La Fiscalía Europea rectifica: pide a Delgado que consulte al TJUE quién debe investigar los contratos de Tomás Díaz Ayuso

Alargar una causa que no existe. Tan sólo 72 horas después de que la Fiscalía Europea reclamase a Anticorrupción el expediente completo de las investigaciones activas sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid -a una empresa con la que colaboró profesionalmente el hermano mayor de Isabel Díaz Ayuso- la institución ha emitido un comunicado, este mismo lunes, en el que señala queha pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a quién corresponde la competencia para asumir las instrucción. En el escrito que ha trascendido esta mañana, se recomienda a Delgado plantear una cuestión prejudicial ante el órgano comunitario antes de pronunciarse para dar solución al conflicto.

La petición ha llegado previamente a la convocatoria cursada por la propia Delgado a la Junta de los fiscales de Sala. Un Pleno en el que se encuentra el titular de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se opone a la transferencia de dichas diligencias de instrucción y que, según han apuntado fuentes próximas la Ministerio Público a El Debate, cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros de sus compañeros de Carrera profesional.

Pese a que la opinión de los miembros de la Junta no es vinculante, Delgado es consciente de que su decisión sobre la causa quedará condicionada si una amplia mayoría de la cúpula de los fiscales considera que la instrucción en curso debe permanecer, en su totalidad, en manos Anticorrupción. Caben otras dos opciones: que la presunta parte de la malversación de los fondos europeos vaya a la Fiscalía Europea, mientras el resto sigue igual, o que todo quede en manos de esta última, sin distinción.

En el comunicado de la oficina de la Fiscalía Europea -institución creada recientemente, en julio de 2020- se lamenta la «controversia» surgida en torno a la atribución de competencias sobre el caso concreto del contrato para la adquisicón de mascarillas en plena pandemia de coronavirus y que, presuntamente, fue abonado con fondos europeos, aunque las fechas entre la llegada del dinero comunitario y la de aprobación del presupuesto del material, muy anterior, no coinciden en el tiempo.

Además, desde la Delegación española de la Fiscalía Europea, que representa Concepción Sabadell, han tratado de dejar claro que su única motivación para interesarse por el caso es establecer los hechos a analizar y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha podido cometer un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Unas explicaciones que nacen de las dudas sobre la imparcialidad de Sabadell, fiscal nombrada por la propia Delgado para el puesto, cuya trayectoria está estrechamente vinculada a las actuaciones judiciales que acabaron con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general, por prevaricación.

Una situación «inédita» y «compleja»

En el texto que se ha conocido este lunes, desde la Fiscalía Europea han insistido en que para evitar duplicidades y en interés de los derechos de defensa, su Reglamento «establece una competencia preferente» para que «investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea».

Y, acto seguido, se hacen eco del «carácter inédito» y la «compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas» bajo las que operan este caso concreto. Además, han recordado que en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una sugerencia que han trasladado a la fiscal general Delgado. En caso de que atienda la recomendación, el asunto podría alargarse para Isabel Díaz Ayuso mucho más de lo inicialmente estimado en una causa que según su máximo responsable actual, no sólo no apunta a la malversación «sino más bien todo lo contrario».

Cuando el pasado mes de febrero Luzón decretó que abriría diligencias preprocesales para indagar sobre los hechos denunciados por la oposición madrileña ante la Fiscalía Anticorrupción, fuentes próximas a la entidad ya señalaron a El Debate que se barajaban declaraciones de miembros de la Administración pero no la de la propia Ayuso al no existir indicios «verosímiles» de delito por parte de la presidenta madrileña.