El perito judicial insiste: Plus Ultra estaba «en crisis» antes del rescate del Gobierno

Plus Ultra era una empresa «en crisis» con anterioridad al rescate del Gobierno. Martín Molina, el perito judicial independiente, se ratifica. El técnico fue nombrado por la juez Esperanza Collazos que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros del Gobierno a la aerolínea y ha asistido, este martes, al segundo careo entre el perito al que encargó el informe objetivo y los expertos contratados por la aerolínea. El primero se ratifica en su dictamen e insiste en que la compañía aérea incurría en «causa de disolución» a 31 de diciembre de 2019. Es decir, según los requisitos exigidos por la SEPI para la concesión del 'rescate', Plus Ultra no tenía derecho al mismo.

De nuevo en la Sala, la discusión sobre el presunto desfase de 6,3 millones de euros en las cuentas de la compañía, una baile de cifras que, presuntamente, se habría provocado para justificar la solvencia que motivó la inyección de dinero público. Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Debate, al término del frente a frente entre los técnicos.

De las preguntas formuladas por la juez durante el careo, se ha desprendido que para denegar la ayuda no sólo bastaba con «una alta probabilidad de suspensión de pagos», como se ha reconocido por el perito independiente, sino una «certeza de empresa en crisis durante esa fecha», han señalado a El Debate fuentes judiciales.

Los auditores externos requeridos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) analizaron la entidad en una situación de «quiebra técnica», mantienen desde el despacho Martín Molina Abogados y Economistas, al margen de la parálisis económica provocada por el COVID. Mientras tanto, los consultores -Daiwa y Deloitte- han defendido que en ningún caso se encargaron de una auditoría como tal, sino de una «due diligence» en la que dieron por válidos los informes emitidos por el técnico de parte. Es decir, documentación aportada por la propia aerolínea, durante el tiempo que duró el expediente.

Esto es, la empresa «estaría excluida de los requisitos de acceso a la ayuda de Fasee» por la que percibió la astronómica cantidad, ya que uno de los requisitos establecidos por la SEPI para ser beneficiario de la inyección monetaria era que el resultado del balance, a 31 de diciembre de 2019, no fuese negativo. Así lo habría confirmado esta misma mañana el perito judicial ante la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, según han apuntado a El Debate fuentes próximas a la causa que se sigue para esclarecer los puntos oscuros de la decisión adoptada, primero, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, más tarde, por el Consejo de Ministros.

Vox pide la citación del administrador

«Consideramos que para realiar una entrega de cincuenta y tres millones de euros, que han pagado todos los españoles», lo mínimo es que la empresa destinataria estuviese «realmente afectada por la parálisis económica consecuencia del COVID y que de verdad pudiese mantener su actividad e interesase a todos los españoles», ha denunciado Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox. «Y no para financiar las actividades privadas de los amigos venezolanos del ministro Ábalos», ha apostillado.

Por ello, la formación política, personada como acuasación de las diligencias judiciales de investigación que se siguen contra la ayuda de la SEPI a Plus Ultra, ya ha avanzado que pedirá la comparecencia «del representante legal de la aerolínea».

La Abogacía, al rescate

La Abogacía ha insistido en que la «discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales» no resultaba suficiente para apreciar, «ni siquiera indiciariamente», ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda y que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas. Sin embargo, en un documento de cerca de 500 páginas, los peritos independientes explicaron que existían «dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía» a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, «sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública» a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Abogacía impugnó la práctica de la pericial al considerar que «carecía de motivación alguna y no era ni necesaria ni útil» y que, a su juicio, «obedecía a una finalidad prospectiva al no obrar indicio delictivo alguno». Y acusó a los peritos judiciales de «extralimitarse». La juez no se ha plegado a las exigencias de los letrados del Estado y ha querido conocer, de primera mano, los términos en los que chocaban todos los informes emitidos sobre la situación real de Plus Ultra. De lo ocurrido hoy en sede judicial depende el futuro de una compañía para la que el futuro se plantea cada vez más complicado.