El próximo fallo del Constitucional sobre el aborto podría bloquear la nueva ley de Irene Montero

No todo será un camino de rosas para el Anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –aprobado este martes en Consejo de Ministros– con el que, bajo la batuta de Irene Montero, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende neutralizar el próximo fallo del Constitucional sobre el recurso del PP contra la «Ley Aído» del aborto que lleva once años en el tintero. No en vano, el sentido de la decisión del Tribunal de Garantías podría marcar la legalidad, o no, del nuevo texto y, por extensión, su entrada en vigor.

De ello dependerá el plazo en el que se conozca el sentido del fallo que ya redacta el magistrado Enrique Arnaldo: si éste se produjese antes de que los trámites parlamentarios den luz verde a la reforma liderada por el ministerio de Igualdad, entonces, la entrada en vigor de ésta quedaría limitada a aquellas partes de la misma que «no coincidan sustancialmente» con artículos anulados de la anterior versión, apuntan a El Debate fuentes próximas al Tribunal. Para lo cual no será necesario recurrir de nuevo sino que se tramitaría como un «incidente dentro de la ejecución» de la sentencia dictada.

En caso contrario, y dado que toda ley «nace firme» y «deroga a sus precedentes», será el Constitucional el que deba renunciar pronunciarse y esperar, ahora sí, a que se interponga un nuevo recurso, contra la nueva norma, para emitir un veredicto.

«No hay un precedente similar en nuestra democracia reciente» de un escenario como el que se presenta entre el Ejecutivo y el Judicial en relación con el aborto, ha advertido el vicepresidente emérito del órgano constitucional Ramón Rodríguez Arribas. Nunca antes se había dado el caso de que un Anteproyecto de Ley optase a reemplazar a un texto legislativo recurrido del que todavía estuviese pendiente resolver su posible y eventual inconstitucionalidad. El Gobierno ha avanzado rápido con la intención de neutralizar el recurso del PP ante el Tribunal.

Un marco de garantías relevante

A juicio de los expertos consultados por El Debate, el hecho de que la nueva regulación trate de anticiparse en el tiempo a las inminentes deliberaciones del Pleno del Constitucional, previstas para el próximo mes de junio, hurtaría a la Justicia la posibilidad de fijar un «marco de garantías relevante» en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, para el catedrático Vicente Garrido, de la Universidad de Valencia, «lo más lógico sería esperar» al planteamiento del fallo del Tribunal para conocer en qué límites ha de moverse la nueva legislación y que sean los magistrados especialistas en la materia los que «orienten» al legislador sobre lo que no hacer cuando se da «una colisión directa sobre un derecho tan fundamental como lo es la vida».

En especial, si se tiene en cuenta que desde que el 30 de junio de 2010 el Constitucional admitiese a trámite el recurso de 71 diputados del Partido Popular contra el texto normativo aprobado por el entonces Gobierno socialista, el Constitucional continúa pendiente de resolver el despropósito. Hasta la fecha, el Tribunal sólo ha tomado una decisión al respecto de la «Ley Aído» que, todavía. sigue vigente: desestimar la petición de los populares de suspender cautelarmente algunos de los preceptos de una norma que aspira a ser superada por la reforma de Irene Montero, si es que doce años después el Constitucional no lo remedia.

Una disposición que deroga la actual

Desde que se conociese que el Gobierno socialista preparaba una nueva regulación del aborto en España que permitirá a las menores de 16 a 18 años abortar sin el consentimiento de sus padres. Fue la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de febrero, la encargada de anunciar esta nueva reforma que estaban preparando. Una futura ley del aborto que da un paso más en los planteamientos del legislador en el año 2010 cuando, según recogió el BOE, las mujeres podrían poner fin a sus embarazos «sin interferencia de terceros». Y que, contiene una disposición final que deroga la anterior versión normativa para obstaculizar el pronunciamiento del Constitucional.

Además, se ha validado la creación de un registro de médicos objetores la baja para las mujeres por incapacidad temporal vinculada al período menstrual y se ha mantenido el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Una suerte de medidas en los que han sido significativos los políticos que critican la nueva reforma de Irene Montero.

Entre ellos, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que el aborto en menores de 16 y 17 años «debe contar con el consentimiento» de los padres y ha recalcado que si en España la legislación «prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años es razonable pedir ese permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo».