El Supremo exige por tercera vez a Llop que refuerce la Sala Tercera ante el silencio del Ministerio

Los magistrados del Supremo no ocultan su malestar con la inacción de la ministra de Justicia, Pilar Llop. La merma de la plantilla del Alto Tribunal, consecuencia del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la reforma exprés de la Ley Orgánica –orquestada por PSOE y Podemos– que impide efectuar nombramientos discrecionales, ha situado a posición muy complicada que, dos meses después, sigue sin resolverse. El Ministerio de Justicia no ha movido ficha pese a que hace más de sesenta días y sesenta noches que desde el Supremo se propuso una modificación legal que diese solución al colapso. Ante la falta de respuesta del Departamento que lidera Llop, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal ha reiterado la solicitud de medidas para neutralizar una parálisis efectiva en el seno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que funciona bajo mínimos.

Para ello, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha adoptado, de nuevo, por unanimidad, el acuerdo de reiterar al Ministerio de Justicia la reclamación de medidas que permitan evitar el colapso, dado que hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta del Ministerio a la reclamación inicial, pactada el pasado 31 de enero, ni a una segunda formulada tras el encuentro de la Sala con la titular del Ministerio el 22 de febrero.

Las exigencias al Ministerio se han replicado ante el grave escenario que afecta a la Sala Tercera, de manera especial, que desde este mes cuenta con sólo 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que deja al área con el mínimo legal de miembros en activo para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe contar, al menos, con cinco magistrados.

Y ello, en un momento de extraordinaria carga de trabajo derivada de la entrada en la Sala, a partir del pasado mes de diciembre, de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia de COVID.

Una reforma legislativa de urgencia

La Sala de Gobierno ha reclamado hasta en dos ocasiones anteriores al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales ordinarios puedan suspender aquellas causas que presentan parecidos sustanciales, desde el punto de vista jurídico, con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto.

Con ello, los magistrados tratan de evitar que se dicten nuevas sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión de consenso que en el futuro pueda adoptar el Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica, y por lo tanto, generar a su vez nuevos recursos de casación que sigan incrementando el número de asuntos en cola en la Sala Tercera.

Además, la reforma propuesta incluye un cambio en las funciones de la Sección de Admisión de recursos de modo que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.

La Sala de Gobierno del Supremo, que preside Carlos Lesmes, entiende que este mecanismo similar a la tramitación de los denominados 'procedimientos testigos', permitiría dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre un mismo tema.

No en vano, para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas COVID, ya el pasado mes de enero, el Supremo solicitó también al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como al menos tres plazas más de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del Tribunal que pudiesen ser cubiertas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El Ministerio que no ha avanzado en ninguna de las solicitudes ha guardado un estrepitoso silencio que molesta, todavía más que la inacción, a los magistrados. La Sala de Gobierno quiere conocer si existe una respuesta positiva o negativa a sus peticiones, para estudiar, en el segundo caso, medidas alternativas con las que poder hacer frente a una situación muy crítica.