Como ya adelantó El Debate  El Supremo cita a declarar como imputado a Alberto Casero, el diputado del PP que salvó la reforma laboral del Gobierno

El magistrado del Supremo Andrés Palomo ha citado al diputado del PP, Alberto Casero, como imputado para que preste declaración voluntaria, tal y como avanzó El Debate en primicia, el pasado 12 de mayo. El procedimiento se enmarca en la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que el político popular habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), en 2017 y 2018. El que fuera número tres en la Ejecutiva de Pablo Casado, y mano derecha de Teodoro García-Egea, comparecerá en el Alto Tribunal el próximo 20 de junio a las 11:30.

La Sala Segunda de lo Penal acordó abrir causa a Casero después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo elevase al Supremo –debido a la condición de aforado del diputado– una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como varios delitos continuados de prevaricación y malversación de causales públicos. El escrito de la juez de Extremadura recogía que el regidor habría suscrito contratos con terceros «sin ajustarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos» para ello.

Pagos injustificados

Después de que Casero votara telemáticamente a favor de la reforma laboral de Sánchez, y por lo tanto saliera adelante, se conoció su imputación por parte del Supremo. Según la juez instructora, el diputado del PP pagó distintas cantidades sin comunicarlas al interventor del Ayuntamiento y sin recabar los informes previos necesarios.

De este modo, el exalcalde de Trujillo adjudicó, presuntamente, 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos que no se ajustaban a la ley. Entre otras concesiones, el todavía diputado del PP habría acordado aportar -verbal y unilateralmente- 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant. Además, en diciembre de 2018 suscribió un contrato menor por servicios de comunicación con Radio Interior S.L, cuando debería haberse realizado en procedimiento abierto.

Por su parte, tras la imputación el propio Alberto Casero anunció su intención de mantener su acta de diputado, pese a que los hechos que se le atribuyen podrían ser constitutivos de delito. No obstante, cualquier decisión sobre su futuro deberá acordarse por la dirección del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.