El Gobierno aprueba la ley que persigue a los médicos provida

Este martes se ha aprobado el polémico anteproyecto de la ley del aborto, la última medida de Irene Montero que quiere eliminar todos los límites para la interrupción del embarazo y que pretende crear una lista negra de médicos objetores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han comparecido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, y la ministra de Igualdad.

Montero ha defendido en rueda de prensa que su proyecto se «amplía derechos» y «da un paso decidido para garantizar» el acceso al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «Las instituciones asumimos la responsabilidad de dejar atrás los estigmas y prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres», ha añadido la ministra, quien sin embargo se ha mostrado contraria a la gestación subrogada, a la que considera «violencia contra la mujer».

Educación sexual en los colegios

Igualdad pone el foco en la educación sexual y la hace obligatoria en las principales etapas educativas. Para ello, se formará en educación sexual y menstrual a profesores y también a funcionarios de prisiones y trabajadores públicos. «Planteamos que la educación sexual ha de ser obligatoria en todas las etapas educativas desde la primera infancia».

En el ámbito escolar, Igualdad prevé repartir de forma gratuita métodos anticonceptivos vinculados a campañas sobre educación sexual (algo que también se hará en centros sociales y penitenciarios). Además, prevén centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.

Por contra, mientras se apuesta por esta medida, el Gobierno no va a reducir el IVA de los productos de higiene femenina, a pesar de la queja de Podemos.

Fin al periodo de reflexión

«Esta nueva ley permitirá que las mujeres con discapacidad y mayores de 16 años aborten sin el consentimiento de los padres». Es decir, un menor de 18 años deberá pedir permiso a los progenitores para realizarse un tatuaje pero no para acceder a un quirófano.

Según ha comunicado, «las mujeres podrán acceder al aborto en un centro público cercano a su vivienda». Montero ha puesto especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los largos desplazamientos que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo.

Con respecto a los tres días de reflexión, el anteproyecto del Gobierno promete eliminar los tres días de reflexión hasta ahora obligatorios y la entrega de información sobre las alternativas y ayudas en el caso de seguir adelante con el embarazo, a no ser que la mujer lo solicite.

Las mujeres que se sometan a un aborto tendrán derecho a una baja incapacitante, al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.

Objeción de conciencia

La ley garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia. La intención es garantizar que siempre haya personal disponible para practicar abortos. En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.

Aquellos facultativos que se nieguen a practicar un aborto, serán incluidos en registros de objetores. Además, esta norma obliga a que todos los centros hospitalarios cuenten con al menos una persona disponible para practicar las intervenciones.

Píldora del día después

Según ha asegurado la ministra de Igualdad, la nueva norma establece la gratuidad de la conocida como «píldora del día después». Las mujeres que quieran acceder al fármaco, ha asegurado, podrán solicitarla en los centros de salud cercanos y en las farmacias.

Salud menstrual

En los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc. se repartirán gratuitamente productos como tampones, compresas o copas menstruales con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

La ministra ha comunicado que «la regla va a dejar de ser un tabú. Reconocemos el derecho de la salud menstrual como parte del derecho de la salud de todas las mujeres», y ha asegurado que «se acabó ir a trabajar con dolor o empastillarse al entrar al trabajo».

«Dispensaremos productos vinculados a la higiene y salud menstrual para combatir la pobreza menstrual de las mujeres», ha añadido a pesar de la negativa a reducir su IVA. Igualdad asegura que los centros educativos y penitenciarios tendrán a disposición productos higiénicos.

Precio de las nuevas medidas

La ministra de Igualdad ha cifrado en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto de la ley del aborto aprobado, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).

Según Montero, el coste del nuevo permiso preparto, que será a partir de la semana 39 de embarazo, costará 57 millones de euros, el de las bajas por menstruación incapacitante, que serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social, 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.