Anticorrupción registra la denuncia de Ayuso contra el Gobierno por contratos irregulares a 7 empresas

Págimas Amarillas Soluciones Digitales SA, Beedigital, 1 contrato; Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, 3 contratos; FCS Select Products SL, 4 contratos; Wehiai Textile Group, 1 contrato; Members of the Tribe SLU, 2 contratos; Hyperin Grupo Empresarial, 1 contrato. Éste es el listado de siete empresas -y doce contratos- a las que según la denuncia presentada este jueves por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia, por valor de 326 millones de euros, en plena pandemia. Todas ellas están vinculadas con el PSOE, , el entorno del propio Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa y la vicepresidenta Nadia Calviño.

El diputado Alfonso Serrano Sanchez-Capuchino, portavoz de los populares madrileños, ha sido el encargado de formalizar la denuncia «de conformidad con la obligación del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que 'Los que por razón de sus cargos [...] tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo al Ministerio Fiscal ...' y de las competencias establecidas en la Instrucción 4/2006, de 12 de julio de 2006, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuencia organizada».

El escrito, al que ha tenido acceso El Debate, se ha dirigido de forma amplia contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos a continuación, detallados y fundamentados, de los que hemos tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación, por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» y en relación con su participación en la adjudicación irregular de un total de, al menos, ocho contratos por parte del Ejecutivo socialista, como consecuencia de la legislación excepcional aprobada por la crisis sanitaria del COVID-19.

Los populares sostienen que todos los contratos de suministro reflejados en su denuncia fueron otorgados «mediante la tramitación de urgencia, sin justificación, y sin el cumplimento de ningún requisito de publicidad y pública concurrencia». Una situación de emergencia sanitaria que «no puede justificar toda restricción de la competencia, cualquier contrato y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo», reza el cuerpo del escrito en el que el PP madrileño pide a la Fiscalía que se investigue.

Al margen del Tribunal de Cuentas

Tanto el Tribunal de Cuentas, como del Consejo de Estado, han remarcado en numerosas ocasiones que «incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar», han apuntado desde las filas del Grupo parlamentario de Díaz Ayuso a la Fiscalía Especial.

Lo contratos denunciados se otorgaron, según la denuncia de los populares, «en ausencia de cualquier forma de control, para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo»

En este mismo sentido el Tribunal de Cuentas en su «Informe de Fiscalización de los Contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones, aprobado por el pleno del tribunal de cuentas en su sesión de 27 de enero de 2022», tras un análisis de legalidad, «establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, así como la adecuación de su objeto social», han añadido.

El propio ente fiscalizador ha reconocido que para «un número significativo de las entidades fiscalizadas» tras los contratos suscritos con el Gobierno socialista «no se han comprobado la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, sin que tampoco hayan exigido que aquellos poseyeran y acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les adjudicara el correspondiente contrato".

El Tribunal concluyó que «la aceptación por parte de la entidad correspondiente del riesgo de llegar a contratar a una persona sin capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un empresario que no acreditase en la forma legalmente exigible la solvencia necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato, debería haber sido soportada en cada caso mediante la justificación suficiente…».

Otras irregularidades

«Aunque el objeto de esta denuncia se centra principalmente en las irregularidades que afectan a la contratación de emergencia relacionada con la covid-19, por el indudable interés social que presenta la corrección de una contratación que debía proveer de obras, servicios y suministros en unos momentos de especial dificultad para la sociedad española, no por ello deben olvidarse otras irregularidades de las que se ha tenido noticia y que deben también ser investigadas por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus arts. 103 y 106», han instado desde el Partido Popular a la Fiscalía Anticorrupción.

No en vano, la legislación de contratos del sector público, más allá de la emergencia sanitaria, se mantenía vigente para el resto de adjudicaciones fuera del contexto de la urgencia y de la excepcionalidad, en las que es «deber de los órganos de contratación de tomar medidas para la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, como manda su artículo 64», han ampliado.

Familiares de Sánchez y Calviño

Desde el PP se subraya que ante la intención de la Fiscalía de «llamar a familiares de políticos», es «importante saber» qué pasa con el marido de Nadia Calviño, quien «recibió contratos de la Administración General del Estado» y, además, ha sido «designado mediador para que las empresas puedan acceder a fondos europeos».

También ha reprochado el caso de los padres de Pedro Sánchez por una empresa «que ha recibido financiación de los fondos ICO» o el caso del exministro José Luis Ábalos con una empresa de Zaragoza que ha pasado «de beneficios de cero euros a 53 de millones».

También ha señalado al exministro Salvador Illa que, desde Sanidad, pagó 3 millones de euros a una empresa de yeso por unos respiradores que «no han llegado y no se ha devuelto el dinero» y otra adjudicación por 263 millones de euros a una empresa de bebidas alcohólicas con una administradora «condenada por estafa».