Sánchez se niega a acelerar sus medidas mientras Italia, Portugal y Grecia se le adelantan

«Necesitamos una respuesta europea (a la crisis energética) y no 27», ha señalado este viernes Pedro Sánchez desde Roma. Hasta allí se ha desplazado el presidente del Gobierno para escenificar un frente común formado por España, Italia, Portugal y Grecia ante el Consejo Europeo de la próxima semana, que se antoja clave. «No podemos esperar más allá del 25 de marzo. Vamos tarde, debíamos haberlo hecho antes», ha insistido.

Sánchez, Mario Draghi, Antonio Costa y Kyriakos Mitsotakis (este último por videoconferencia desde Atenas, al encontrarse confinado) han comparecido para mostrar su «convergencia total», en palabras del primer ministro italiano y defender, sobre todo, la «importancia» de desligar el gas del precio de la electricidad. Una medida que choca frontalmente con la postura de Alemania, siguiente parada de la gira europea de Sánchez (este mismo viernes por la tarde).

Los cuatro han urgido a los Veintisiete a que de la cumbre de la próxima semana salgan medidas «concretas y firmes», puesto que todos ellos temen que el Consejo Europeo que arranca el jueves 24 no baje de los grandes titulares a la letra pequeña.

Lo que ocurre es que, mientras en España el Gobierno sigue empeñado en posponer cualquier decisión doméstica a después de ese Consejo, Grecia, Italia y Portugal sí las están tomando.

Durante la comparecencia, Mitsotakis ha dejado en evidencia a Sánchez -aun sin pretenderlo- al recordar que este mismo jueves su Gobierno movilizó 1.900 millones de euros para paliar las consecuencias de la crisis energética en Grecia. Aunque a renglón seguido haya insistido en el mensaje común: «Los recursos nacionales no suficientes. Necesitamos políticas europeas armonizadas».

También el Ejecutivo italiano aprobó el pasado 18 de febrero un paquete de medidas por valor de 6.000 millones de euros, que se sumaban a otros 10.000 millones desplegados desde el pasado verano.

En Portugal, por su parte, el Gobierno de Costa ha optado por rebajar sustancialmente el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos.

Sin embargo, Sánchez sigue decidido a aguantar sin mover ficha hasta el 29 de marzo, cuando el Gobierno aprobará un plan de respuesta que, según ha dicho, espera que toda la oposición apoye luego en el Congreso para que sea «un acuerdo del conjunto del país». Que incluya, asimismo, a las comunidades autónomas y los agentes sociales.

Al ser preguntado por la posibilidad de que ya en el Consejo de Ministros del 22 de marzo se vayan tomando algunas medidas, en vista del creciente malestar social, el presidente ha reiterado su postura: «Lo haremos a partir del 29 de marzo».

En la comparecencia conjunta, Sánchez ha puesto sobre la mesa también la necesidad de que Europa corrija las «vulnerabilidades» de su mercado energético, y ello pasa según él por la «diversificación» de las fuentes.

En ese punto ha resaltado el papel que puede jugar la península Ibérica y las interconexiones. En un momento en que España apuesta por recuperar el proyecto del gasoducto Midcat, que hasta ahora se ha encontrado con las reticencias de Francia. Y sin la cooperación gala no hay posibilidad de que la infraestructura avance por su territorio.

«Solo con respuestas con europeas vamos a poder resolver este problema europeo», ha señalado el presidente español.

Como ha contado El Debate, el presidente pretende que sea la UE la que embride la escalada de precios de la energía para él no tener que bajar impuestos de forma drástica. Esto último afectaría a la recaudación y, por ende, comprometería el gasto público que tiene previsto el Gobierno para este año: 458.970 millones de euros.

El Ejecutivo, de hecho, lleva días insistiendo en el mensaje de que ya ha dejado de recaudar 12.000 millones de euros por las últimas rebajas a la fiscalidad de los carburantes, el gas y la electricidad. Y en que no servirá de nada seguirlo haciendo si la UE no hace su trabajo.

Este mismo viernes, el socialista viaja a Berlín para mantener una cena de trabajo con el canciller alemán Olaf Scholz, que se niega en redondo a la propuesta de desacoplar el gas al precio de la electricidad.