Sánchez distrae al independentismo con dos reformas legales de muy difícil aprobación

Pedro Sánchez ha envuelto y puesto un lazo a una reforma legal que su Gobierno ya había comprometido repetidamente para regalársela al independentismo haciéndola pasar por nueva.

El presidente del Gobierno ha comparecido este jueves en el Congreso para anunciar, en primer lugar, una Ley de Información Clasificada que vendrá a sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968.

Pero, en realidad, ese proyecto legislativo ya figura en el Plan Anual Normativo 2022 que fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero. Como también figuraba en el Plan Anual Normativo de 2020, y de hecho es un viejo compromiso del sanchismo y una vieja reivindicación del PNV. «Seis años llevamos con esto», le ha recriminado el portavoz de este último, Aitor Esteban. Por no hablar de que es complicado llevarla a término antes de que acabe la legislatura.

«La Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales», reza ese Plan Anual Normativo de 2022. Idéntica explicación a la que ha dado el presidente del Gobierno en el Parlamento.

Sánchez ha extendido una densa cortina de humo para no explicar por qué y sobre todo en qué fechas espió el CNI a Pere Aragonès y otros 17 independentistas (por aquel entonces Sánchez negociaba con Esquerra su investidura). Y para ello se ha valido de esa futura ley y del anuncio de una reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, que data de 2002.

Pura pirotecnia, también esto último, puesto que para reformar cualquier ley orgánica Sánchez necesita una mayoría absoluta de 176 diputados que solo sumaría incorporando a la ecuación a los independentistas (toda vez que el PP está descartado). Y, a juzgar por las palabras de Gabriel Rufián en su turno de intervención, ahí no va a encontrar el PSOE a ERC. «¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?», le ha preguntado el portavoz republicano, indignado. «Nos trae aquí una reforma de los controles del CNI cuando el mayor controlador del CNI es usted», le ha recriminado.

«Con los aliados se dialoga, no se los espía», ha reprochado a Sánchez el portavoz de los Comunes dentro del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens. Puesto que los socios de Gobierno de Sánchez se han aliado con los independentistas desde que estalló la crisis de Pegasus, y ahí siguen estando.

Crisis a la que el presidente sigue intentando dar carpetazo de una vez por todas, mientras presume de transparencia. «Con este Gobierno no hay espacio para la actuación ilegal, como antes (en alusión al Gobierno de Mariano Rajoy y el caso Kitchen en su Ministerio del Interior). Hay espacios reservados, sujetos a la confidencialidad, pero sujetos a la ley», ha añadido.

Y se felicitado a sí mismo por «la valentía y el coraje de quienes apostamos por el diálogo y el reencuentro frente a quienes quieres romperlo todo y volver al año 2017».

Para el PP y para Vox, por el contrario, es un sinsentido que el Estado asuma cualquier culpa en el espionaje a los líderes independentistas; que, a pesar de contar con la autorización del Tribunal Supremo, ya le costó el puesto a la ex directora del CNI.

«Señor Sánchez, ¿indultó a personas que sabía que estaban siendo investigadas por ser una amenaza para el Estado?», le ha preguntado la portavoz popular, Cuca Gamarra, haciéndose eco de lo que El Debate publica este jueves: el Gobierno indultó a los nueve presos del procés poco después de haber intervenido sus teléfonos.

«Usted es capaz, incluso, de espiar a los miembros de su propio Gobierno. Si no lo ha hecho ya», le ha dicho, por su parte, Santiago Abascal. Que no se ha creído esa versión del presidente de que no sabía nada del espionaje del CNI. «Es usted una mentira con patas», le ha espetado.