Santiago Abascal, durante la última Asamblea General Ordinaria celebrada en la sede nacional de su partido
Abogan por un Estado unitario
Las razones que hacen improbable derogar el Estado de las autonomías como propone Vox
Las mayorías necesarias en las Cortes Generales imposibilitan la transformación del modelo de Estado
«Cuarenta años de ensayo autonómico nos han dejado una comunidad política dividida en 17 reinos de taifas, un enorme caos administrativo, lazos afectivos debilitados y un país sumamente desigual».
Esta es la radiografía que Vox sella en su Agenda España y que replica en los discursos de sus dirigentes, pero... ¿Es posible acabar con el Estado de las autonomías instaurado por la Constitución española de 1978? Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo CEU, analiza para El Debate cómo se procedería si un partido político intentase materializarlo.
La formación de Santiago Abascal aboga por la «devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica». Una medida que sería el paso previo a «la creación de un Estado unitario, administrativamente descentralizado, que promueva la igualdad y la solidaridad entre españoles». Por tanto y en último término, Vox desea poner fin al Estado autonómico.
Juan García-Gallardo, representante de Vox en Castilla y León, uno de los territorios donde se ha planteado la modificación de su estatuto por el joven burgalés
Posibles reformas
La dilapidación del Estado de las autonomías «desde los órganos centrales del Estado resulta imposible porque habría que derogar los Estatutos de autonomía de las comunidades autónomas», explica el profesor Murillo.
Tendría que existir «voluntad política por parte de cada comunidad para derogar sus estatutos». Una hipótesis más real sería que cada una los modificase para «renunciar a alguna competencia», devolviéndosela así al Estado central.
La segunda opción sería «llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución en la que no está protegido el Título VIII (el referente a la organización territorial del Estado)» y «buscar un mecanismo mediante el cual, el Estado pudiese intervenir y asumir algunas competencias». Eso sí, «chocaría con el artículo segundo de la Constitución», el que «reconoce a España como Estado unitario» y el derecho dispositivo de las «nacionalidades y regiones» a «configurarse como una Comunidad Autónoma».
Artículo 2 de la Constitución española
Por ende, esta opción comportaría la inclusión en dicho artículo segundo de «una autorización, o retrocesión en cuanto al derecho de la autonomía, donde primara el derecho a la unidad de España, quedando el reconocimiento de la autonomía en manos del Estado».
Al encontrarse este precepto dentro del Título Preliminar, habría que realizar la llamada «revisión constitucional», regulada por el artículo 168 de la Carta Marga, que dicta que habría que lograr mayorías de dos tercios de cada Cámara (Congreso y Senado) y disolver las Cortes. Después, las Cámaras elegidas ratificarían la decisión, estudiarían el nuevo texto constitucional y lo aprobarían de nuevo por dos tercios de ambas Cámaras. Por último, la reforma se sometería a un referéndum para su ratificación.
Requisitos para el cambio de Vox
Desde la formación de Abascal se dejó caer hace algunas semanas en corrillo a periodistas, tras una de las ruedas de prensa en su sede nacional, que la reforma se podría articular al final de una legislatura, esperando hasta los últimos días para disolver las Cortes.
Murillo añade la condición de que a la formación «tendría que votarla el 90 % de la población» y contar con suficiente representatividad también en el Senado, puesto que ambas Cámaras intervendrían en el procedimiento legislativo ordinario de esta revisión constitucional.
Mitin de Macarena Olona en Sevilla, capital de otra de las comunidades donde la formación podría incrementar su implantación territorial tras las próximas eleccioens autonómicas
El modelo ideal
El experto en Derecho Constitucional aboga por «el Estado integral regulado en el modelo autonómico de la Segunda República». Se trata de un modelo que abandonó el centralismo del Estado liberal, consagrado en todas las Constituciones, desde la Pepa en 1812 hasta la Restauración de 1876; y que a la par negó la posibilidad de cesiones territoriales o de autodeterminaciones.
Eso sí, «el reparto de las competencias tendría que quedar muy sistematizado» para que regiones como Cataluña no estuviesen en desacuerdo con la legislación básica que proviene del Estado y que limita sus competencias.
Revisión de la Constitución española
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En definitiva, resulta bastante improbable alcanzar el Estado unitario pretendido por los de Abascal. Se trata de un escenario político difícil de conseguir no sólo para el Vox de hoy, sino para cualquier formación que decidiese acometer esta reforma en solitario: tendría que disponer de gran representación en Congreso y Senado, llegar al final de la legislatura con la misma amplísima mayoría con que entró al poder, y que una buena parte de la población votara también a favor en el referéndum que ratificara el texto.
