Los contratos de material sanitario que investiga la Justicia: más de 650 millones bajo la lupa

Los primeros meses de la pandemia fueron un descontrol para las Administraciones. Estado, autonomías y entes locales se lanzaron a la compra de material sanitario, en especial mascarillas, guantes, trajes de protección, test y respiradores para proporcionar a los médicos, enfermeras y hospitales colapsados durante los días más duros de la crisis del coronavirus. En semejante escenario las operaciones firmadas no fueron una excepción para las instituciones que pagaron cantidades muy altas por suministros que en circunstancias ordinarias se habrían adquirido mucho más rápido y más baratas.

Los ministros Illa, Ábalos y Calviño

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas un total de siete diligencias de investigación para depurar las posibles irregularidades sobre los presuntos contratos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a otras tantas empresas y denunciados por el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como avanzó en primicia El Debate, por valor de 326 millones de euros.

El decreto dictado por el jefe de la unidad especializada de la Fiscalía, Alejandro Luzón, al que tenía acceso este diario recoge cómo después de que el día «10 de marzo de 2022 tuviese entrada en la sede de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada denuncia de la misma fecha firmada» por el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, sobre presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con la COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectan a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, «acuerda la incoación de las correspondientes diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos».

Prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Los siete contratos bajo sospecha implican a las empresas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L; FCS Select Products, S.L; Member of the tribe, S.L; Wehai Textile Group, Hyperin, Beedigital y Playbol SA. y a la presunta vinculación de cada una de ellas con diferentes cargos políticos aforados y varias Administraciones Públicas, todos próximos al Gobierno de Pedro Sánchez, incluidos los ministros Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Salvador Illa . Así como, también, a «la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos» en los términos legalmente previstos, incluso, en una situación de máxima urgencia.

Tres altos funcionarios

Varios presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a los que el Ejecutivo central se enfrenta en el ámbito judicial, relacionado con los contratos de material sanitario covid. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid abrió diligencias contra tres altos cargos de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de suministros, durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19. Unos hechos en los que se reconoce el pago de precios excesivos –e incluso que, en alguna operación, se adquirió material defectuoso– en un contexto de emergencia absoluta.

La magistrada Concepción Jerez García, previa denuncia de Vox, es la encargada de las pesquisas sobre tres funcionarios de la Administración central adscritos a los ministerios de Sanidad y de Hacienda. Alfonso Jiménez Palacios, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación; y, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, están bajo la lupa de la juez por su presunta responsabilidad en un total de trece contratos que, supuestamente, se «salían del procedimiento habitual», incluso, previsto para unas fechas de máxima urgencia.

310 millones de euros públicos para la compra de material sanitario a empresas chinas, sin examinar su idoneidad

Varias empresas chinas de las beneficiadas por la firma «no contaban» con los estándares mínimos requeridos para este tipo de contratos de material sanitario, según la información que Vox puso a disposición judicial. «En el Juzgado nos aclararon que esas empresas fueron facilitadas por el embajador de España en Pekín», apuntaba la responsable jurídica de Vox, Marta Castro. En algunas de las empresas «el objeto social era diferente» de los servicios que estaban prestando «y carecían de experiencia» previa en el ámbito sanitario. Además, «no tenían contactos» ni, tampoco «trabajadores dados de alta», según los datos que obran en poder de la juez instructora del caso.

El hermano de la presidenta de Madrid

Pese a que es la operación de menor importe de todas las que están siendo fiscalizadas, el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de que investigaría los contratos suscritos entre la Comunidad de Madrid y una empresa para la que el hermano mayor de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, habría realizado gestiones profesionales en la compra de material sanitario por valor de 1,5 millones de euros -de los que éste cobró honorarios por valor de 55.850 euros- provocaba todo un tsunami mediático.

El pasado 22 de ferbrero, la Fiscalía tomaba la decisión -en pleno escándalo sobre el presunto «espionaje» de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -al hilo de un contrato «de urgencia» suscrito entre la Administración regional y la empresa Priviet Sportive SL, de la que es proveedor Tomás, el hermano mayor de la mandataria madrileña- el Ministerio Público decretaba a apertura de una investigación.

El Debate avanzó que se reclamaría el contrato por importe de 1,5 millones de euros bajo sospecha de la oposición política, y del propio Partido Popular, para concluir si existen indicios de delito, tanto en la tramitación del mismo como en la contraprestación, de las gestiones realizadas en China para la adquisición y la logística de entrega de la mercancía, un total de 250.000 mascarillas FPP2-3. No en vano, los socialistas madrileños, Unidas Podemos y Mas Madrid presentaban una denuncia ante el Departamento de Dolores Delgado señalando tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en la actuación de la líder del Ejecutivo.

Según los datos oficiales, el documento fechado el 30 de junio de 2020 en el que se centran todas las miradas vino derivado de las gestiones para la compra de mascarillas que fueron vendidas a la Comunidad de Madrid a 5,00 euros la unidad, cuando los precios en origen se fijaban por el método de la subasta, y en un momento en el que otros proveedores las colocaron en el ente autonómico, y en otros entes, a 10,50 euros. Los expertos han desmontado, desde un comienzo, las presuntas irregularidades

Tomás Díaz Ayuso y el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya han declarado ante el fiscal Alejandro Luzón, antes de Semana Santa, por estos hechos.

El Ayuntamiento de Martínez Almeida

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez Almeida, está determinado a defenderse del presunto engaño del que, pese a la excepcionalidad de la situación y la urgencia, presuntamente fue víctima, y con él todos los madrileños, durante los meses más duros de la crisis sanitaria del coronavirus. Dos operaciones de compraventa de mascarillas distribuidas, al menos, en cuatro contratos, están bajo el foco de la Justicia por el supuesto engaño al Consistorio de la capital en la compraventa de material sanitario en pandemia.

Tres sospechosos, los socios madrileños Alberto Luceño y Luis Medina; y el propietario de la consultora Sinclair & Wilde podrían tener que responder ante los tribunales si las pesquisas demuestran que su intermediación fue determinante para que se consumasen las estafas.

Desde que saltase a la luz pública que el hijo del fallecido Duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, y su socio Alberto Luceño estaban siendo investigados, desde 2020, por la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho más que defenderse de las sombras de duda en la gestión de los contratos gestionados desde la empresa municipal de Servicios Funerarios (SFM) para adquirir material sanitario –fundamentalmente test, guantes y mascarillas– en los primeros meses de aquel fatídico año, bajo el primer estado de alarma declarado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez encargado de investigar lo ocurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, se dirigía formalmente contra los amigos por haber intentado ocultar al Ayuntamiento de Madrid, «con engaño y animo de lucro», las elevadas comisiones que se llevaron por la venta de material sanitario en el «peor momento de la pandemia». Unos hechos por los que ambos están siendo investigados, hasta tal punto, que el magistrado decidía imponer a ambos fianzas elevadas –cerca de 900.000 euros en el caso de Luis Medina– para reservar fondos suficientes con los que hacer frente a la responsabilidad civil derivada de una posible condena por lo ocurrido.

Una segunda estafa valorada en más de un millón de euros a la que, ahora, la Policía Judicial ha puesto nombre se ciñe sobre el Consistorio madrileño que ya ha pedido al magistrado encargado de la investigación personarse como perjudicado directo en la causa.

En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid baraja la reapertura de una investigación iniciada el pasado mes de julio –y archivada provisionalmente por falta de pruebas– tras la identificación del posible autor de un supuesto delito en la venta de un lote de mascarillas defectuosas; así, como, la futura y eventual personación del Ayuntamiento en el procedimiento.

La supuesta estafa de 1,2 millones de euros estaba siendo objeto de rastreo por parte de la Policía Municipal de Madrid que, finalmente, ha conseguido dar con el proveedor estadounidense que suministró una partida defectuosa de medio millón de mascarillas al Consistorio de la capital. Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario quien, en un principio se pensó que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en dicha ciudad norteamericana, pero que ahora ha sido localizado en Madrid.