Comisión de Secretos Oficiales
La directora del CNI aporta 18 autorizaciones judiciales para espiar a los independentistas
La Comisión de Secretos Oficiales celebra la primera reunión con la presencia de Bildu y ERC
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, habría llevado a la Comisión de Secretos Oficiales las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo por las que se permitía el espionaje de los líderes independentistas catalanes y, al menos, tres vascos. En concreto, serían las autorizaciones para controlar los teléfonos de 18 personas relacionadas con el independentismo catalán, según mencionan diversos medios, aunque la cifra que aporta Citizen Lab, el laboratorio que descubrió los ataques del software elevó la cifra a 65. El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha desvelado que la directora del CNI ha reconocido que las demás vigilancias han podido surgir de «gobiernos extranjeros o de organismos del Estado».
De esta forma, pretende justificar el espionaje a independentistas catalanes mediante el software Pegasus y cuya publicación en la revista New Yorker, citando fuentes de Citizen Lab, a mediados de abril ha levantado la enésima polémica de este Gobierno y el enfrentamiento entre los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La directora del CNI, Paz Esteban ha acudido este jueves a la primera reunión de la Comisión de Secretos Oficiales a la que acuden representantes de formaciones independentistas como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
Estos independentista ya mostraron sus reticencias a la información que iba a ser aportada por la directora del CNI. Así, el representante de ERC, Gabriel Rufián, ya ha dicho a la llegada a la reunión que no esperaba «nada» y no veía con buenos ojos que la Comisión se celebrara a puerta cerrada y los diputados no puedan decir nada a su finalización.
Los socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ya se adelantaron a pedir la dimisión tanto de la directora de los servicios de inteligencia como de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.
Pero la aportación de las autorizaciones judiciales para el espionaje podría echar al traste las intenciones de los independentistas de quitarse de encima a la ministra más constitucionalista del Gobierno. Por lo que tendrán que aferrarse a la polémica que lanzó el propio Gobierno para tapar el escándalo del espionaje a los catalanes.
El pasado lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convocó una rueda de prensa urgente para informar que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Margarita Robles también habían sido objeto de un espionaje con Pegasus.
Pero lo que pretendía ser una cortina de humo ha provocado un perjuicio, si cabe, mayor para el Gobierno ya que ha dejado en evidencia la mala gestión de la seguridad tecnológica en unos terminales tan importantes como los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa y ha sacado a la luz las desaveniencias no ya entre los dos partidos socios de Gobierno, sino entre los ministros del propio PSOE.