La voracidad sanchista
Sánchez consuma el abordaje del CNI y ya mira al Constitucional como siguiente víctima
«Responsables, trabajadores, generosos, profesionales». La ministra de Defensa se deshizo este martes en elogios hacia los agentes del CNI, la última institución del Estado en sufrir la dentellada de Pedro Sánchez después de ocho días de descrédito, inducido desde los despachos de la Moncloa.
Pudo haber sido peor, porque inicialmente el presidente del Gobierno tuvo la tentación de colocar a alguien más afecto a la causa sanchista, aunque finalmente triunfó la opción de Esperanza Casteleiro como la menos mala. Para no agravar el malestar de los 3.000 trabajadores de la casa y para dar una salida a Margarita Robles: designando a su hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Sánchez ha querido que parezca que la ministra estuvo conforme desde el principio.
La oposición lamentó este martes que Sánchez siga «debilitando una vez más al Estado» para sobrevivir y calmar la voracidad del independentismo. Porque el CNI es solo una muesca más en la trayectoria del presidente.
La Constitución que tan poco gusta a los socios del socialista establece en su primer artículo que los poderes del Estado emanan del pueblo español. Y, sin embargo, no hay poder, institución, organismo o incluso empresa pública que el presidente no haya colonizado. Por las buenas o por las malas.
El CIS
Una de sus primeras decisiones tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy fue designar al secretario de Estudios y Programas del PSOE al frente del CIS. José Félix Tezanos trató de compatibilizar ambos cargos, hasta que le quitaron la idea de la cabeza. Desde entonces el Centro de Investigaciones Sociológicas ha perdido su prestigio en cada barómetro.
La Fiscalía General del Estado
A la Fiscalía General del Estado la tiene bajo control desde que, al comienzo de la legislatura, designó a la ministra de Justicia saliente como fiscal general. Entre sus servicios al presidente se encuentra haber frenado todas las querellas presentadas contra miembros del Gobierno por su gestión de la pandemia y dilatar los plazos de la triple investigación contra Juan Carlos I.
La Monarquía
A la Monarquía la acaba de encorsetar Sánchez en un real decreto en materia de transparencia que, entre otras cosas, obligará a la Casa Real a someterse a un interventor del Estado. Además del papel clave que tuvo Sánchez en la salida de España del ex jefe del Estado y sus intentos por mantener a Felipe VI en un plano discreto.
La Abogacía del Estado
Con la Abogacía del Estado no ha habido disimulo. Sánchez la ha utilizado para declarar los dos estados de alarma que después el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales, y para defender a la exministra Arancha González Laya en el caso Ghali, por si acaso tuviera la tentación de contar algo que no debe.
Y, por el contrario, la ha desactivado en dos causas contra el independentismo: en la seguida por el Tribunal de Cuentas por la presunta malversación de la Generalitat con su red de embajadas en el exterior y en la del TSJC por el 25 % de castellano en las aulas catalanas. En el primer caso la Abogacía no se personó y en el segundo pudo haber pedido la ejecución forzosa de la sentencia y no lo hizo.
El Tribunal de Cuentas
Precisamente el Tribunal de Cuentas es otro de los órganos tomados por Sánchez. En esta ocasión, con la connivencia del PP, que pactó el reparto de magistrados en noviembre. Desde que Enriqueta Chicano lo preside, el Tribunal de Cuentas ha enfriado la causa contra el independentismo, que cree que va a salir indemne también de ésta.
El CGPJ
Al CGPJ lo merodea desde hace dos años, pero de momento sigue sin haber acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. A principios de 2021, el presidente hizo un intento de cambiar la mayoría exigida para la elección de sus miembros (de tres quintos de las Cortes a mayoría absoluta) para no tener que necesitar al PP. Pero la Comisión Europea le paró. Así que lo que hizo el Gobierno fue maniatar al CGPJ aprobando una reforma de la Ley del Poder Judicial –en marzo de 2021– por la que Carlos Lesmes y los vocales no pueden aprobar nombramientos estando en funciones.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
A mayores, el Gobierno ha hecho caso omiso a varios informes del CGPJ críticos con algunos proyectos de ley de la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Entre ellos, los de la Ley Trans, la Ley de Vivienda y la Ley de Libertad Sexual (la del solo sí es sí).
El Tribunal Supremo
Al Tribunal Supremo directamente lo desautorizó indultando a nueve condenados del procés en contra del criterio del alto tribunal. En un duro informe, este último aseguró no apreciar «razones de justicia, equidad y utilidad pública» en la decisión del Gobierno, que son las tres recogidas en la Ley del Indulto.
El Tribunal Constitucional
Con el Tribunal Constitucional apenas ha empezado. En octubre pactó la renovación de cuatro magistrados con Pablo Casado, pero aquel reparto no alteró la mayoría del TC, que ha seguido siendo conservadora. Es ahora, en junio, cuando el presidente aspira a entrar con todo: vence el mandato de otros cuatro magistrados, tres del bloque conservador y uno del progresista. Su renovación, ésa sí, garantizaría al PSOE la mayoría.
En la reunión que Sánchez y Feijóo mantuvieron en abril en la Moncloa, la renovación del Constitucional fue una de las 11 peticiones que el presidente trasladó al líder de la oposición.
El Congreso
En el Congreso son de sobra conocidos los servicios de su presidenta, Meritxell Batet, al presidente. El último fue retorcer el reglamento para meter con calzador a ERC, Bildu, la CUP y Junts per Catalunya en la Comisión de Secretos Oficiales.
El Jemad
Sin salir del Ministerio de Defensa, en enero de 2021 Sánchez hizo dimitir al general Miguel Ángel Villarroya acusado de saltarse la cola de vacunación, cuando en realidad siguió un protocolo interno. Y designó almirante general Teodoro López Calderón.
La Guardia Civil
Y, en la Guardia Civil, el Gobierno purgó al jefe de la Jefatura de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por negarse a informar al ministro Fernando Grande-Marlaska del curso de la investigación sobre la manifestación del 8 de marzo de 2020, en la que estaba imputado el entonces delegado del Gobierno en Madrid (después exonerado).
Las empresas públicas
En las empresas públicas también ha colocado a los suyos. Empezando por Correos, siguiendo por Red Eléctrica, Hispasat, Navantia y acabando por Indra. La consejera delegada de la tecnológica, Cristina Ruiz, dimitió en abril harta de las presiones del presidente de la compañía, Marc Murtra, al que Sánchez situó allí en mayo de 2021 para hacerse con el control. Y también lo ha conseguido.