Dos recursos contra la inhabilitación de Alberto Rodríguez enfrentan al Constitucional por primera vez

Una vez el Supremo ha resuelto no admitir la querella presentada contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras acusar de «prevaricación» a los magistrados que condenaron a su compañero de filas Alberto Rodríguez por patear a un policía en 2014, ha llegado el turno del Constitucional. El Tribunal de Garantías ha recibido dos recursos del ya exdiputado de Podemos: contra la sentencia del Alto Tribunal que, por inhabilitación sobrevenida, provocó que perdiera su escaño en el Parlamento; y, contra la decisión de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, por retirarle el asiento. Por primera vez desde que se renovase el Constitucional, la admisión de sendos amparos podría provocar el enfrentamiento del Tribunal de Garantías.

Según han confirmado a El Debate fuentes próximas al órgano constitucional, la división estaría entre el bloque progresista, encabezado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, partidario de atender sólo al que afecta a la resolución judicial, dictada por la Sala del Supremo que preside Manuel Marchena; y, el conservador que, o bien se inclina por aceptar ambos textos o, como mínimo, considera claro hacerlo sobre el que afecta a la posición de Batet quien, en el seno de un órgano colegiado -como es la Mesa del Congreso de los Diputados- acordó, unilateralmente, aplicar a Rodríguez la retirada de su condición como diputado.

En este último caso, además, el interés del recurso presentado por el afectado tiene un doble interés. El que afecta a su situación personal y el precedente que supondrá, a futuro, la respuesta del Constitucional a la actuación de Meritxell Batet, para otras situaciones similares como la del también diputado, el popular Alberto Casero, a quien la presidenta del Congreso retiró la posibilidad de anteponer su voto presencial, al telemático ya emitido, en la convocatoria que salvó, gracias a su «error», la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

En aquella ocasión, la socialista Batet resolvió sin consultar al pleno de la Mesa y, por lo tanto, incumpliendo el mandato legal que da al órgano de gestión del Parlamento un carácter colegiado. Esto es, la titularidad se confía a un conjunto de personas físicas que concurren a formar la voluntad del órgano.

Consenso mayoritario y unanimidad

Hasta la fecha -y sin perjuicio de que se conozca la posición definitiva del Constitucional sobre los asuntos del exdiputado de Podemos, no antes de Semana Santa- el desde la renovación del órgano se ha mantenido el consenso mayoritario en las decisiones. No en vano, la línea jurisdiccional marcada por su actual presidente, Pedro García-Trevijano, para que las mayorías amplias, si no la unanimidad, fuesen la tónica general del órgano bajo su mandato, ha venido cumpliéndose en los asuntos que, dos veces al mes, se tratan en Pleno.

Las causas de más trascendencia política no han sido una excepción y así lo han puesto de manifiesto las decisiones adoptadas, hasta la fecha, en los recursos de los políticos catalanes contra la sentencia del 'procés', la inhabilitación como presidente de la Generalitat de Quim Torra o las acordadas, por ejemplo, en materia de intervención del Gobierno, con los estados de alarma, y de Cataluña, en materia de vivienda y alquiler.

En las ocasiones más recientes, las Salas Primera y Segunda del Constitucional se reunieron en una nueva convocatoria jurisdiccional para abordar, entre otras cuestiones, las acciones presentadas por las entidades Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a ambas organizaciones en el marco del juicio del 'procés'. En ambos casos, por ejemplo, los ponentes, los magistrados Enrique Arnaldo y Antonio Narváez presentaron una línea de trabajo que ha encontrado el respaldo mayoritario del Pleno a los dos borradores dfinales del texto de la resolución.

Unos amplios apoyos que, según avanzaban fuentes próximas al órgano constitucional, se mantendrían, como así fue, en el marco de las deliberaciones del Pleno del pasado día 9 de marzo, en los asuntos de más calado político.