La Abogacía pide desimputar a tres altos cargos del Gobierno por contratar en «mercados no habituales» durante el covid

Varios presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y una doble vara de medir. La Abogacía del Estado, una vez más, ha salido al rescate del Gobierno en uno de los asuntos más delicados a los que el Ejecutivo se enfrenta en el ámbito judicial, relacionado con los contratos de material sanitario covid. Los letrados públicos han solicitado el archivo definitivo del proceso de investigación que mantiene abierto la titular del Juzgado número 26 de Madrid contra tres altos cargos de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de suministros, durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19. Según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, en el escrito en el que la Abogacía solicita el sobreseimiento libre de la causa, se reconoce el pago de precios excesivos –e incluso que, en alguna operación, se adquirió material defectuoso– pero en un contexto de emergencia absoluta que obligó a contratar en mercados «no habituales».

Una situación que la Abogacía entiende como razón suficiente para justificar los errores cometidos en el proceso administrativo de adjudicación de algunos de los contratos de emergencia tramitados por el Ejecutivo central, una vez declarado el primer estado de alarma, pese a que incluso para los períodos de urgencia las empresas proveedoras de material tienen que cumplir unos requisitos mínimos y legalmente exigidos.

Por el momento, la juez Concepción Jerez García, encargada de las pesquisas sobre tres funcionarios de la Administración central adscritos a los ministerios de Sanidad y de Hacienda, mantiene vivas las imputaciones sobre Alfonso Jiménez Palacios, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación; y, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia.

310 millones de euros públicos para la compra de material sanitario fueron a empresas chinas, algunas con deficiencias, sin examinar su idoneidad

La investigación que pesa sobre la Administración socialista por este asunto - y que afecta a un total de trece contratos que «se salían del procedimiento»- arrancó de manos de Vox. El partido político que lidera Santiago Abascal denunció las «irregularidades» en la actuación de los tres cargos encargados de firmar los contratos, supuestamente anómalos, «en esas fechas» y según consta en la información disponible «en el portal de Transparencia».

El embajador de España en Pekín

Varias empresas chinas, detrás de ocho de los trece contratos bajo la lupa, «no contaban» con los estándares mínimos requeridos para este tipo de contratos de material sanitario, según la información que Vox puso a disposición judicial. «En el Juzgado nos aclararon que esas empresas fueron facilitadas por el embajador de España en Pekín», apuntaba la responsable jurídica de Vox, Marta Castro.

En algunas de las empresas «el objeto social era diferente» de los servicios que estaban prestando «y carecían de experiencia» previa en el ámbito sanitario. Además, «no tenían contactos» ni, tampoco« »trabajadores dados de alta", según los datos que obran en poder de la juez instructora del caso.

Además de por este motivo, sobre el Gobierno se extiende, actualmente, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por otros tantos contratos presuntamente irregulares denunciados por el equipo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, asignados a 7 empresas distintas, y vinculados a familiares y amigos de, al menos, tres ministros de Pedro Sánchez: el extitular de Sanidad, Salvador Illa; la vicepresidenta Nadia Calviño; y, el exministro de Transporte, José Luis Ábalos.