Mónica Oltra, en una imagen de archivo
Tribunales
La Justicia estrecha el cerco sobre Mónica Oltra: cinco de sus cargos directos declaran por los abusos a menores tuteladas
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado a nuevos responsables de la Administración valenciana como resultado de las seis primeras comparecencias
El pasado 8 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acusaba a cinco nuevos cargos de peso dentro de la Consejería de Igualdad, que dirige la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero; la subdirectora del mismo Departamento, Gemma Plaza, ambas este miércoles día 23 a las 17:00 horas; el secretario territorial, Jesús Esquiu y la jefa de servicio de Infancia, Amparo Mogués, el 24 de marzo a las 18:00; la técnico de la Sección del Menor del mismo Servicio, Ana Victoria García e Inmaculada Martín, el día 30 de marzo a las 17:00 horas; y, como testigos, el 11 de abril a las 17:00 y 18:00 respectivamente, José Francisco Vidal y Consuelo Escriche, tendrán que responder sobre el expediente informativo relativo al caso de los abusos cometidos por el exmarido de Oltra y un técnico, contra varias menores tuteladas por la comunidad valenciana.
No en vano, la propia Mónica Oltra, según ha trascendido a la opinión pública reconoció haber encargado ella misma, el 8 de agosto de 2017 el Expediente con una finalidad informativa: «Para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado la presunta víctima a Espill; por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta...». Un Expediente que, según las conclusiones judiciales extraídas del análisis del mismo «no se orientó a ninguna de las finalidades antedichas».
Con éstos ya son once los cargos de libre designación nombrados por Oltra, citados para aclarar si la Consejería de Igualdad trató de ocultar el caso de abusos sexuales denunciados contra el exmarido de la consejera. También, para conocer, quiénes participaron y cuánto se pagó por la confección de un expediente presuntamente creado, en realidad, para descartar dichos comportamientos y desacreditar, oficialmente, la versión de la menor abusada.
«Requiérase al Instituto Espill, al objeto de que, a la mayor brevedad, informe de la cantidad facturada a la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas por la elaboración de Informe Psicológico, relativo a la entonces menor», hoy denunciante, María Teresa Tanco Muela, reza el Auto judicial al que ha tenido acceso El Debate.
El pasado 15 de febrero ya habían sido imputados, previamente, la directora territorial de Valencia de la Consejería de Igualdad, una psicóloga de la sección del Menor y otra funcionaria. También han sido citados como investigados la directora territorial de Igualdad de Castellón, y el jefe de sección del Menor de dicho departamento. Ninguno de ellos «recordó» ante el juez por qué no avisaron a la Fiscalía, una vez tuvieron conocimiento de lo ocurrido.
En enero de este mismo año, Vox denunció a la propia Oltra –como consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat– ante la Fiscalía Provincial de Menores y, desde entonces, la Justicia estrecha cada vez más el cerco, sobre ella. La formación política le imputó varios delitos por abandono de destino, dejación de funciones, omisión del deber de perseguir delitos e implicación en un delito de prostitución de menores. Una querella que ella calificaba como «cacería política» y que se extendió a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, por los mismos hechos.
