Dolores Delgado se enfrenta a las primeras elecciones al Consejo Fiscal desde su llegada

No es el mejor escenario posible para Dolores Delgado desde que llegase a su cargo como fiscal general del Estado. Los fiscales afrontan la elección de los que serán los vocales del Consejo Fiscal durante los próximos cinco años en un contexto en el que la titular del Departamento ha estado envuelta en todo tipo de polémicas y durante el que la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) ha interpuesto un total de tres pleitos contra la exministra socialista de Justicia.

Los pronósticos apuntan a que la AF podría mejorar en uno el número de cinco miembros con los que actualmente cuenta en el Pleno del órgano de representación del Ministerio Público e, incluso, a que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) podría hacerse con uno de los nueve electos que lo integran. Un escenario en el que fuentes próximas a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció Delgado durante su etapa como fiscal– no ocultan su preocupación. La entidad profesional de corte progresista podría salir gravemente perjudicada y quedar mermada en el seno de un Consejo Fiscal cuyas decisiones, pese a no ser vinculantes, apuntan el sentido más idóneo a las posiciones de la fiscal general en los asuntos que debate.

No en vano, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo que asesora a Delgado, en materias clave como son los nombramientos. Además, elabora los informes relativos a los proyectos legislativos que luego se envían a las Cortes. Está compuesto por doce miembros, tres de ellos natos: la fiscal general, el teniente fiscal del Supremo y el fiscal jefe de la Inspección -ambas recientemente designadas de entre los asociados de la UPF- a los que se suman nueve vocales que son elegidos cada cuatro años por los 2.500 miembros de la Carrera, en elecciones directas.

La última hornada de nombramientos propuestos por el Consejo Fiscal, el pasado 24 de marzo –y que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros– ha puesto en el punto de mira cómo del total de 33 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, un total de 16 que forman parte de la asociación progresista han llegado, precisamente, porque la actual titular de la Fiscalía así lo ha determinado en un descarado favoritismo a favor de la asociación a la que ella misma perteneció.

Las polémicas que salpican a Delgado

Delgado ostenta el dudoso honor de haber sido la primera fiscal general condenada en costas por mala fe, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por maniobrar dolosamente en contra de uno de sus fiscales, Ignacio Stampa. No sólo Delgado mintió al Consejo Fiscal, máximo órgano de la Carrera, sino que obligó a mentir a su mano derecha, el secretario general, Álvaro García Ortiz, para encubrirla.

A ello, se unía el proyecto socialista por el que «si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribuna Supremo una vez se produzca su cese». La enmienda número 603 que el Grupo socialista en el Congreso ha presentado al texto sobre la reforma del Gobierno a la Ley Concursal para modificar, por la puerta de atrás, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se ha convertido en una nueva polémica para la ya maltrecha reputación de Dolores Delgado.

Una coletilla que el Ejecutivo «colaba» en la revisión normativa y con la que los socialistas tratan de blindar el ascenso de Delgado actualmente en comisión de servicio –que ostenta la segunda categoría en el escalafón de la Carrera Fiscal, con última plaza, desde 2004, en la Audiencia Nacional– para que una vez termine su mandato, dentro de cuatro años, se «recoloque con la más alta categoría posible». La maniobra volvía, una vez más, a sublevar a los fiscales contra ella.

Su relación personal con el exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, del que es pareja sentimental, han comprometido, en más de una ocasión la imparcialidad de la institución que dirige. Además, el despacho madrileño Ilocad, del que es administrador único el exjuez Garzón, y al que la empresa pública petrolera de Venezuela (PDVSA) pagó cerca de 9 millones de euros, según desveló El Debate en exclusiva, suscribió un convenio de «coordinación con la Fiscalía y Tribunales», Fiscalía en manos de su pareja, Delgado y cuya vinculación tenía toda la apariencia de un intento de utilizar los contactos personales para conseguir clientes. Un tipo penal: tráfico de influencias.

Además, en el seno del 'caso Stampa', el despacho de abogados que dirige el antes magistrado tiene presencia, ya que ejerce la representación legal de dos de los acusados en la macrocausa Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional. Dicha presencia condicionó, supuestamente, en parte, el interés de Delgado en la intervención del expediente del fiscal, apartado fulminantemente del proceso. Unas conexiones que en cualquier otra circunstancia habrían sido motivo suficiente para que el fiscal general se inhibiese de cualquier intervención o participación y de las que no informó en ningún momento.