La Fiscalía de Delgado retocó un informe para dar una imagen desfavorable del fiscal Stampa

«Buenas tardes Álvaro. Te envío el decreto que he elaborado. Creo que es más concreto y preciso». El jueves 4 de febrero de 2021, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió al fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público –y mano derecha de la fiscal general Dolores Delgado–, Álvaro García Ortiz, el texto definitivo del decreto que puso fin a la investigación interna contra uno de los dos fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa. El documento, de poco más de diez páginas, al que ha tenido acceso El Debate en exclusiva, era la versión simplificada de un informe anterior, fechado tres días antes. La Fiscalía de Delgado archivaba, así, casi de manera definitiva –todavía habría una tercera y última variante, el 16 de febrero, notificada a la Inspección– el conocido como 'caso Stampa'.

La causa seguida contra el fiscal Anticorrupción por una presunta revelación de secretos a la abogada de Podemos Marta Flor, en el marco de la macrocausa 'Tándem', terminaba –prolongada de manera artificial, hasta en cuatro ocasiones, por las sucesivas «sugerencias» de la cúpula de la Fiscalía al instructor del caso– con unas conclusiones que resultaron más desfavorables a los intereses de Stampa que las contempladas en la propuesta inicial sin adulterar.

Es decir, los documentos a los que ha tenido acceso El Debate –y que también obran en poder del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el fiscal apartado de sus funciones pleitea contra el Departamento que dirige Delgado– fueron retocados para concluir las pesquisas omitiendo elementos que, en un primer momento, exoneraban a Stampa con mayor contundencia de lo que lo hicieron al final.

Así, mientras en el primer decreto –«Febrero 2021»– se hacía constar con todo detalle el análisis de las pruebas practicadas durante el tiempo durante el que se extendió la investigación sobre las actuaciones de Ignacio Stampa; en el segundo texto –«Final»– se suprimieron, entre otros, los testimonios que favorecían la inocencia del fiscal Anticorrupción, como las declaraciones de su compañero en el 'caso Villarejo', el también fiscal Miguel Serrano.

La Fiscalía diseñó, frente al archivo contundente e irrefutable, un cierre que dejaba entrever ciertas dudas, como si los hechos denunciados no hubiesen podido acreditarse

No en vano, el último párrafo de ambos documentos difiere en un matiz clave para los intereses de Stampa quien, al hilo de las sospechas planteadas sobre su profesionalidad, quedó apartado de la plaza fija a la que optaba, antes de formalizarse las mismas, en el seno de la Fiscalía Anticorrupción. Del «no cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran [...] la existencia de un delito de revelación de secretos [...] cometido por el fiscal D. Ignacio Stampa» al «no cabe apreciar indicios que avalen [...] la existencia» de dicho comportamiento irregular.

Delgado intervino personalmente

La información que trascendía este mismo martes sobre las dos comunicaciones internas de fiscal superior a fiscal jefe, en la que un informe adjunto a una de ellas revelaba la participación de la propia Dolores Delgado en las labores de investigación –en contra de la versión que ella misma dio al Pleno del Consejo Fiscal– se completa con el contenido íntegro de los mails intercambiados por Caballero Klink y García Ortiz, a los que ha tenido acceso El Debate. En sendos correos se ajusta el enfoque del decreto de archivo de las pesquisas sobre Stampa para justificar no sólo el arranque oficial de la investigación, sino la prórroga artificial de la misma.

Tal es así que, entre el mes de octubre –cuando el instructor de la causa contra Stampa propuso hasta en dos ocasiones, el 5 y el 23 de octubre, el archivo de las averiguaciones que le fueron encargadas– y el 2 de febrero, fecha en la que Caballero Klink, fiscal jefe de Madrid, informa a la mano derecha de Delgado, y cargo de confianza de la fiscal general, Álvaro García, del cierre inminente de las actuaciones, «no se practicó ni una sola nueva diligencia».

Dimisión «inmediata» de Delgado

Con las primeras evidencias de la dudosa actuación de Dolores Delgado en el 'caso Stampa' la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) exigía, de nuevo, su «inmediata dimisión» en el cargo.

«Sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales, sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira y reproche público permanentes con grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los demás principios constitucionales que rigen el Ministerio Público», apuntaban en el texto difundido por la Comisión Ejecutiva de la AF.

«Tenemos que recordar que los Vocales electos por la lista de la AF recurrieron en vía contencioso-administrativa la decisión de la FGE de no facilitarles el expediente disciplinario abierto al compañero, por entender que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas», subrayaban desde la entidad presidida por Cristina Dexeus.

La Fiscalía General «no está dirigida por la persona idónea», su Secretario Técnico «no debería permanecer ni un día más en el puesto» y es imprescindible «instaurar un sistema de contrapesos al absoluto control de la institución que ejerce el Fiscal General» del Estado, actualmente en manos de Dolores Delgado, a quien sus compañeros de Carrera, en este caso, desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) exigían, también, que dimita.

La Fiscalía «en las condiciones actuales y salvo reformas estructurales muy importantes, no está en condiciones de asumir hoy día las investigaciones de los delitos, por el riesgo de que los derechos de los investigados se vean conculcados de la misma forma que lo han sido los del Sr. Stampa», denunciaba APIF, en un durísimo comunicado.