Nuevo careo judicial con los peritos de Plus Ultra tras la «inexplicable» pérdida del primer vídeo

En discusión, el presunto desfase de 6,3 millones de euros en las cuentas de la aerolínea Plus Ultra. De dicho importe depende la solvencia de la compañía y, a su vez, la legalidad del rescate por valor de 53 millones de euros autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) para 'salvar', en plena crisis sanitaria, la continuidad de unos servicios que el Gobierno calificó de «estratégicos» pero que apenas representan el 0,03 % de los vuelos de nuestro país. Un careo entre los diferentes peritos y técnicos que participaron en el diagnóstico de la situación económica de la empresa, era determinante para que la juez asignada a la instrucción del caso, la titular del Juzgado número 15 de Madrid, tomase una decisión. La «inexplicable pérdida» de la grabación de la vista celebrada –el pasado día 18 de enero– ha obligado a la magistrada Esperanza Collazos a repetirla.

Según ha podido saber El Debate de fuentes judiciales, en esta nueva ocasión, la magistrada al frente de las pesquisas ha admitido la intervención del perito de Plus Ultra que no incluyó en la anterior citación. Los servicios jurídicos de la aerolínea recurrieron la decisión y, ahora, la jueza ha rectificado para permitirlo.

Lo «asombroso» de que se haya «dañado la grabación» del primer careo, ha llamado la atención la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, es que en la cita de este martes «no vamos a poder hacer mucha mención» al mismo ya que a efectos prácticos «no existe» al no tener «acreditación» posible. Una posición de partida que Castro ha lamentado ya que no sólo se han perdido las actuaciones ya realizadas, sino que sitúan en una posición ventajosa a los peritos de parte: no sólo ya se conocen las preguntas formuladas en su día sino, también, las respuestas prestadas por los técnicos de las consultoras independientes de la SEPI –Deloitte y Daiwa– que «se pusieron bastante en evidencia» en las explicaciones sobre sus informes, en sede judicial.

No en vano, en el caso de esta última, Daiwa Corporate Advisory –antigua Montalbán– presidida por León Benelbas, un exalto cargo socialista durante el Gobierno de Felipe González, aseguró que Plus Ultra había arrojado unos buenos resultados antes de la pandemia, sin tener en cuenta la transparencia que exige la ley en cuanto a ciertos aspectos, como los salarios de siete de los altos directivos de la compañía aérea y varios de los administradores de la sociedad que la gestiona.

La auditora, que avaló a Plus Ultra en el cumplimiento de los requisitos para recibir la inyección pública por valor total de 58 millones de euros, recogió un aumento de los costes laborales en las últimas cuentas anuales publicadas, desde los 2,5 millones de euros a los 4,6 que se presentaron. Y ello, pese a que la plantilla se redujo en número de trabajadores. ¿Cómo fue eso posible?.

Porque, en realidad, el incremento ocultó un bonus de su cúpula directiva, de cerca de un millón de euros por la mejora de los resultados y los compromisos de permanencia, tres veces más altos que los del año inmediatamente anterior. En diciembre de 2018 la dirección de la aerolínea pasó de mantener una vinculación mercantil con Daiwa a ser empleados por cuenta ajena.

Una aerolínea quebrada antes de la covid

Mientras las auditoras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantienen, a la vista de las incongruencias detectadas, que no hicieron una auditoría como tal –sino una «due diligence» dando por válidos los informes del auditor de parte–, el equipo de peritos judiciales del despacho Martín Molina Abogados y Economistas, también en base a esos mismos informes, ha concluido que la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez estaba inmersa en causa de disolución, a 31 diciembre de 2019, al margen de la parálisis económica de la covid y mucho antes de que ésta se declarase.

Esto es, la empresa «estaría excluida de los requisitos de acceso a la ayuda de Fasee» por la que percibió la astronómica cantidad, ya que uno de los requisitos establecidos por la SEPI para ser beneficiario de la inyección monetaria era que el resultado del balance, a 31 de diciembre de 2019, no fuese negativo.

Así lo habría confirmado en la fecha de la citación de los peritos judiciales ante la juez Collazos, según han apuntado a El Debate fuentes próximas a la causa que se sigue para esclarecer los puntos oscuros de la decisión adoptada, primero, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, más tarde, por el Consejo de Ministros.

La aerolínea intentó acceder a créditos ICO y los bancos los rechazaron por considerar que acumulaba riesgos incompatibles con su financiación

Y todo ello, pese a que Plus Ultra, no ha logrado beneficios desde que nació en 2011. La aerolínea cerraba 2019 con un balance de más de dos millones de euros en pérdidas que se acumulaban a los más de diez que arrastraba en los últimos años.