El Gobierno indultó a los nueve condenados catalanes poco después de investigarlos con el CNI

El propio Gobierno no se fiaba de quienes, paradójicamente, hicieron presidente a Pedro Sánchez. Pero apenas unos meses después de que cesara la investigación del CNI a al menos 17 dirigentes catalanes, el Consejo de Ministros aprobó los nueve indultos a otros tantos condenados a penas de cárcel y guardó los expedientes en un cajón hasta que El Debate publicó su contenido.

Ahora el Tribunal Supremo revisará los recursos a unas medidas de gracia envueltas en polémica y demostrativas de los bandazos de Sánchez, que en cuatro años ha hecho de todo para adaptar sus decisiones, a menudo antagónicas, a sus intereses políticos.

La historia comienza en 2017, cuando el actual presidente del Gobierno y entonces líder de la oposición secundó a Mariano Rajoy en la aprobación del 155 para desalojar a Puigdemont de la Generalidad, deponer a su Gobierno y restituir el orden constitucional en la efímera «República» autoproclamada.

Solo seis meses después, Sánchez llegó a la Presidencia gracias a los mismos partidos que habían «sufrido» esa intervención del Estado o, como Podemos, se oponían a ella. Era el verano de 2018 y ya desde entonces, en otro viraje, el CNI, dependiente de la ministra que más ahínco puso en registrar la moción de censura, Margarita Robles; investigaba a los socios de Sánchez.

Ese «espionaje» duró al menos hasta finales de 2020 incluso, dándose una nueva paradoja: a la vez que la Inteligencia española investigaba hasta a Pere Aragonés, con el pleno conocimiento de Moncloa como el propio Pedro Sánchez reconoció en una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras en 2019; su Gobierno preparaba unos indultos que llegaron apenas unas semanas después.

«No se los merecen»

La anulación de las condenas del Tribunal Supremo, que ahora vuelve a generar una enorme polémica y abre más heridas entre el PSOE y ERC; se hizo con un expediente por beneficiario de 500 páginas que, hasta su publicación por El Debate, permanecía escondida para la opinión pública y ahora ha sido decisiva para que PP, VOX y Ciudadanos reanuden la ofensiva contra Sánchez.

«Un día menos para que vuelvan a la cárcel los que dieron un golpe de Estado en Cataluña y que el sanchismo indultó para poder seguir en Moncloa», ha dicho el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, purgado de la Abogacía del Estado para facilitar el camino al acuerdo de Sánchez con los condenados por sedición, en una postura que resume, esta vez, la que mantienen igualmente el PP y VOX.

El expediente revelado por El Debate demuestra que el Gobierno ignoró las razones de justicia y equidad e incluso reconoció que los beneficiarios no merecían los indultos

Pero lo relevante del asunto ahora es medir si para el Supremo será suficiente con el flagrante incumplimiento de dos de las razones necesarias para conceder las medidas de gracia, según explican fuentes jurídicas consultadas por El Debate: la equidad y la justicia.

Que no existieron, según reveló este periódico al difundir el informe de 32 páginas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con el que Sánchez quiso justificar los indultos a pesar de la oposición de la Fiscalía del Supremo.

«Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública», llega a decir Campo en su informe, entregado a este periódico por imposición legal que desvela, un año después, la estrategia del Gobierno para atender la gran exigencia de sus aliados parlamentarios: sacar de inmediato de la cárcel a Junqueras, Cuixart, Sánchez, Llull, Turull, Romeva y compañía, todos ellos conjurados aún en la causa independentista.

Aún más, el titular de Justicia llega a confesar, sobre uno de los indultados cuyo nombre se omite en el expediente entregado a El Debate, pero se repite en todos los casos, que no es merecedor del «regalo» que, sin embargo, el Gobierno de España le hizo contra el tribunal que le condenó.

«Los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de (qué aparece el nombre de cualquiera de los nueve «premiados») no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo», afirma Campo con una pirueta retórica en la que, por un lado, asume que la opinión pública rechaza a los reos pero, por otro, les libera en nombre de los ciudadanos.

¿El bien común de España?

«Como ya se expuso, el indulto que persigue una utilidad pública es un acto de dirección política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta. Una vez más, debemos recordar que esta propuesta se funda en que, a juicio del órgano constitucionalmente competente, el indulto satisface mejor el bien común de España», prosigue el exministro en un escrito que Moncloa ha guardado en un cajón hasta hoy.

«Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales. También el bien común de la nación (…)». Lo cierto es que, para consolidar esa opinión, se apeló a encuestas elaboradas por la propia Generalidad; a artículos de El País o al parecer de la UGT.

La clave ahora es si la «sinceridad» de los razonamientos del destituido ministro son suficientes para soportar la decisión política o si, por el contrario, el Supremo no aprecia razones de «utilidad pública» más allá del interés del propio Sánchez por conservar la estabilidad de su Gobierno.

De momento, mientras la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se vanagloriaba de que esa medida había pacificado la convivencia en Cataluña, lo cierto es que solo ha servido para ampliar las concesiones al separatismo: desde la «cabeza» de la directora del CNI hasta la exclusión del español como lengua de aprendizaje en la educación pública catalana, la supuesta concordia ha consistido básicamente en tratar de calmar a los indultados, que casi a diario se comprometen a «volverlo a hacer».