La ley del 'solo sí es sí', otra vuelta de tuerca de la ingeniería social que compromete la presunción de inocencia

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha vuelto a salir con la suya colando, en esta legislatura, una reforma normativa que responde más a cuestiones ideológicas que a razones de necesidad social. El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la popularmente conocida como 'Ley del solo sí es sí', ha entrado este jueves en su última fase ede tramitación en el Congreso de los Diputados, antes de ser enviada al Senado para su aprobación definitiva. El texto ha contado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, EAJ-PNV, Ciudadanos, Junts, BNG, Más País-Equo y Coalición Canaria; la abstención de la CUP, y los votos en contra de PP y Vox.

La cortrovertida norma, que compromete gravemente la presunción de inocencia, incluye entre sus principales novedades la exigencia de que el consentimiento expreso de la mujer sea la clave para juzgar los delitos sexuales, así como que se supriman las diferencias que, hasta la fecha, se daban entre los delitos de abuso y agresión sexual. También, incluye, entre otros aspectos, la creación de los llamados centros de crisis 24 horas, para atender a las víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, y las casas de infancia, en el caso de los menores de esa edad.

Uno de los elementos más controvertidos y el que ha originado una mayor confrontación entre los grupos parlamentarios, ha sido la prostitución que, finalmente ha quedado al margen de este texto -a petición de PNV, Bildu, ERC o Ciudadanos- pese a que los socialistas eran partidarios de endurecer las medidas relativas a esta materia. Sin embargo, la semana pasada retiraba la enmienda encaminada a abolir la prostitución para salvar la norma, lo que la diputada socialista, Laura Berja, ha señalado como «una ley que se queda corta».

«Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El 'solo sí es sí', el 'hermana, yo sí te creo' por fin se convierte en una ley», ha señalado la titular de Igualdad, Irene Montero, al comienzo de su intervención, que ha dicho sentirse «muy orgullosa» de que la norma salga adelante. «El movimiento feminista es hoy lo mejor que tiene este país», ha continuado desde la tribuna.

En sus respectivas intervenciones, varios grupos parlamentarios han celebrado la aprobación del texto y también han aplaudido que se dejara al margen el debate sobre la prostitución, como es el caso del PNV o Junts. De «ley fundamental» y «paradigmática» ha calificado la norma la diputada de ERC, Pilar Vallugera. Ciudadanos, por su parte, se ha mostrado de acuerdo en cómo se regula el consentimiento y ve en la ley «una mejora jurídica», en palabras de la diputada Sara Giménez.

La presunción de inocencia, amenazada

La exposición de motivos de la norma aprobada este jueves, recoge el espíritu del legislador en forma de recomendación al Poder Judicial, durante la celebración de los juicios penales por delitos contra la integridad sexual: «reorientar el régimen de valoración de la prueba». ¿Qué significa esto, en realidad? Nada más y nada menos que alterar el Derecho fundamental a la presunción de inocencia, para debilitar o restringir sus manifestaciones. Eso sí, sólo en aquellos casos en los que el supuesto autor del delito sea un hombre, en cuyo caso y según el sentido de la ley, su derecho fundamental -y la pura naturaleza del proceso penal- queda encorsetado en contra de lo que recoge la Constitución. «Todos tienen derecho […] a la presunción de inocencia», reza nuestra Carta Magna. Todos, sin excepción que pueda imputarse por cuestiones accesorias como el sexo de quien delinque.

Las críticas a la pobre técnica legislativa de la «ley del sólo Sí es Sí» de Irene Montero -contiene repeticiones, erratas y deficiencias, se solape con otras normas ya vigentes- ya las puso de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un Informe aprobado el pasado mes de febrero. Cuestiones, que por tratarse de meras formalidades han podido corregirse y mejorarse en parte. Lo grave, tal y como apuntan los expertos, es que la norma presenta un verdadero problema con la valoración probatoria que afecta, directamente, a la presunción de inocencia y que obligará al varón a demostrar que aquello de lo que se le acusa no es cierto, alterando el orden democrático de la carga de la prueba: quien acusa, está obligado a demostrar la veracidad de su acusación, con pruebas.

A la luz del dictamen del CGPJ sobre el Anteproyecto de la norma, para el mundo judicial esta nueva posición «reorientadora» no es el resultado de «un error», sino que responde a una «verdadera intencionalidad» de que así sea.

Enmiendas de PP y Vox

El pasado septiembre, el Partido Popular y Vox registraron sendas enmiendas a la totalidad de la Ley Integral de Libertad Sexual, finalmente rechazadas. Los populares consideraban ya entonces que la norma presenta un «marcado sesgo ideológico» y es «muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico» y «de cuestionable constitucionalidad». En la misma línea, los de Abascal señalaron que la ley tiene el «propósito ideológico de enfrentar a ambos sexos».

Este jueves ambas formaciones han mostrado de nuevo su oposición a la norma tramitada. Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Marta González ha señalado que «el texto pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se asienta todo nuestro derecho penal por la nueva definición de consentimiento que trae consigo la inversión de la carga de la prueba». Asimismo, ha lamentado que con esta ley se suprima la «tipificación como abuso sexual» de conductas menos graves y que no se incluya la prostitución en el texto.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Carla Toscano, ha expresado que «queda demostrado que hoy en España la violencia no tiene sexo, pero la inmunidad sí». «La realidad es que en muchas ocasiones es imposible para el hombre probar el consentimiento, y con esta ley, con la inversión de la carga de la prueba y de lo sucedido con Juana Rivas y María Sevilla, lo que ustedes están haciendo es apología de la mentira», ha reprochado, señalando que esta nueva norma niega «derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley».