La Generalitat y su desobediencia con las sentencias sobre el castellano: una larga historia de incumplimientos

Se estrecha el cerco para el gobierno de la Generalitat, que tiene de margen hasta el 31 de mayo para enviar instrucciones a los centros educativos con el objetivo de que cumplan con la llamada sentencia del 25% de castellano. Es decir, que al menos una asignatura troncal más se dé en castellano en todas las escuelas de Cataluña. De momento, el Govern está usando todos los recursos que tiene a su alcance para no tener que hacerlo. Ha presentado ya un recurso de reposición contra la interlocutoria del TSJC en relación a la ejecución forzosa de la sentencia, y además está estudiando otras medidas, también desde el ámbito legislativo.

Pero lo cierto es que las cosas no están ni mucho menos claras. Ni siquiera hacer una nueva Ley de Política Lingüística, porque en palabras del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, si «se abre el melón» se corre el riesgo de que pueda ser recurrida». Y es que la alternativa que se había puesto sobre la mesa, la reforma de la ley actual, una reforma que pactaron Junts, ERC, los comunes y el PSC, está en el aire después de que Junts se descolgara definitivamente del acuerdo. Y los republicanos no saben por dónde tirar: si respetar ese acuerdo u optar por la mayoría independentista del Parlament. Y ni unos ni otros tienen muy claro que esa reforma o cualquier otra iniciativa vaya a ser suficiente para esquivar el fallo judicial.

Y no hay que perder de vista el plazo dado por el tribunal. El Consejero de Educación tiene hasta el 31 de mayo. De no cumplirse, a partir de esa fecha «vienen las consecuencias penales y de otra índole», y no sólo para el consejero, sino también para los directores de los centros, en palabras del asesor jurídico de la AEB y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo. De ahí, aseguran que el Govern esté «despistado» o «acorralado», nos dicen desde la Asamblea.

Sin admitir recurso

Y en esas está la Generalitat, intentando sortear, una vez más, la aplicación de una sentencia que ya es firme desde que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso de casación que el Govern presentó contra la sentencia del TSJC que en diciembre de 2020, establecía que como mínimo, se debe dar un 25 % de las asignaturas en una de las lenguas oficiales. Eso fue a finales de noviembre de 2021.

A partir de ahí, el 22 de enero el TSJC le dio a la Generalitat un plazo de dos meses para acatar la sentencia. El Govern comunicó al tribunal que estaba en marcha el despliegue del decreto de desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña o la modificación de ley de Política Lingüística, que como decíamos, ahora mismo está en el aire. Pasado ese plazo, y en vistas de que el Govern no había movido un dedo, varias asociaciones, como la Plataforma Escuela de Todos, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, además de Ampas o padres afectados, presentaron ante el tribunal demandas de ejecución forzosa de la sentencia. Y en ese punto estamos, a la espera de que la Generalitat cumpla la sentencia del TSJC

¿Y de dónde viene la sentencia del alto tribunal catalán? Pues del recurso que presentó en 2015 la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que dirigía entonces José Ignacio Wert, para que en la preinscripción en las escuelas catalanas se contemplara también la educación en castellano, y de ello, se invocaba a la «inactividad» de la Generalitat para garantizar la enseñanza bilingüe. No se pedía ningún porcentaje, y fue el tribunal catalán el que estableció el 25 %.

Pero también hay que remontarse a 2010 (incluso anteriormente hay otras sentencias que avalan el bilingüismo), en este caso a la sentencia del TC sobre el Estatut, en la que se decía que «el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje». Teniendo en cuenta esta cuestión, varias familias recurrieron a los tribunales y consiguieron sentencias favorables, pero la Generalitat optó por aplicar «la atención individualizada» como respuesta a estas sentencias.

Porcentaje de castellano mínimo

Unos años después, en 2014, el TSJC decidió, por primera vez, fijar un porcentaje de castellano mínimo, un 25 %, para que se pudiera considerar también como lengua vehicular en la educación y que se incluya una asignatura troncal en español más, y no sólo la de lengua castellana. Porcentaje que también avaló el Supremo y que es lo que ha permitido que varias familias fuercen a las escuelas a las que van sus hijos a que se imparta más horas en castellano.

Y algunas familias, por cierto, fueron acosadas por conseguir un fallo favorable. Fue el caso de dos alumnos del centro escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida). Otros padres convocaron protestas e incluso se animaron a no comprar en el negocio de la familia en cuestión. Al final, y a raíz de toda esta presión, los dos niños fueron a otra escuela.

Y además de este reguero de decisiones judiciales que enmendaban la plana a la Generalitat y a la inmersión lingüística, el TSJC ha ido dictando sentencias en las que ha anulado el proyecto lingüístico de varios centros educativos, de siete, al entender que no se contemplaba el carácter del castellano como lengua vehicular en la educación. La Generalitat, en estos casos, también ha instado a los centros a no cumplir con las sentencias. Y es más, el consejero de Educación instó incluso a «rebelarse» ante estas decisiones judiciales. Aunque también precisan desde la AEB, una cosa es lo que se dice públicamente y otra lo que sucede a nivel interno. Y hasta ahora, los centros, con mayor o menor agrado han ido cumpliendo como mínimo las medidas cautelares. Eso sí, en algún caso el tribunal ha citado al director del centro para que se cumplieran.