La Audiencia Nacional sitúa el espionaje a Sánchez en el marco de la crisis con Marruecos por Ghali

El juez instructor del caso Pegasus ha puesto, sin saberlo, el foco en la teoría que apunta a que el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del software israelí Pegasus, presuntamente, tuvo su origen en Marruecos. Según las fechas acotadas por el magistrado en el auto de apertura de diligencias previas que se ha hecho público este martes –el 19 y el 31 de mayo de 2021– el móvil de Sánchez fue infectado apenas dos días después de que se desatase la crisis migratoria con el reino alahuí: el 17 de mayo del pasado año, en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, más de 8.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes menores de edad, cruzaban sin control a territorio español ante la pasividad de la policía del país vecino. Una situación que provocó un incidente diplomático sin precedentes.

La decisión previa del Gobierno español, que sigue actualmente judicializada, de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo de coronavirus, para ser tratado en secreto en un hospital de Logroño soliviantaba a un régimen marroquí que reaccionó, horas después de conocerse la maniobra del Ejecutivo, con una entrada masiva de ciudadanos no autorizados a través de nuestras fronteras.

Si bien Marruecos se apresuraba a negar este extremo en un comunicado de su Ministerio de Exteriores en el que se recogía como el «fondo de la crisis» diplomática con España –más allá del hecho puntual de la polémica llegada del líder del pueblo saharaui– se centraba en la histórica posición de nuestro país respecto del Sáhara Occidental. «La crisis no está limitada al asunto con un hombre. No comienza con su llegada ni terminará con su partida», apuntaba entonces Rabat. El germen de las tensiones fue la llegada de Ghali a espaldas de nuestros socios de la Unión Europea y en contra de los intereses españoles con Argelia.

La posible implicación de Marruecos en el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles –denunciado por La Moncloa, a través de la Abogacía del Estado– a la que apuntaban fuentes jurídicas y de la Inteligencia consultadas por El Debate, parecen acotarse tras las fechas recogidas por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama en el auto de apertura de diligencias previas de investigación que se ha conocido este mismo martes.

De confirmarse que el espionaje fue ordenado desde el país que dirige Mohamed VI la imagen del presidente del Gobierno quedará muy comprometida, apenas mes y medio después de que Sánchez reconociese el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

No en vano, más allá del primer incidente cuyas fechas se solapan –entre el 17 y el 19 de mayo de 2021– Rabat difundía una nota oficial justo un día antes de que el líder del Frente Polisario compareciese, en la Audiencia Nacional, para declarar sobre los términos y las condiciones de su llegada a España previa cobertura del mismo Estado que, 45 días más tarde, cambió la política exterior de los últimos cincuenta años respecto del Sáhara.

La segunda infección del móvil

Por primera vez, aquel 31 de mayo de 2021 en el que se produjo la segunda extracción de información del móvil de Pedro Sánchez, Rabat expresaba de manera abierta y explícita que la Unión Europea debía salir de su «zona de confort» respecto al Sáhara Occidental. Entonces hubo una mención expresa a las expectativas de Marruecos al respecto del histórico protectorado español y una exigencia concreta para que España emitiese una aclaración, «sin ambigüedades» de «sus posiciones», en relación al territorio en disputa.