Montero y Armengol gastaron miles de euros en un cartel que insultaba a los jueces por «machistas»

Los jueces son machistas y por eso no se creen el maltrato de una mujer salvo que sea asesinada. Esa fue la tremenda tesis que el Gobierno de las Islas Baleares, similar a las razones esgrimidas en el indulto a María Sevilla, convirtió en mensaje oficial en una campaña institucional el pasado 8M pagada con dinero público procedente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero cuyo importe desvela hoy El Debate.

«¿Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva?». Esta fue la frase exacta, pronunciada por la caricatura de un juez a una mujer agredida con el brazo en cabestrillo, que rezaba en un cartel con membrete del Ministerio de Igualdad en una exposición en Baleares, celebrada el pasado mes de marzo en la estación intermodal de Palma de Mallorca, y que desató una enorme indignación en las asociaciones judiciales.

Las cuatro principales, pocas veces de acuerdo en algo, se aliaron para lamentar el ataque, en un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la democracia y Foro Judicial Independiente en el que denunciaban «el desacierto de aquellas instituciones» que contribuyen «con su apoyo, al descrédito de las y los profesionales que, con esfuerzo y vocación, trabajan a diario para acabar con la detestable realidad de la violencia machista».

Una campaña que finalmente se tuvo que retirar pero que ha supuesto un gran dispendio de las arcas públicas, hasta ahora desconocido y que hoy precisa este periódico con la «confesión» por escrito del propio Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol.

La viñeta realizada por la artista Diana Raznovich formaba parte de una exposición sobre «micromachismos» enmarcada en el conjunto de actividades organizadas por el Instituto Balear de la Mujer (IBDona) para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que, según la documentación que obra en poder de El Debate, tuvo un disparatado coste de 8.511,38 euros.

En concreto, se destinaron 3.763,10 euros para la impresión de los roll-ups que conformaban la exposición, a los que hay que sumar 3.672 euros por la imagen y diseño de la misma; los 552,50 euros del diseño y maquetación de folleto desplegable y otros 523,78 euros para su impresión.

A esto hay que añadir el desglose de todos lo gastos de los actos que se celebraron durante aquellos días y que consistieron en diversos conciertos y conferencias, además del coste promocional de todo ello, que alcanzó un montante total de 18.939,03 euros.

La exposición de Raznovich, que contaba con el respaldo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, provocó un enorme revuelo en el seno de las asociaciones judiciales, que criticaron la imagen llena de prejuicios y clichés que ponía en el punto de mira a los magistrados, lo que llevó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB), Carlos Gómez, a trasladar una queja formal al IBDona, promotor de la iniciativa, consiguiendo la retirada de la imagen de la polémica.

El derroche en carteles para insultar a los jueces tiene el mismo espíritu que las razones para indultar a María Sevilla

Irene Montero aclaró que el cartel llevaba el logotipo de su Ministerio porque la exposición fue financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aseguró que «lo fundamental en relación a este tema es una reflexión sobre la justicia patriarcal» y abogó por «construir una justicia feminista» porque, en su opinión, «el número de denegación de órdenes de protección es elevada».

Sin embargo, tan ofensiva resultó la imagen que, hasta la ministra de Justicia, Pilar Llop, jueza en excedencia especializada en violencia sobre la mujer, cuestionó su idoneidad, generando otra discrepancia más en el seno del Consejo de Ministros, y señaló que era «absolutamente injusto». Y es que, el cartel fue calificado incluso de «contraproducente» por parte del Consejo General del Poder Judicial por incurrir en estereotipos y tópicos «falsos, ridículos e injustos».

Como el indulto de María Sevilla

El despilfarro y las razones ideológicas que lo impulsaron coinciden, al milímetro, con la visión que Igualdad tiene de la mujer como víctima del sistema «heteropatriarcal» que impulsó el polémico indulto de María Sevilla, liberada entre vítores de Irene Montero tras ser condenada a dos años de cárcel por raptar a su hijo y mantenerlo incomunicado y sin escolarizar para alejarlo de su padre, objeto de denuncias falsas de agresión sexual.

Y responde también al polémico discurso de la jueza Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y autora de otras declaraciones muy controvertidas sobre sus compañeros de profesión, acusándoles incluso de tapar abusos sexuales a menores:

«En casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: 'con el cura no', 'con el obispo no', 'con la Iglesia no'. Quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país. Quiero decir, que hay veces que el sistema precisamente de comunicación de prejuicios y de sesgos ideológicos es mucho más sutil, pero no por eso no debemos romperlo con una mejor democratización del acceso», dijo la magistrada en una entrevista con Pablo Iglesias en su programa de radio.

A instancias de El Debate, Rosell tuvo que reconocer luego la improcedencia de sus acusaciones, replicadas con indignación también por las asociaciones de jueces, y confesó que no le constaban los hechos que sin embargo proclamó en público: «En virtud de lo anterior, no obra en poder de esta Delegación del Gobierno la información solicitada en la solicitud», reculó la colaboradora de Montero en una respuesta oficial a este periódico.