El veto a Conde-Pumpido para presidir el Constitucional enfría las negociaciones de PP y PSOE para renovar el CGPJ

Se las prometían muy felices quienes vieron en la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular una oportunidad para desbloquear, entre otras cuestiones, la enquistada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y no iban mal encaminados, ya que el recién estrenado líder de los populares se presentaba en Génova con la firme intención de avanzar, antes de este verano, en temas pendientes como la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, en funciones prorrogadas desde hace 1.268 días, empezando las negociaciones desde cero. Sin embargo, el veto a Cándido Conde-Pumpido, uno de los candidatos tradicionales a la presidencia del órgano –por extensión del Supremo– o del Tribunal Constitucional, del que es magistrado en la actualidad –y cuya renovación habrá de abordarse, también, en uno de sus tercios, el próximo mes de junio– ha condicionado el éxito de la misión. Las conversaciones entre PP y PSOE se enfrían más allá de las tensiones propias de la campaña electoral en Andalucía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo trataron la renovación del Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, durante su encuentro oficial en Moncloa del pasado 7 de abril, con una única línea roja que para los populares era «garantizar la independencia judicial». Fiel a este criterio, Esteban González Pons, responsable de Relaciones Institucionales del PP, y encargado de la negociación con el PSOE para renovar el CGPJ, ha frenado en seco. El rechazo de cierto sector del ala progresista y de la totalidad de los conservadores del Poder Judicial a Conde-Pumpido –quien fuera fiscal general del Estado bajo los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero–, como futuro y eventual titular de cualquiera de las dos instituciones incluidas en el marco de las conversaciones, ha sido determinante.

Que los jueces elijan a sus pares

La primera decisión de Núñez Feijóo, tras su desembarco en Madrid, era que González Pons se reuniese con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de nuestro país para conocer sus reclamaciones. La respuesta fue unánime: que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales que han de representarles en Consejo, recuperando así un sistema mixto en el que los partidos políticos sólo podrían designar a los otros ocho miembros del Pleno.

Así las cosas, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), apostó por la inmediata renovación del CGPJ si bien su presidenta, María Jesús del Barco, exigió que, en paralelo a dicha posibilidad, se iniciase la reforma que establezca la elección directa de doce de los veinte vocales. Un extremo en el que coincide con el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, pero del que se desmarcan Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) para quien la modificación normativa no es tan prioritaria. Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) sigue reclamando una reforma previa a a renovación del sistema de elección del CGPJ.

Parálisis institucional

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España se sumaban esta misma semana al clamor de la carrera judicial. Para los portavoces de los órganos territoriales, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «resulta incomprensible»; y, alzaban la voz para criticar la situación como el «flagrante incumplimiento» de un mandato constitucional «en un Estado de Derecho».

Una situación anómala que, más allá de los pactos entre los principales partidos podría resolverse si el Ejecutivo aprobase una disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/2021 -por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial- para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Esto es, que el Gobierno revoque la modificación normativa por la que prohibió al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos, una vez prorrogado su mandato, afectando con dicha restricción a los cuatro magistrados del Constitucional que deberían ser removidos y reemplazados en unos días.

Al menos, mientras el propio Tribunal de Garantías no resuelva los recursos interpuestos por Vox y PP contra la polémica reforma legal exprés –de la LO 4/2021– con la que socialistas y Podemos vetaron al CGPJ una de sus funciones naturales: la posibilidad de designar jueces y magistrados para cubrir vacantes. Un pronunciamiento que, de ser favorable a las pretensiones de ambas formaciones permitiría desenquistar no sólo las designaciones pendientes para un maltrecho Tribunal Supremo, sino para la propia Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales de buena parte de nuestro país. No en vano, tal y como avanzaba El Debate, la irrupción de la campaña electoral en Andalucía ha supuesto un parón necesario en los fallos del Constitucional sobre las causas de mayor trascendencia política.

¿Renovación en junio?

El Tribunal Constitucional se enfrenta, antes del verano, a la renovación de un tercio de sus miembros con la salida de su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y vicepresidente, Juan Antonio Xiol; así como de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Dos de los nuevos nombres serán decisión del Gobierno y otros dos llegarán por designación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –un candidato a propuesta del PSOE y otro del PP– que, a su vez, se encuentra amordazado tras la modificación normativa que le cercenó una de sus principales competencias.

Así las cosas, cabe una doble posibilidad: que sea el Gobierno el que retire su propio veto y habilite al CGPJ para retomar los nombramientos –por el mismo cauce de la modificación normativa– o que el Constitucional resuelva cuanto antes los recursos planteados por Vox y Partido Popular contra la reforma que los impide y la anule, total o parcialmente, por inconstitucional. Eso sí, quedaría pendiente el espinoso asunto de la Presidencia que, según el juego de mayorías, recaería en la sección progresista del órgano y para el que se piensa, por primera vez, en una mujer, alejando al aspirante previsible, Cándido Conde-Pumpido, de su objetivo.

Sin embargo, los socialistas barajan una tercera vía que pasaría por nombrar a sus dos miembros del tercio a renovar en el TC y dejar en el aire la designación del par que recaería en el Consejo General del Poder Judicial. Una solución que, más allá de presionar a sus interlocutores del PP, y empujarles de nuevo a la mesa de negociación, no tiene ningún recorrido legal. Los expertos consultados por El Debate señalan que la Constitución es clara a este respecto. La renovación del tercio previsto para junio «ha de hacerse en su totalidad», «no caben atajos» y, de producirse, los elegidos desde el Gobierno «no podrían tomar posesión de sus puestos, en ningún caso».