Claves del caso ERE: una sentencia aplazada y varios cientos de millones defraudados

Tras más de diez años de recorrido judicial, solo ha podido liquidarse la pieza más relevante, la política. A la causa de corrupción socialista más voluminosa de la historia de nuestra democracia todavía le quedan por abordar más de un centenar de procedimientos, derivados de las más de doscientas causas que instó la Fiscalía andaluza, de los cuales casi la mitad estarían en fase de procedimiento abreviado, esto es, el paso previo al juicio penal. Los ERE andaluces son un escándalo de magnitudes bíblicas no solo por el número de investigados, que superó los trescientos, sino porque el dinero defraudado en el marco de las irregularidades cometidas por el PSOE, durante más de cuarenta años al frente de la Junta, ascendió a cerca de setecientos millones de euros. La cúpula del socialismo andaluz, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en cabeza, fue condenada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla a penas de cárcel e inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación.

Tras escuchar a los principales implicados, los magistrados del Alto Tribunal revisaron párrafo a párrafo el fallo de mil ochocientos veintiún folios que el magistrado encargado de redactar las condenas, Juan Antonio Calle, emitió hace casi tres años. Entonces, el juez detalló cómo la Junta de Andalucía había diseñado un modelo de gestión y adjudicación irregular de los fondos públicos para dejarlos fuera de los mecanismos de control oficiales. La maniobra consistió en hacer múltiples modificaciones presupuestarias, para extraer dinero de la partida 31L, también llamada 'fondo de reptiles', de forma completamente arbitraria.

Las cantidades obtenidas de ese modo se desviaban para declarar ERE innecesarios en empresas afines al régimen socialista y para otorgar ayudas directas, y sin ningún tipo de criterio ni de publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta. El sistema , que contó con la vista gorda de los expresidentes Chaves y Griñán, se mantuvo vigente durante décadas, desde el 2000 hasta el 2010, en plena crisis económica, ha cobrado un nuevo protagonismo en la campaña electoral.

No en vano, los herederos políticos de aquella Junta de Andalucía, transformada en cortijo socialista, tratan ahora de hacer olvidar su pasado corrupto aludiendo a la corrupción del PP a su favor, con el objetivo de que no se asocien los desmanes que llevaron a Susana Díaz a perder la Junta en las pasadas elecciones con el socialismo en la comunidad andaluza de cara al 19-J.

Sin embargo, el secretario general y candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, es consciente de que sus opciones para recuperar San Telmo pasan, necesariamente, por deshacerse de la losa de la corrupción, que ha intentado trasladar a los populares de Juanma Moreno, al que ha vinculado con la Gürtel, por el momento sin éxito en los sondeos. Así, el que fuera alcalde de Sevilla ha tratado de que en sus listas para el 19-J no quedase ni rastro del pasado oscuro de su formación, aunque tanto él como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya presencia en campaña será recurrente, forman parte de tiempos pretéritos junto a Chaves y Griñán.

El silencio del Supremo

El «silencio» del Tribunal Supremo (TS) en relación con la revisión de la sentencia del caso de los ERE –siguiendo el tradicional criterio de no injerencia en los asuntos de mayor trascendencia política– ha supuesto un pequeño balón de oxígeno para las defensas de los socialistas que interpusieron varios recursos contra el fallo condenatorio de la Audiencia Provincial de Sevilla. Seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a Manuel Chaves dependen de lo que decida la Sala de lo Penal del TS que, todavía, debe pronunciarse al respecto.

Era el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, quien avanzaba la posibilidad de que el fallo del Supremo sobre los ERE no coincidiese con el periodo de los comicios, dada la necesidad de «un estudio sosegado» de la causa tanto en clave jurídica como política.

Sea como fuere, el Alto Tribunal revisaba la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Mientras, en el caso de José Antonio Griñán, acusado de prevaricación y malversación, fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo público por un total de 15 años y dos días.

«Despilfarro continuado»

Junto con ellos, fueron juzgados un total de 21 exaltos cargos del PSOE andaluz. Los tres magistrados que integraron el tribunal: Juan Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez, sentenciaron un proceso al que el Supremo tendrá que dar firmeza. De entre todos los sentados en el banquillo, solo dos resultaron absueltos: Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta y Manuel Gómez, exinterventor general de la institución.

Las penas más elevadas fueron, sin embargo, para Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Recibió una pena de siete años, once meses y un día de prisión, y 19 años y medio y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación por su «dejación absoluta» de sus funciones que permitió «el despilfarro continuado» de los fondos públicos. Lo mismo que para Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y principal acusado de la trama. Guerrero recibió una condena de siete años y once meses y un día de cárcel. Mientras que su inhabilitación es de 19 años y medio y un día. Ingresó en prisión al día siguiente de prestar declaración ante la instructora de la causa, la juez Mercedes Alaya, y falleció el pasado mes de octubre, sin conocer la decisión final del Supremo en el caso.

Su entonces chófer, Juan Francisco Trujillo, contó ante Alaya cómo Guerrero llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en cocaína para consumo propio y de su jefe, con el dinero de las ayudas públicas irregulares concedidas por la Junta a sus empresas.

El que fuera mano derecha de Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías , también fue condenado, como su exjefe, a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Y José Antonio Viera, el consejero de Empleo que ratificó el convenio marco del año 2001 en base al que se concedían las ayudas irregulares, lo fue a siete años y un día de cárcel y a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

Los exsecretarios generales técnicos de Empleo, Javier Aguado y Lourdes Medina, junto al tercer secretario general técnico de Empleo juzgado en los ERE, Juan Francisco Sánchez, fueron condenados a penas de entre ocho años y medio y nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, siendo absueltos de malversación, por lo que no llegaron a ingresar en prisión.

En cuanto al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, fue castigado con siete años y un día de cárcel y 18 años de inhabilitación por ambos delitos. La exministra Magdalena Álvarez y entonces consejera de Hacienda de la Junta resultó condenada a nueve años de inhabilitación.

Para la viceconsejera de Economía y posterior titular de la cartera, Carmen Martínez Aguayo, se impusieron seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo en la etapa de Antonio Fernández, fue condenado a siete años y un día de prisión e inhabilitado durante 18 años y un día. En cuanto a

Jesús María Rodríguez Román, el exviceconsejero de Innovación, fue sentenciado a seis años y dos de días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación. Un total de nueve años de inhabilitación recibieron tanto José Salgueiro, exviceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez, y Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos en la etapa de Griñán como consejero de Hacienda.