Anticorrupción apunta a cargos medios como primer paso en la investigación de los contratos denunciados por Ayuso

La Fiscalía avanza en la investigación de varios de los contratos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en conocimiento de Anticorrupción, sobre contratos presuntamente preñados de irregularidades que el Gobierno de España habría adjudicado durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Por el momento, el Ministerio Público apunta a los cargos intermedios –los que fueron los encargados de firmar las concesiones y aprobar los pagos de los diferentes Departamentos– como primer paso en sus averiguaciones y sólo en el caso de que sus futuras y eventuales declaraciones se desprenda «la más mínima implicación de cualquiera de los aforados» –esto es, ministros o presidente– los jueces ordinarios competentes deberían «elevar exposición razonada al Tribunal Supremo», han apuntado a El Debate fuentes próximas a la causa.

Para ello, la Fiscalía tendrá que abrir diligencias formales y ordenar la práctica de ciertas pruebas orientadas a determinar si en los contratos y en las ayudas concedidas a empresas vinculadas a familiares y amigos de varios de los miembros del Gobierno, entre ellos del propio Pedro Sánchez, tal y como denunció la presidenta madrileña, se cometieron irregularidades.

Al igual que sucede en el caso de los contratos del hermano mayor de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, en la investigación abierta por Anticorrupción, el pasado 22 de febrero, al hilo de un contrato «de urgencia» suscrito entre la Administración regional y la empresa Priviet Sportive SL de la que es proveedor Tomás, las pesquisas iniciales sobre las presuntas maniobras del Gobierno central, más allá del análisis de los documentos aportados, apuntan a varias testificales y a la declaración como investigado de alguno de los cargos técnicos de los Ministerios correspondientes.

No en vano, ya el Supremo, cuando resolvió sobre las posibles irregularidades denunciadas ante el Alto Tribunal –por diferentes entidades, organismos e incluso personas físicas– cometidas por el Gobierno durante los meses más crudos de la crisis sanitaria, dejó este aspecto resuelto en avance.

La respuesta de la Sala Segunda, en el caso de los aforados, delegar la instrucción inicial y preliminar de cada uno de los posibles ilícitos en manos de los tribunales ordinarios de Justicia. Y que si de las investigaciones, que ahora se están llevando a cabo, de detectase cualquier indicio sólido y viable, inmediatamente se desviaría a la jurisdicción del Alto Tribunal.

«La imputación de un posible delito de malversación, implícita, también, en otras querellas o denuncias que atribuyen al Gobierno adquisiciones de material «fallidas» o «fraudulentas», puede ser objeto de investigación ante los órganos de la jurisdicción penal. Podrá así esclarecerse si las adquisiciones impuestas por la pandemia –con el marco jurídico de excepcionalidad definido por su gravedad– se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa, excluyendo así cualquier sospecha de favorecimiento propio o de terceros», rezó el auto con el que el Supremo decidió, en bloque, sobre la avalancha de reclamaciones presentadas por este motivo.

En aquella ocasión, el Alto Tribunal inadmitió todas las querellas formuladas y decretó el archivo de las actuaciones por «no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con fuero procesal en esta Sala». Esto es, a los miembros del Ejecutivo.

«Se acuerda la deducción de testimonio de las denuncias y querellas entabladas con el fin de que sean remitidas al Juzgado Decano de los Juzgados de Madrid para que, conforme a lo que se acuerda y razona en la presente resolución, se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen aquellas a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación», resolvió el Supremo.