El juez pide la imputación de Mónica Oltra por ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada

existen «indicios racionales, serios y fundados de la participación» de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, en las maniobras de su Departamento que, presuntamente, trataron de ocultar los abusos sexuales de su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, a una menor de edad bajo la tutela de la Generalitat. El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJV) la imputación de Oltra, tras recopilar las declaraciones de un total de 13 imputados, altos cargos de la Administración autonómica por estos hechos.

En un escrito razonado que el magistrado ha elevado a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJV se apunta a cómo la Consejería de Igualdad actuó de manera negligente ante la denuncia de una joven que acusó de abuso sexual del ex marido de la vicepresidenta Oltra, cuando éste era educador social en la institución.

«No resulta ya posible progresar en la investigación ordenada por la Audiencia Provincial de Valencia sin que la misma sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas», ha indicado el magistrado en su escrito.

La propia Mónica Oltra reconoció, fuera del procedimiento judicial en curso, haber encargado ella misma, el 8 de agosto de 2017 un Expediente confidencial sobre la joven denunciante, paralelo al de la Fiscalía, con una finalidad informativa: «Para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado la presunta víctima a Espill; por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta...». Un Expediente que, según las conclusiones judiciales extraídas del análisis del mismo «no se orientó a ninguna de las finalidades antedichas».

Un total de trece han sido los cargos de libre designación nombrados por Oltra, citados para aclarar si la Consejería de Igualdad trató de ocultar el caso de abusos sexuales denunciados contra el exmarido de la consejera. También, para conocer, quiénes participaron y cuánto se pagó por la confección de un expediente presuntamente creado, en realidad, para descartar dichos comportamientos y desacreditar, oficialmente, la versión de la menor abusada.

El pasado 8 de marzo, el Juzgado de Instrucción acusaba a cinco nuevos cargos de peso dentro de la Consejería de Igualdad: la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero; la subdirectora del mismo Departamento, Gemma Plaza, el secretario territorial, Jesús Esquiu y la jefa de servicio de Infancia, Amparo Mogués; la técnico de la Sección del Menor del mismo Servicio, Ana Victoria García e Inmaculada Martín; y, como testigos, José Francisco Vidal y Consuelo Escriche, quienes tendrán que responder sobre el expediente informativo relativo al caso de los abusos cometidos por el exmarido de Oltra contra, al menos, una menor tutelada.

Apenas un mes antes, a mediados de febrero, eran imputados un total de seis cargos de la Consejería, en el marco de la investigación sobre la gestión de lo ocurrido. Sin embargo, tres de ellos, los citados a declarar no supieron explicar ante el juez el expediente informativo abierto en paralelo a la vía judicial acerca del tema –sobre el que pesan dudas razonables de falsedad– ni por qué no se dio parte de oficio a la Fiscalía, pese a la gravedad de los hechos.