Las leyes ideológicas de Montero: un catálogo de normas en conflicto con los derechos fundamentales

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, el Gobierno «estará del lado de las mujeres» siempre que «la Justicia patriarcal» se oponga a sus leyes. La diputada de Podemos es consciente del riesgo que corre su nuevo Anteproyecto de ley del aborto –con el que el Ejecutivo trata de neutralizar la próxima sentencia del Constitucional sobre la «Ley Aído» de interrupción voluntaria del embarazo– así como de las críticas que, hasta la fecha, han recibido el resto de normas en el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cada una de ellas.

Montero llegó al Consejo de Ministros dispuesta a imponer su cuota ideológica y convertir su Departamento en la mayor fábrica de propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez aunque podría acabar la legislatura viendo cómo queda anulada si prosperan los recursos planteados por Partido Popular y Vox ante un Tribunal de Garantías que tendrá la última palabra. En juego, el conflicto de gran parte las normas -que Igualdad ha colado a trompicones- con los derechos fundamentales protegidos en nuestra Carta Magna.

Los Anteproyectos de Ley del aborto, la eutanasia o el de la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, contra el que el CGPJ fue demoledor –como ya lo había sido el precedente del «solo sí es sí»– constituyen en líneas generales, a juicio de los expertos, cuestionables ejemplos de inseguridad jurídica.

La Ley Montero del aborto

El Gobierno aprobó, el pasado martes, en Consejo de Ministros su polémico anteproyecto de Ley Orgánica de la Salud Sexual y Reproducida y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo o del aborto. Un texto provisional sobre el que continúan las negociaciones, ya que las ideas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni siquiera cuentan con el apoyo de todos los miembros de su propio Gobierno.

La nueva ley del aborto permitirá a las niñas menores de 16 años abortar sin el consentimiento de los progenitores. Y mantendrá el aborto libre a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación. Esto es, cuatro meses de embarazo.

Pero es que, además, la norma prevé la confección de una lista de objetores para identificar a aquellos médicos que se niegan a realizar un aborto por principios morales. Un mecanismo con el que se asegurarán de que, como mínimo, cada centro de salud pública cuente con un especialista que no tenga problemas éticos en practicar abortos a menores o a cualquier mujer que lo pida. Una medida que ya ha provocado las quejas de algunos colegios médicos, que la ven como un modo de señalar a los galenos que no están dispuestos a eliminar fetos y embriones humanos.

La nueva ley incluirá otras medidas, como el ya célebre «derecho a la salud menstrual» que regulará las bajas por dolor menstrual, durante hasta tres días. Fuentes del Gobierno han precisado que dichas ausencias serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y, para optar a las mismas, no se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes. También este punto es polémico y, de entrada, contó con la oposición de los ministros Nadia Calviño y José Luis Escrivá.

El último anhelo: financiar públicamente tanto los anticonceptivos hormonales como la píldora del día después. Bajo nuevas órdenes de educación sexual, los métodos anticonceptivos serían repartidos en institutos de forma totalmente gratuita.

El «sólo sí es sí»

La Ley Integral de Libertad Sexual, más conocida como «ley del solo sí es sí» protagponizó una bronca sesión en el debate parlamentario que la abordó, en el que ni PP ni Vox lograron defender con éxito sus enmiendas a la totalidad del texto, un documento en el que los ministerios de Justicia e Igualdad trabajaron conjuntamente antes de entrar en la fase final de tramitación en el Congreso y Senado.

El texto normativo busca una modificación del Código Penal con la intención de suprimir las diferencias entre abuso y agresión sexual y cambiar así «las reglas de juego» de las relaciones no consentidas, en palabras de la propia ministra Irene Montero. Su razón de ser estriba en la definición del consentimiento sexual, un propósito que la titular de Igualdad justifica en el hecho de que en España se denuncie «una violación cada cinco horas».

Algunas de las medidas que incorpora el texto son el reconocimiento del derecho de las víctimas de violencia sexual –incluyendo la prostitución– así como a la reparación del daño, la atención sanitaria, psicológica y jurídica y la creación de «centros de crisis 24 horas» y «casas de infancia» con las que intentar evitar la revictimización.

El Ministerio de Igualdad teme, ahora, que su ley esté en peligro -tras conocerse las distintas visiones que los aliados del Gobierno tienen sobre la prostitución- y presiona al PSOE para aplazar ese debate y abordarlo en otro proyecto legal. La Comisión de Igualdad abordaba, esta misma semana, el dictamen del proyecto de ley de garantía de la libertad sexual y el Ministerio que dirige la diputada de Unidas Podemos sospecha que puede haber un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre este tema que impida el consenso y ponga en riesgo su ley.

El proyecto que diseñó Igualdad plantea penalizar el proxenetismo no coactivo –esto es, sin violencia– y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución –a través de la denominada tercería locativa–. Sin embargo, el PSOE considera que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres y quiere ir más allá. Por ello, en sus enmiendas plantea que se castigue a todo aquel que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación.

Frente a este planteamiento, el feminismo que representan fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP apuestan por suprimir los artículos controvertidos, al poner el énfasis en la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse y el Partido Popular que, por el momento, no ha decidido el sentido de su voto.

Ley «Trans»

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre la futura «Ley Trans» en el que advertía sobre determinados aspectos del proyecto normativo de Irene Montero que podrían vulnerar derechos de las mujeres no transexuales y reclamaba un mayor control en el caso de los menores de 16 años que quieran cambiar de sexo. El Pleno del órgano avalaba la propuesta de los ponentes –los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea– en el dictamen sobre el anteproyecto legal elaborado por el Ministerio de Igualdad.

Aunque en líneas generales, el máximo órgano de gobierno de los jueces calificó de «loable» la finalidad del anteproyecto en su intento por garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo al que se refiere, las conclusiones definitivas arrojaron una serie de consideraciones técnicas por las que la totalidad de los miembros del CGPJ vetaban íntegramente el contenido de la norma.

El anteproyecto, concluía el CGPJ, contiene disposiciones que contradicen el derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

Con especial incidencia en «las medidas referidas al deporte, actividad física y educación deportiva. El texto de los ponentes aprecia la voluntad de garantizar el pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas trans y LGTBI en la práctica deportiva, pero considera indispensable introducir las cautelas necesarias a fin de evitar que la práctica de actividades deportivas pueda suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales, atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es».

El Pleno, en bloque, acordaba señalar en el informe su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto, ya que el órgano de gobierno de los jueces consideró que no cabía la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado. Como tampoco gustó al CGPJ el caso de los menores que quieran cambiar de sexo: el informe considera que entre los 14 y los 16 años –tal y como contempla la norma para los menores de entre 12 y 14– también debería intervenir un juez, para comprobar que el menor tiene suficiente madurez y estabilidad.

No en vano, cuando el anteproyecto legitima a los menores de entre 14 y 16 años a solicitar la rectificación registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, el Consejo advirtió de que el legislador «no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad y, en términos de proporcionalidad, con la especial primacía de su superior interés». Esa mínima exigencia no es suficiente para proteger el interés de los menores comprendidos en esa franja de edad que carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada.