Anticorrupción investigará varios contratos covid concedidos por el Gobierno tras la denuncia de Ayuso
Una de las investigaciones se centrará en la empresa Playbol a la que el PP relaciona, de manera directa, con los padres de Pedro Sánchez y otras dos con el entorno de Salvador Illa y la ministra Nadia Calviño
La Fiscalía Anticorrupción abrirá un total de siete diligencias de investigación para depurar posibles irregularidades sobre los presuntos contratos irregulares concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los meses más duros de la pandemia y denunciados por el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como avanzó en primicia El Debate, por valor de 326 millones de euros.
El decreto dictado por el jefe de la unidad especializada de la Fiscalía, Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso este diario recoge que después de que el día «10 de marzo de 2022 tuviese entrada en la sede de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada denuncia de la misma fecha firmada» por el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, sobre presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con la COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectan a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, «acuerda la incoación de las correspondientes diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos».
En el documento que se ha hecho público este viernes, el Ministerio Público ha avanzado que su labor, a partir de ahora, se centrará en analizar el relato del PP y la extensa documentación aportada por éste, de la que de manera muy preliminar puede derivarse la existencia de «elementos que permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante».
Sin embargo, y dado que el escrito presentado por el equipo de la presidenta madrileña se dirigió de forma amplia contra las autoridades, funcionarios y particulares que pudieran estar implicados en los hechos, Anticorrupción ha señalado que la denuncia «nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos».
Por ello, de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía será necesario depurar, con las actuaciones necesarias, «la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» y en relación con su participación en la supuesta adjudicación irregular de un total de, al menos, ocho contratos por parte del Ejecutivo socialista, como consecuencia de la legislación excepcional aprobada por la crisis sanitaria de la covid.
Las pesquisas necesarias
Los siete contratos bajo sospecha implican a las empresas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L; FCS Select Products, S.L; Member of the tribe, S.L; Wehai Textile Group, Hyperin, Beedigital y Playbol SA. y a la presunta vinculación de cada una de ellas con diferentes cargos políticos aforados y varias Administraciones Públicas. Así como, también, a «la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos» en los términos legalmente previstos, incluso, en una situación de máxima urgencia.
«Estas conductas, a las que a continuación nos vamos a referir de manera individualizada por sociedad, pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos», reza el decreto firmado por el propio Alejandro Luzón.
Sobre los mismos, la Fiscalía considera necesario realizar «algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas» concretas, «permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».
«Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia», según el cual las averiguaciones que es necesario abordar no pueden iniciarse sin incoar, previamente, las preceptivas diligencias de investigación penal que son las que ha decretado la Fiscalía.