La Abogacía espera los informes del CNI para ampliar la denuncia del espionaje a otros ministros

La Abogacía del Estado prepara la ampliación de la denuncia planteada en nombre del Gobierno, que instruye el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para incorporar a la misma «cualquier novedad que se produzca» con el transcurso de los días. Entre ellas, las posibles infectaciones sufridas por los teléfonos de otros ministros –la extitular de Exteriores, Arancha González Laya y el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska– todavía sin confirmar por la Moncloa que tampoco lo ha querido desmentir.

Lejos de aplacarse, el escándalo que rodea al presunto espionaje de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa crece como un suflé en lo judicial. Consciente de ello, el juez encargado de la causa avanza para averiguar el quién y el porqué del hackeo a los teléfonos oficiales de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, tras decretar, este mismo jueves, el secreto de las diligencias durante un mes. El magistrado quiere proteger las pesquisas que, en coordinación con la Fiscalía, se practicarán en los próximos días sin filtraciones que las pongan en peligro o que dejen al descubierto la información sensible del Estado que pudiera trascender.

Los letrados públicos están prevenidos y a la espera. Sobre la mesa, sendas cuestiones: los nombres del resto de los miembros del Gobierno que fueron espiados; y, la posibilidad de que Sánchez y Robles, como les ha ofrecido el juez a instancias de la Fiscalía, se personen como perjudicados en el proceso.

En cuyo caso, las pesquisas más preliminares, las que apuntan a una autoría marroquí del espionaje, ganarían enteros y cerrarían el círculo de los implicados con responsabilidades en áreas en las que las decisiones influyen en la relación con el reino alauí.

Así lo apuntó el propio juez instructor del caso Pegasus, sin saberlo, al poner el foco en la teoría que apunta a que la infectación de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del software israelí Pegasus, presuntamente, tuvo su origen en Marruecos.

Según las fechas acotadas por el magistrado en el auto de apertura de diligencias previas –el 19 y el 31 de mayo de 2021– el móvil de Sánchez fue infectado apenas dos días después de que se desatase la crisis migratoria con el reino alauí: el 17 de mayo del pasado año, en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, más de 8.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes menores de edad, cruzaban sin control a territorio español ante la pasividad de la policía del país vecino. Una situación que provocó un incidente diplomático sin precedentes.

La decisión del Gobierno español, que sigue judicializada, de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo de coronavirus, para ser tratado en secreto en un hospital de Logroño soliviantaba a un régimen marroquí que reaccionó, horas después de conocerse la maniobra del Ejecutivo, con una entrada masiva de ciudadanos no autorizados a través de nuestras fronteras.

Si bien Marruecos se apresuraba a negar este extremo en un comunicado de su Ministerio de Exteriores en el que se recogía como el «fondo de la crisis» diplomática con España –más allá del hecho puntual de la polémica llegada del líder del pueblo saharaui– se centraba en la histórica posición de nuestro país respecto del Sáhara Occidental. «La crisis no está limitada al asunto con un hombre. No comienza con su llegada ni terminará con su partida», apuntaba entonces Rabat. El germen de las tensiones fue la llegada de Ghali a espaldas de nuestros socios de la Unión Europea y en contra de los intereses españoles con Argelia.

La dificultad de atribuir la autoría

Así las cosas, fuentes judiciales consultadas por El Debate apuntan a las serias dificultades a las que se enfrenta el juez instructor, en una investigación donde la clave, más allá de averiguar lo ocurrido, está en atribuir la autoría de los hechos presuntamente delictivos. Esto es, averiguar quiénes fueron los autores de los 'pinchazos'. Tanto la opacidad del sistema de escucha empleado como la nacionalidad isarelí de la empresa creadora del mismo, la israelí NSO Group, complican, de entrada, el objetivo.