El escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por la Generalitat que salpica a Mónica Oltra

«La joven, nacida el día 28 de mayo de 2002, se hallaba tutelada por la Generalitat Valenciana desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y en ese centro, donde trabajaba como educador el reo, la menor« de quince años »durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada. En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo. Masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación».

Así relató la sentencia de la Audiencia de Valencia el comportamiento de Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra -condenado a cinco años de prisión-, el abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor del centro de acogida en el que trabajaba.

La resolución dictada por el órgano provincial en abril de 2021 –tras repetirse el juicio por orden del Tribunal Superior de Justicia, por la existencia de pruebas que no fueron contempladas en un primer momento– no sólo detalló el relato de los hechos, sino que cargó duramente contra la actuación de la Generalitat de valencia por iniciar una «instrucción paralela» a la judicial con el fin de cuestionar lo ocurrido y restar credibilidad al relato de la víctima.

Vox denunció a Oltra –consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat– en enero de este mismo año, ante la Fiscalía Provincial de Menores, por abandono de destino, dejación de funciones, omisión del deber de perseguir delitos e implicación en un delito de prostitución de menores. Una querella que ella ha calificado como «cacería política» y que se extendió a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, por los mismos delitos.

Todas las sospechas apuntan cómo el Departamento que lidera Oltra intentó encubrir los abusos sexuales a la menor tutelada por parte de su exmarido. El fallo de la propia Audiencia valenciana contra Ramírez Icardi apuntó cómo desde que, en noviembre de 2019, saltase a la opinión pública lo ocurrido y quién fue el autor del delito se buscó la forma de taparlo. Y ello pese a que la primera noticia llegó al Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, donde todo sucedió, «el 20 de febrero de 2017».

La menor de 15 años fue explorada pero nadie respaldó su versión de los hechos. Ni la dirección territorial de la Conselleria, ni la directora de la propia residencia creyeron a la joven. No sólo no se dio parte al Ministerio Fiscal sino que tras saber que la niña había narrado lo ocurrido a dos policías que visitaron el centro por otro motivo, los responsables del mismo «parece» que trataron de «disuadir a los agentes de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos».

Será sólo cuando el asunto llega a manos de los fiscales y el juez de instrucción decide investigar penalmente los hechos, cuando la Conselleria de Igualdad abra una investigación paralela. El resultado: un informe psicológico de la menor, incluido en el expediente administrativo firmado por la Dirección Territorial de Valencia, donde se sostiene que la versión de la joven denunciante es «una niña problemática, mentirosa e incluso violenta». Es decir, poco creíble.

Querellas contra Oltra y seis cargos

En mayo de 2021 y a raíz del segundo fallo de la Audiencia, el abogado de la víctima, José Luis Roberto, pidió en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que se investigase la actuación del Ejecutivo autonómico en este asunto. Pese a que las pesquisas arrancaron, la instrucción se archivó a petición de la Fiscalía que entendió que la condena del exmarido de Oltra –recurrida ante el Supremo– no era firme. Sin embargo, la Audiencia de Valencia reabrió el caso a finales del mismo año.

Desde entonces y tras agrupar las dos querellas existentes, la planteada por Vox y la instada por la entidad Gobierna-Te, inicialmente turnada en el Instrucción número 3 de Valencia, la Justicia retomó la causa citando a declarar a ocho cargos vinculados al caso, próximos a Oltra.

Los 11 imputados de la Generalitat

Hasta la fecha, la Justicia mantiene imputados por los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada a un total de seis cargos de Igualdad: la directora territorial del Departamento en Valencia, Isabel Serra, candidata de Compromís en las municipales de 2019 y miembro de la ejecutiva de la formación en Játiva; la directora territorial del mismo área en Castellón, Carmen Fenollosa; el jefe de la sección del Menor de la Consejería, Francisco Soriano y la psicóloga de misma, ; la funcionaria técnico jurídico que instruyó la información reservada, María José Navarro, quien declarado este miércoles en sede judicial que se limitó a «cumplir órdenes» y que elaboró el dossier «parajudicial» a petición de sus responsables directos; y, una segunda psicóloga del servicio de atención a menores víctimas de abusos sexuales de la Generalitat.

El pasado 4 de marzo, además –y a raíz de las primeras declaraciones prestadas por los citados como presuntos responsables del informe irregular, destinado a encubrir los gravísimos hechos– se incorporó a la causa a cinco nuevos imputados. Una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico de la Administración regional. Presuntamente, todos ellos, «tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar».

Más allá de los cargos, la Justicia mantiene imputadas a la directora del Centro concertado Niño Jesús, Isabel Domingo Martín; y, a la psicóloga del mismo, Ana Isabel Junquera Márquez

Por el momento, Mónica Oltra se ha salvado de la comparecencia judicial ya que, según el magistrado encargado de las indagaciones, el reconocimiento público de la vicepresidenta de la Generalitat sobre la existencia de un procedimiento en sede de Igualdad sobre la causa y el hecho de que haya estado al tanto de las actuaciones administrativas no es suficiente para adjudicarle la orden de encubrir los hechos, en contra de la víctima. Ante una futura y eventual imputación de la política valenciana, el órgano competente sería el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por su condición de aforada.