Pedro Sánchez impone por decreto a funcionarios públicos en la Casa del Rey

La famosa Ley de la Corona anunciada a finales del 2020 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha llegado, o al menos, con rango reglamentario. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que ha reformado la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Una norma con rango legal que impondrá a un interventor del Estado y a un diplomático en el seno de la institución monárquica.

Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este instrumento homologa a la monarquía española «a los estándares de otras casas reales de Europa».

Que la Casa del Rey obtuviera un sobresaliente en el último informe del Consejo de Transparencia no ha sido suficiente. Tampoco que el Rey hiciera público su patrimonio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trabajado durante meses junto a la Monarquía para mejorar su «transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, ejemplaridad y dar respuesta a lo que la ciudadanía pide», ha señalado Bolaños.

Así, la nueva norma responde a tres bloques. En primer lugar, bajo la iniciativa de mejorar la «transparencia y rendición de cuentas» se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones que realice la Casa del Rey, la obligación de aprobar unas nuevas Instrucciones de Contratación y de publicar en su web la regulación del procedimiento presupuestario y de contabilidad.

También se prevé que las cuentas sean auditadas por el Tribunal de Cuentas y se publicará también en la web de la Casa del Rey toda la información presupuestaria, retributiva, así como los regalos regalos institucionales o la memoria anual de las actividades realizadas.

Bajo el paraguas de «eficiencia y vocación de servicio público», se instauran convenios de colaboración con la Abogacía del Estado para el servicio de asesoramiento jurídico» y se abre «la posibilidad de ir constituyendo otros» con «distintos órganos de la Administración General del Estado». Por otro lado, la Oficina de Intervención de la Casa Real será ejercida por un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. El consejero diplomático deberá ser un funcionario de la Carrera Diplomática. Por último, se otorga rango legal al servicio sanitario prestado por la Guardia Real.

Respecto de la «ejemplaridad», se exigirá al personal de la Casa que ejerza sus funciones «de acuerdo con el código de conducta que rige» en la misma. Entre dichos principios, llama poderosamente la atención por ejemplo, el de «la protección del medio ambiente» o el de «la igualdad entre hombres y mujeres». Además, el «personal de alta dirección deberá publicar anualmente su declaración de bienes», como actualmente ocurre con el resto de altos cargos del Estado por exigencia de la Ley de Transparencia de 2015.

Dentro de este último apartado también destacan las nuevas reglas aplicables a los regalos percibidos por la Casa del Rey: «Todos los regalos serán custodiados para valorar si permanecen en la Casa, si pasan a Patrimonio o si se donan a entidades sin ánimo de lucro».

La ejemplaridad de Felipe VI

Esta negociación pactada, según el Gobierno, con la institución de Don Felipe, viene a poner negro sobre blanco una praxis ya realizada por la institución monárquica. La Casa del Rey ya publicaba su información económica, presupuestaria y estadística; el reparto de su asignación presupuestaria y hasta su patrimonio personal.

Además, a diferencia de otros órganos constitucionales, Don Felipe asumió el incremento de los costes salariales de su personal durante 2019 y 2020, cuando su presupuesto fue congelado. De hecho, el aumento recibido en 2021 fue directo a salvar dicho sobrecoste.

Por otro lado, este 2022, el incremento salarial de la Familia Real (de un 2 %) se produjo en consonancia con el previsto en los presupuestos de este año para las retribuciones de determinados altos cargos del Gobierno de la Nación, algo menos de una tercera parte de lo que subió el IPC en 2021.