidente a la Administración demandada, hasta un máximo de 1.000 euros, más IVA». Así se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la demanda interpuesta por el fiscal Ignacio Stampa contra la Fiscalía General del Estado a la que reclamaba la entrega de todos los documentos internos que afectaron a la investigación que se abrió contra él -por un presunto delito de revelación de secretos- cuando estaba al frente del «caso Villarejo».

En un auto de siete páginas dictado el pasado 7 de marzo, al que ha tenido acceso El Debate en primicia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por la magistrada María Jesús Muriel Alonso, ha dado por finalizada la causa al asumir el argumento de la Abogacía del Estado y dar por buena la entrega de los documentos que, tras el inicio del pleito judicial, el Ministerio Público ha proporcionado al fiscal perjudicado.

El objeto de la demanda era que el fiscal Stampa obtuviese copia de todas las «órdenes, instrucciones o indicaciones de la Fiscal General del Estado en relación con la tramitación por la Fiscalía Superior de Madrid de las diligencias de investigación 32/2020» seguidas contra él por un supuesto delito que nunca se produjo. Ignacio Stampa insistía en que toda la información se encontraba contenida «en el expediente gubernativo 298/2020, así como en el expediente ST 697/20 donde se configura el decreto de prórroga» de su causa a nivel interno.

«En consecuencia, examinado el Decreto del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica» ,y mano derecha de Dolores Delgado, «de 9 de diciembre de 2021, se constata que concurre la identidad antes señalada entre las pretensiones articuladas por el recurrente y lo otorgado en vía administrativa, lo cual es determinante de la satisfacción extraprocesal y el archivo del presente procedimiento, pues no otro contenido que la parte dispositiva del Decreto mencionado tendría una eventual sentencia estimatoria a dictar por esta Sala, sin que se aprecie infracción del ordenamiento jurídico en tal reconocimiento extraprocesal», han concluido los magistrados María Jesús Muriel (presidenta), Ignacio del Riego, Santiago de Andrés y Manuel Ponte (ponente) y Antonio Gutiérrez López.

Contra la decisión del TSJM cabe presentar recurso de reposición si, como ha sostenido el fiscal Stampa hasta la fecha, ni con la entrega de los documentos aportados por la Fiscalía, una vez arrancado el pleito -y de los cuales han trascendido varios que vinculan a la propia Delgado con las maniobras diseñadas para alargar artificialmente la causa interna contra él- se ha completado el total del expediente administrativo.

Condena de 1.000 euros a la Fiscalía

Sin embargo, los mismos magistrados han tenido en cuenta que, en un principio, la Fiscalía contestó de forma «denegatoria» a Stampa cuando solicitó a la Administración copia íntegra de su expediente. Una postura que obligó «al recurrente a acudir a la vía judicial para satisfacer sus pretensiones, con posterior reconocimiento de las mismas, ya avanzado el procedimiento, mediante un acto en sentido contrario».

Por este motivo, la Sala ha entendido que «procede la condena de la Administración al pago de las costas procesales, si bien esta imposición de costas se efectúa hasta un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos comprendidos en ellas, más IVA si procediere, atendiendo a tal efecto a las circunstancias y complejidad del asunto, a la actividad procesal desplegada, y a la dedicación requerida para su desempeño» por los abogados del fiscal Stampa.

«Satisfacción extraprocesal»

Tal y como avanzó El Debate en exclusiva, en un escrito registrado el 27 de noviembre de 2021, los letrados públicos se opusieron a las peticiones de Stampa y plantearon al tribunal una «satisfacción extraprocesal», como argumento estrella, para obtener una sentencia favorable a la Fiscalía.

En el propio auto, que ha sido notificado este mismo miércoles, los miembros del tribunal han apuntado cómo «la satisfacción extraprocesal, como medio de terminación del procedimiento, supone un acto de la Administración demandada, unilateral y externo al proceso, por medio del cual el demandante obtiene lo que pretendía en la vía procesal, ya sea la anulación de un acto administrativo anterior, cuando la pretensión es de mera anulación, ya sea el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, cuando se trata de una pretensión de plena jurisdicción». Es decir, entregados los documentos, se ha producido «una pérdida de objeto del proceso».

La Abogacía sostenía que el Departamento que lidera Delgado ya había entregó al fiscal todos los documentos vinculados a su expediente y, por lo tanto, no cabía continuar con reclamación alguna. Una tesis que, sin embargo, chocaba con la versión mantenida hasta entonces por el propio Ministerio Público que apelaba a la «confidencialidad» de sus comunicaciones internas para justificar la negativa inicial.

Mientras, el exfiscal Anticorrupción sostenía que la maniobra se debió, únicamente, a «intereses personales» de Delgado para relevarle del cargo que ocupaba en Anticorrupción, en el momento en el que arrancó la investigación interna contra él, por un presunto delito de revelación de secretos a favor de Podemos en la macrocausa Tándem que seguía con su compañero, el también fiscal Miguel Serrano. Las pesquisas frustraron sus posibilidades de confirmar la plaza que ocupaba a las órdenes del fiscal Alejandro Luzón.

No en vano, en el escrito de contestación a la demanda, que El Debate publicó en exclusiva, los letrados en defensa de la Fiscalía no impugnaron los correos presentados por el propio Stampa en sede judicial, donde se desvelaban las supuestas indicaciones remitidas al instructor del caso Carlos Ruiz Alegría, vía mail, por alguno de sus superiores próximos a Delgado. Por ejemplo, el fiscal Álvaro García Ortiz quien sugirió, hasta en cuatro ocasiones, que no se cerrasen las investigaciones en curso.