La denuncia de los jueces españoles contra el Gobierno por el bloqueo del CGPJ supera el primer filtro en Estrasburgo

«Le escribo para informarle que, tras un examen preliminar de la admisibilidad» de su solicitud, «el vicepresidente de la Sección» asignado a su caso ha decidido «bajo las Reglas de la Corte», que se de traslado de la misma al Gobierno de España para que «presente su exposición de hechos y sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo» de su denuncia, en virtud de «los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», antes del próximo mes de septiembre. El Debate ha tenido acceso, en primicia, a la decisión del Tribunal Europeo (TEDH) que admite, de manera parcial, la denuncia presentada por seis jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) contra el bloqueo, de más de tres años, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La reclamación que los magistrados registraron en octubre ha superado así un primer filtro en el que más del 90% de las cuestiones son rechazadas de plano.

En el texto de la Seción Tercera del TEDH se ha dado al Gobierno de España un «plazo máximo» para que presente sus alegaciones a los hechos denunciados: antes del próximo día 15 de septiembre. Y se ha autorizado a la Abogacía del Estado a «presentar la exposición de hechos y sus observaciones en español, si así lo prefieren» aunque, en paralelo, «deberán proporcionar al Tribunal una traducción al inglés o al francés como muy tarde el 13/10/2022».

Desde la notificación del estado de las actuaciones, comienza a contar el tiempo para que el Gobierno «aborde las cuestiones planteadas en el documento anexo» a la resolución, en lo relativo al caso preparado por la Secretaría de la Corte y las preguntas para las partes.

Recortó las funciones del Consejo

Una clara «dejación de funciones del Congreso y del Senado en su obligación de promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial» fue la clave para que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), con casi mil miembros asociados, entre jueces y magistrados, presentase su denuncia en Estrasburgo. Los jueces ya habían remitido antes una carta a la Mesa del Congreso para advertirle de que «ejercitarán ante quien corresponda» las «acciones oportunas» para defenderse de los ataques del Gobierno que recortó las funciones del Consejo, de manera exprés, afectando «gravemente el funcionamiento de la Justicia» española. La reclamación se presentaba una semana después de que Ejecutivo y oposición materializasen un acuerdo para refrescar a los titulares de todos los órganos constitucionales, excepto el CGPJ.

«Tenemos al Congreso y al Senado totalmente supeditados a los intereses de los dos principales partidos políticos de nuestro país que no han hecho nada en tres años, incumpliendo con su obligación de convocar sendas votaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), competencia única y exclusiva de ambas cámaras», lamentaron ante Europa los seis magistrados encargados de confeccionar el escrito.

Nada ha cambiado, hasta la fecha, desde que los jueces decidiesen llevar sus reivindicaciones hasta la última instancia y buscar el amparo del TEDH, tras la posición de la Mesa del Congreso que tramitó de forma exprés, y sin escucharles, la reforma legal que recortó funciones al máximo órgano del Poder Judicial y desatendió su obligación de promover una votación orientada a la renovación del CGPJ.

En busca de una «solución amistosa»

Además, desde Estrasburgo, también se ha solicitado al Gobierno que «indique» antes del vencimiento de septiembre «su posición con respecto a una solución amistosa» para la denuncia de los jueces españoles y, en particular, su posición «respecto de las indemnizaciones pecuniarias, las costas y gastos» derivados del procedimiento.

Pese a que el análisis jurídico preliminar ha sido favorable a los jueces y magistrados que pleitean contra la parálisis impuesta por el Gobierno -con la connivencia de Congreso y Senado- al Poder Judicial español, entre otras cuestiones, en materia de nombramientos; Estrasburgo parece no haber encontrado razones para admitir la presunta violacion del derecho de igualdad en el acceso a las funciones de cargo público que éstos alegaron en su denuncia.

Por ello, fuentes próximas a la causa consultadas por El Debate apuntan a que la cuestión nuclear que centrará el horizonte del pleito judicial en Europa será la falta de cobertura del Constitucional a los mismos jueces recurrentes y por el mismo motivo.