Seis fiscales piden a Delgado que se abstenga en el conflicto entre Anticorrupción y la Fiscalía Europea

La petición ha sido inequívoca. Seis de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, reunida este lunes en Pleno, han pedido por escrito a la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, que se abstenga de intervenir en la resolución del conflicto de competencias surgido entorno a la investigación abierta sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas para el pabellón 10 de IFEMA, durante la pandemia, suscrito entre la Comunidad de Madrid y una empresa con la que colaboró el hermano mayor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Tomás, para la importación del material sanitario de China. La titular del Ministerio Público ha negado que le sea de aplicación el deber de abstención en este caso, porque «está en servicios especiales» y, además, «no están legitimados» los fiscales de Sala para solicitarle que se aparte de la cuestión.

En un escrito al que ha tenido acceso El Debate, los miembros de la Junta de fiscales citados esta tarde por Delgado han recordado a la fiscal general que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) parece clara: «Evitar que quien ha tenido un cargo político intervenga en asuntos en los que estén implicados otros cargos políticos. En definitiva, evitar que en asuntos que afecten a partidos o a cargos políticos intervengan personas que por su pasada vinculación con la política generen como mínimo un efecto de pérdida de apariencia de imparcialidad».

En el único punto del orden del día de la reunión que se está abordando en estos momentos, se debate sobre un borrador de decreto en relación con unas diligencias de investigación abiertas por hechos que podrían afectar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Extremo éste en el que los fiscales han señalado que «es relevante destacar que lo que propiamente investiga la Fiscalía Especial atañe a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación en tales conductas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, persona aforada ante el Tribunal Supremo español».

Por lo demás, «es notorio que las diligencias de investigación 3/2022 de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron por denuncia de los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid» e «igualmente notorio que la Fiscal General del Estado, sin solución de continuidad ha sido ministra de Justicia y seguidamente participó en las elecciones generales pasadas obteniendo acta de diputada, para seguidamente renunciar y ser nombrada Fiscal General del Estado», han dejado claro Javier Zaragoza, Pilar Fernández, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Huete y José Miguel de la Rosa.

Una consulta preceptiva, no vinculante

Aunque la consulta era preceptiva pero no vinculante para Delgado quien, antes de tomar una decisión sobre el conflicto de competencias nacido la semana pasada en el seno del Ministerio Público, tras la solicitud cursada por la Fiscalía Europea para hacerse cargo de la totalidad de las pesquisas, ha tenido que convocar al Pleno de los fiscales de Sala. Una vez concluido el encuentro, se emitirá un borrador de decreto que, según han confirmado a El Debate fuentes próximas al caso, ya estaría redactado incluso antes de cumplir con el trámite.

Un escenario que, así las cosas, se ha visto alterado en las últimas horas a raíz de la recomendación cursada por la Fiscalía Europea -tras pedir a la Fiscalía Anticorrupción que le diese traslado del total de las diligencias de investigación que se siguen por el contrato del hermano de Ayuso, al entender que se podría haber malversado dinero procedente de fondos europeos- y en la que se apuntaba a la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que fuese el órgano comunitario el que determinase la competencia de la institución sobre el caso.

Pero las mismas fuentes fiscales han apuntado que la idea no fue bien recibida desde Anticorrupción. No en vano, tal y como avanzó El Debate -el fiscal jefe Alejandro Luzón, al frente de la investigación- se opuso frontalmente a ceder la integridad del expediente reclamado al entender que la mayor parte de las diligencias se centran en posibles delitos de corrupción, hipotéticamente enmarcados en el seno de una Administración pública española y, presuntamente, cometidos por funcionarios españoles. Además, desde el principio, Luzón descartó la apariencia de la malversación alegada por su colega Concepción Sabadell.

No se aprecia «delito de malversación»

Cabe recordar que fue en febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó la apertura de diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas sobre el contrato, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas concretas. De hecho, no trasladó el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque en los hechos denunciados no apreciaba, por el momento, ningún indicio «verosímil» de delito por parte de ella.

Desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido avocar las diligencias a un procedimiento por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato supuestamente se pagó con fondos europeos y, por tanto, a ella correspondería la competencia en esa materia.

Las fuentes fiscales consultadas por El Debate han indicado que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya malversación porque, de hecho, las mascarillas llegaron a su destino. Desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado a sus colegas de Carrera que no veían indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Díaz Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios. Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Por este motivo se planteó un conflicto de competencias que debe resolver ahora la fiscal general tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, todavía reunida.

Meras sospechas

En su denuncia, Unidas Podemos consideraba que Tomás Díaz Ayuso -el hermano de la presidenta- había actuado como intermediario del Gobierno regional y quehabía conseguido una «comisión» por ello. El PSOE entendió que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos»; y Más Madrid señalaba en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».

Díaz Ayuso aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive SL no por obtener un contrato con la Administración regional sino como pago por las gestiones profesionales realizadas para conseguir el material sanitario en China y su posterior traslado y entrega a Madrid. Y facilitó documentación acreditativa al respecto a la propia Fiscalía Anticorrupción de manera voluntaria.