Conflicto de Competencias
La Junta de Fiscales avala que Anticorrupción es la «competente» para investigar el contrato del hermano de Ayuso
La opinión unánime de los miembros del órgano consultivo al que se dirigió Dolores Delgado ha sido clara. Anticorrupción debe seguir al frente de las pesquisas solicitadas, el pasado viernes, por la Fiscalía Europea.
Dolores Delgado asumirá resignada el dictamen, preceptivo pero no vinculante, de la Junta de fiscales de Sala reunidos este lunes para deliberar sobre la competencia de la Fiscalía Europea en el marco de la instrucción abierta sobre un contrato de compraventa de mascarillas de la Comunidad de Madrid a una empresa cliente del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Según han avanzado fuentes internas a El Debate, el Pleno de los fiscales han considerado, por unanimidad, que la delegada europea del Ministerio Público, Concepción Sabadell, se «extralimitó» en sus funciones al querer abordar, en exclusiva, la totalidad de las pesquisas que, hasta el pasado viernes, lideraba Anticorrupción, el Departamento liderado por Alejandro Luzón.
La cúpula fiscal ha avalado, por lo tanto, la tesis de su compañero Luzón para oponerse a la entrega del expediente reclamado por Europa en relación a las diligencias abiertas sobre el hermano de Díaz Ayuso por un suministro de 250.000 mascarillas FPP2-3 por importe total de un millón y medio de euros abonados a la mercantil Priviet Sportive SL. La Fiscalía Europea sólo podrá pronunciarse, en todo caso, por los hechos vinculados al presunto delito de malversación de fondos europeos. Pero, en ningún caso, en el marco del resto de conductas bajo supervisión: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, ...
Al comienzo de una reunión que se ha prolongado durante más de dos horas, seis de los fiscales de Sala han recordado a la fiscal general su obligación de abstenerse en este tipo de procedimientos en los que, según lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los que se producen cruces de intereses políticos entre distintos partidos, especialmente en el caso de la propia Delgado que fue designada fiscal general sin solución de continuidad desde la cartera socialista de Justicia, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Junta de Fiscales de Sala
Seis fiscales piden a Delgado que se abstenga en el conflicto entre Anticorrupción y la Fiscalía Europea
«Es notorio que las diligencias de investigación 3/2022 de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron por denuncia de los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid» e «igualmente notorio que la Fiscal General del Estado, sin solución de continuidad ha sido ministra y seguidamente participó en las elecciones generales pasadas obteniendo acta de diputada, para seguidamente renunciar y ser nombrada Fiscal General del Estado», dejaban claro Javier Zaragoza, Pilar Fernández, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Huete y José Miguel de la Rosa.
Sin embargo, a juicio de Delgado en este caso concreto la abstención no era un escenario posible dado que ni los fiscales de Sala tienen competencia para instarla ni al encontrarse en la prestación de «servicios especiales» le afecta la normativa en vigor de aplicación para otros contextos. A cambio, fuentes próximas a la Junta reunida este lunes han apuntado cómo la titular del Ministerio Público aseguró que el conflicto era, en realidad, una «oportunidad» única e histórica para fijar los límites competenciales de ambas jurisdicciones: la Fiscalía Europea, creada en 2020 y cuya delegada en España, Concepción Sabadell, fue designada por ella; y la Fiscalía española en toda su extensión.
No ha habido lugar a plantear, ni siquiera, debate alguno sobre la sugerencia de la Fiscalía Europea a Delgado para que consultase, a modo de cuestión prejudicial, la extensión de sus competencias en el caso concreto de los contratos de Tomás Díaz Ayuso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por su parte, Alejandro Luzón, entorno al que todos sus compañeros han cerrado filas, ha insistido en señalar que él, como instructor de las diligencias preprocesales, no ha encontrado hasta la fecha ningún indicio sólido sobre la presunta malversación que refiere la Fiscalía Europea en su solicitud, como tampoco detectó prueba «verosímil» sobre la responsabilidad de Díaz Ayuso en las presuntas irregularidades cometidas en el contrato bajo sospecha, si es que existieron.