La maniobra de Sánchez para premiar a Delgado incumple las exigencias de Europa sobre independencia judicial

fortalecer la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado. El segundo informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), confeccionado en 2019 recomendó a España mejorar la desconexión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Casi tres años después, el balance con el que se cierra es que nuestro país no ha cumplido satisfactoriamente ninguna de las 19 tareas incluidas en el mismo. La excusa del Gobierno para justificar la polémica enmienda legal con la que aspiraba a modificar, por la puerta de atrás, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ascender a Dolores Delgado a la primera categoría de la Carrera, una vez finalizado su mandato, se desmorona por sí sola.

Lejos de adaptar el ordenamiento específico de la Fiscalía a las recomendaciones del GRECO, la intervención exprés del Ejecutivo para premiar a Delgado se distancia del mandato europeo que, entre otras cuestiones, apuntaba a reconsiderar el método de selección y duración del cargo del Fiscal General. Esto es, a modificar la forma de elección para que el designado goce de mayor independencia y cuyo mandato no esté ligado al del Gobierno. Un aspecto relevante que no ha sido objeto de tratamiento en la enmienda presentada.

Además, la Comisión Europea también apostaba por aumentar tanto la autonomía financiera de la Fiscalía como la relativa a la formación continua de los fiscales –actualmente dependientes del Ministerio de Justicia en este ámbito–. Si bien actualmente esta disciplina ha mejorado con la llegada de la figura del director de Formación de la Carrera Fiscal, el Ministerio Público sigue careciendo de capacidad de gestión económica propia. El Estatuto tampoco se ha retocado para atender a estos fines.

En la misma dirección, Europa ha señalado la importancia de dotar de autonomía de gestión del Ministerio Fiscal, al margen del Ministerio de Justicia, como garantía fundamental para la independencia real y la mayor eficacia de la Fiscalía. Nada de esto se aborda en la reforma.

Ni una mención a la constitución de la Comisión de Ética Fiscal, cuya constitución ha sido suspendida unilateralmente por la actual fiscal general del Estado, vía decreto –pese a que seis de los siete miembros llamados a integrarla habían sido elegidos en el proceso legalmente previsto para ello– ya recurrido por la mayoritaria Asociación de Fiscales a la que pertenecen el 100 % de los mismos.

Ni rastro, tampoco, de la profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales. Mientras el informe GRECO señalaba el camino para suprimir la competencia sancionadora del ministro de Justicia a los miembros de la Carrera Fiscal, en España se sigue manteniendo una clara injerencia del Gobierno que es quien, en último término tiene la potestad de apartar a los fiscales del servicio activo.

Informar a Sánchez de investigaciones

Más allá del polémico atajo que el PSOE 'colaba' esta semana en el Congreso para enmendar el texto del proyecto de reforma de la Ley Concursal y retocar, de tapadillo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ascendiendo a Dolores Delgado a la categoría de Fiscal de Sala, al término de su mandato, la modificación del texto incluye una segunda modificación de calado: «La posibilidad de que el FGE informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno».

Es cierto que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno, para garantizar la transparencia y la publicidad, y que la reforma, ahora sí, impone la forma escrita, lo que constituye un avance. Sin embargo, 'cuela' novedosamente que el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. Una previsión que, a juicio de los propios miembros de la Carrera «supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación».

La enmienda 603 del Grupo Parlamentario Socialista que aspira a modificar, de manera exprés, la norma que regula el funcionamiento del Ministerio Fiscal, cambia el enfoque actual de la ley para que el fiscal general del Estado informe «por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal» sobre sus actuaciones «en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer». «Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse al mismo», añade la coletilla.

Delgado lo intentó como ministra

En cuanto al contenido de la enmienda sobre el ascenso a la categoría de fiscal de Sala de la fiscal general del Estado, al cese de su mandato, cuando procediendo el designado de la Carrera no ostenta dicha categoría.

«Tal consecuencia requiere de una profunda reflexión, que no se ha producido, sobre los requisitos para ser nombrado fiscal general y, además, tal propuesta supone un 'premio' para el fiscal general y la intromisión directa del Gobierno en la conformación de la Primera categoría de la Carrera pues, directamente, puede promover a un fiscal a su máxima categoría. Además, no resuelve el destino último pues la mejora de la categoría no supone la asignación de una plaza en concreto», han denunciado los fiscales.

Según ha podido saber El Debate, en el año 2018, la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado ya intentó incluir una previsión idéntica en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal. Una maniobra que provocó la reprobación unánime de la Carrera por considerar que «una reforma de tal calado» no debía introducirse a través del reglamento sino previa modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y ello, sin que los fiscales entrasen en la conveniencia o no de un ascenso que está «íntimamente ligado a los requisitos para ser nombrado FGE y de lo que se nos está privando actualmente», recuerdan desde la AF.

«En ningún momento la Asociación de Fiscales ni el Consejo Fiscal mostraron su conformidad con tal extremo», apostillan en declaraciones a El Debate.

Separar a la Fiscalía del Gobierno

Los fiscales, precisamente a través de la AF, remitieron un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en enero de este mismo año, en el que reclamaban el impulso de las reformas que recomendaba el GRECO, para aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal. Una obligación ligada a «la imperiosa necesidad de reformar el Estatuto Orgánico, no ya para ascender al fiscal general, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder de su titular».

No en vano, un «somero repaso el trabajo de las autoridades españolas para implementar las recomendaciones planteadas »por el informe GRECO, en junio de 2019, «basta para comprobar que no ha sido satisfactorio». El diagnóstico europeo afectaba a dos ámbitos esenciales de actuación en nuestro país: diez aspectos relacionados con altos cargos y nueve con miembros de las fuerzas de seguridad. «En ninguno de ambos se ha logrado un equilibrio adecuado», señalan desde la AF.

En el primer bloque se avanzó, sin éxito, en cuatro puntos. En el segundo, en cinco. Del total de las recomendaciones, siete se han aplicado parcialmente y las doce restantes, no. Éste es el balance real con el que se ha cierra el apartado referente a España en el último informe del GRECO, conocido este martes.

Nada más lejos de la versión del Gobierno sobre la urgencia de reformar la Ley Concursal como un atajo para logarlo cuando, en el fondo de la cuestión, se esconde el 'blindaje' del Ejecutivo socialista a su fiscal general, Dolores Delgado, por la puerta de atrás, y para muchos de sus excompañeros como un «pago a los favores prestados».