El Pleno del Constitucional se abre a revisar la retirada del escaño de Alberto Rodríguez

El Constitucional revisará los dos recursos planteados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Supremo, que le condenó por patear a un policía;y, contra la decisión de la presidenta del Congreso -la socialista Meritxell Batet- de retirarle el acta parlamentaria. El escaño de Rodríguez, vacante desde entonces, ha quedado pendiente de la futura y eventual decisión que los magistrados del órgano constitucional tomen sobre el fondo de ambos asuntos, reunidos en el próximo Pleno quincenal.

El Tribunal de Garantías ha dado luz verde a la petición del exparlamentario de supervisar, en amparo, por una parte, la adecuación del fallo de la Sala Segunda que le sentenció a un mes y medio de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo públio durante período equivalente, por un delito de atentado contra la autoridad cometido en Canarias, en 2014. Por otra, la legalidad de la resolución de Batet que le dejó sin cargo, tras una agria polémica política y judicial que llegó a enfrentar, en clave institucional a la titular de la Mesa del Parlamento con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Manuel Marchena.

Los ponentes designados para redactar las sentencias han sido el magistrado Santiago Martínez-Vares y la magistrada María Luisa Balaguer, respectivamente.

Un precedente para Batet

Por primera vez desde que se renovase el Constitucional, la admisión de sendos amparos ha suscitado un amplio debate en el Pleno del Tribunal que, desde la llegada de Pedro González -Trevijano a la Presidencia, venía asumiendo sus decisiones con mayorías muy amplias sino unánimes. Así lo han apuntado a El Debate fuentes próximas al órgano de Garantías.

La división se habría dado entre el bloque progresista, encabezado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, partidario de atender sólo el recurso que afecta a la resolución judicial, dictada por sus colegas del Alto Tribunal, con Marchena al frente; y, el conservador que, o bien se inclinaba por aceptar ambas custiones o, como mínimo, consideraba claro hacerlo sobre la que afecta a la posición de Batet quien, en el seno de un órgano colegiado -como es la Mesa del Congreso de los Diputados- acordó, unilateralmente, aplicar a Rodríguez la retirada de su condición como diputado.

En este último caso, además, el interés del recurso presentado por el afectado tiene un doble interés. El que afecta a su situación personal y el precedente que supondrá, a futuro, la respuesta del Constitucional a la actuación de la socialista, para otras situaciones similares vividas en sede parlamentaria, como la del también diputado, el popular Alberto Casero. En este último caso, la presidenta del Congreso le retiró la posibilidad de anteponer su voto presencial, al telemático ya emitido, en la convocatoria que salvó, gracias a su «error», la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.