Una comisión rogatoria al fabricante de Pegasus: la baza del juez para dar con los autores del espionaje

El escándalo desatado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al confirmar en una rueda de prensa urgente que al menos dos móviles del Gobierno habían sido espiados, precipitó los acontecimientos. La Abogacía del Estado presentaba una querella, a instancias del Gobierno, sobre la infectación sufrida por los terminales oficiales del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, mediante el sistema Pegasus. La causa judicial recaía en el titular del Juzgado Central del Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien ya trabaja, en secreto, para depurar responsabilidades. Su baza más probable: librar una comisión rogatoria internacional a Israel –sede principal de la compañía NSO Group propietaria del software– y otra vía Luxemburgo –donde se encuentra domiciliada la filial europea de la firma–. El magistrado trataría, así, de acceder no sólo al listado de clientes por licencias vendida, sino también de conocer si una vez vendidas la empresa fabricante mantiene algún tipo de control, rastreo o seguimiento sobre el uso y aplicación de las mismas.

No en vano, fuentes jurídicas consultadas por El Debate han puesto el foco de las pesquisas en la dificultad de averiguar quiénes fueron los autores del espionaje –un dato esencial para poder formular acusaciones y depurar responsabilidades– no sólo por la propia falta de transparencia del mecanismo de escucha, sino por el blindaje legal tanto de su propietaria, la israelí NSO Group Technologies LTD, como de sus filiales Q Cyber Technologies LTD y Osy Technologies SARL que serían las tres empresas requeridas por el oficio exterior del juez Calama.

La estrategia que baraja el magistrado sería dirigirse tanto a las autoridades belgas como a las israelíes, a través de sendas comisiones rogatorias, para poner la investigación en conocimiento de las autoridades judiciales competentes en cada uno de los países de destino y recabar su colaboración para dictar, in situ, los permisos correspondientes para acceder a la información deseada. Además, la apertura de la vía internacional le permitiría notificar sus actuaciones y habilitar la toma de declaración, en calidad de investigados a los representantes legales de la belga Osy Technologies SARL.

Otras fuentes expertas en la materia señalan que, en sede doméstica, podría pedir que el punto neutro judicial recopile todos los datos económicos y bancarios que existan en España respecto a los titulares de las licencias y los contratos vigentes. Esto es, los contratos vigentes entre las tres mercantiles señaladas y los tres hombres tras ellas: Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie –de cuyas iniciales toma su nombre la matriz de Pegasus– en nuestro país.

La pista marroquí

Hasta la fecha, la única certeza que tiene el instructor José Luis Calama son las fechas en las que los servicios especialistas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ubican el acceso no autorizado a los terminales móviles de Sánchez y Robles, aunque todo apunta a que no fueron los únicos hackeados. Así lo hizo constar el juez en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Abogacía del Estado y apertura de diligencias previas.

El 19 y el 31 de mayo de 2021 se produjeron las dos entradas al móvil de Sánchez, apenas dos días después de que se desatase la crisis migratoria con Marruecos: el 17 de mayo del pasado año, en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, más de 8.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes menores de edad, cruzaban sin control a territorio español ante la pasividad de la policía del país vecino. Una situación que provocó un incidente diplomático sin precedentes.

La posible implicación de Marruecos en el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles –denunciado por la Moncloa– a la que apuntan fuentes jurídicas y de la Inteligencia consultadas por El Debate, parecían acotarse tras las fechas recogidas por el magistrado.

De confirmarse que el espionaje fue ordenado desde el país que dirige Mohamed VI la imagen del presidente del Gobierno quedará muy comprometida, apenas mes y medio después de que Sánchez reconociese el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental y lo entregase, tras más de cuarenta años de posición contraria del Estado español, sin exigir nada a cambio.