La juez ordena a la SEPI entregarle cada mes las cuentas actualizadas de Plus Ultra tras el rescate

«Del uno al cinco de cada mes» la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendrá que remitir a la juez que investiga la legalidad del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno para Plus Ultra, las cuentas actualizadas de la aerolínea. Así lo ha acordado la magistrada Esperanza Collazos en un auto dictado el pasado 25 de marzo al que ha tenido acceso El Debate. La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid monitorizará –de ahora en adelante y mensualmente– «el estado financiero acumulado y proyecciones de la cuenta de resultados, de balance y de flujos de caja al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de conformidad con el punto 6.1 del Acuerdo suscrito entre este Fondo y la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A.» del mes anterior.

La juez sospecha que detrás de la ayuda percibida se gestó una 'operación de maquillaje' de las cuentas de una empresa que, según el dictamen del perito independiente consultado no sólo es que no superase «los mínimos exigidos» para optar a la ayuda percibida, sino que a pesar de ella seguiría «siendo inviable». Motivo por el que la juez revisará cada 30 días la evolución de sus gestiones y resultados.

Collazos ha entendido que, en contra de lo solicitado por la acusación popular que ejerce Vox en la causa, el pasado 8 de marzo, no procedía admitir «las diligencias de prueba instadas» por el partido político tras el segundo careo mantenido entre los peritos citados para aclarar el desfase de 6,3 millones de euros en los números presentados para optar a la ayuda, pero ha activado el control mes a mes como una solución alternativa a la investigación.

Vox solicitó a Collazos «los informes de control mensuales» en los que se recogiese «toda la información necesaria del gasto de los 53 millones de euros, los presupuestos y la política de dividendos» de la compañía, que se aportaron en el momento de la firma del Acuerdo formalizado por la mercantil Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. para la recepción de los fondos de apoyo.

La abogada de la formación en la causa, Marta Castro, apostaba porque dicha documentación era necesaria, una vez repetido el careo, para tener una visión de conjunto desde la que analizar los informes de los peritos y completar sus declaraciones en sede judicial. Sin embargo, la instructora de la causa ha denegado dicha posibilidad por un mero formalismo al entender que «el órgano encargado en el momento presente de conocer y comprobar el destino de la subvención concedida no es la propia compañía», sino el organismo que apoyó la operación financiera. Esto es, en último término, la SEPI, a la que ha reclamado reporte mensual.

«Inmersa en causa de disolución»

La decisión de dar luz verde a una dudosa operación de rescate se produjo, a juicio de los peritos independientes consultados por el Juzgado, en un contexto en el que la compañía ya estaba «inmersa en causa de disolución» mucho antes de la pandemia.

Es decir, tal y como desveló El Debate en primicia durante el primer careo, los expertos apuntaron cómo la empresa «estaría excluida de los requisitos de acceso a la ayuda de Fasee» por la que se benefició de la astronómica cantidad. De hecho, uno de ellos era que el resultado del balance contable, a 31 de diciembre de 2020, no fuese negativo.

Muy al contrario, según la documentación analizada por la SEPI en el expediente de Plus Ultra, la polémica aerolínea vinculada con empresarios venezolanos perdió más de 20 millones de euros en 2020. Además, en ese mismo ejercicio registró un patrimonio neto negativo de más de 14 millones y aumentó su deuda. Un evidencia de que se encontraba «en crisis» durante la solicitud de una multimillonaria ayuda a la que «nunca debió tener acceso».

El crédito participativo del Gobierno a Pus Ultra quedó, supuestamente, garantizado por una cuenta bloqueada en Dominica de la que no informó a la SEPI

Las auditoras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantienen que no hicieron una auditoría como tal –sino una «due diligence» dando por válidos los informes del auditor de parte y su informe de viabilidad– mientras que el equipo de peritos judiciales, del despacho Martín Molina Abogados y Economistas, también en base a esos mismos informes, han concluido que la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, estaba a 31 diciembre de 2020 en causa de disolución, al margen de la parálisis económica del covid.

El plan de viabilidad «no fue real»

En su comparecencia ante la juez Esperanza Collazos, los peritos confirmaron cómo el Plan de Viabilidad presentado a la SEPI por Plus Ultra –a la que en el sector privado ninguna entidad se atrevió a financiar– no fue real. Los expertos calificaron el documento como una estimación «extremadamente optimista» e «increíble».

De sus afirmaciones se desprende que, más allá del ámbito penal, que tiene preferencia, de las presuntas irregularidades en la concesión de los 53 millones de euros a Plus Ultra podría desprenderse una segunda derivada: «El incumplimiento administrativo por infracción de la norma vigente para la concesión de las ayudas», según adelantaba la abogada de Vox en la causa.