La juez decidirá sobre el archivo de la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra tras escuchar al administrador

El próximo día quince de junio, a partir de las 10.00 horas, el caso Plus Ultra entrará en una nueva fase tras la citación de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, a la aerolínea en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió del Gobierno de Pedro Sánchez, por valor de 53 millones de euros, cuando presuntamente ya estaba quebrada. De dicha comparecencia depende la continuidad, o no, de las pesquisas ya que la magistrada ha instado su decisión sobre el archivo solicitado para la misma por la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, al resultado de la misma.

Así lo ha reflejado la magistrada en un auto al que ha tenido acceso El Debate, y en el que acordaba, el pasado lunes, interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación, tal y como había solicitado Vox en el ejercicio de la acusación popular en la causa, junto con el Partido Popular y Manos Limpias.

La juez ha entendido que es procedente escuchar a los responsables de la compañía, una vez que, como resultado del careo entre los peritos -repetido hasta en dos ocasiones diferentes por razones técnicas- resultó acreditado, al menos de forma indiciaria, que la empresa ya se encontraba inmersa en «causa de disolución» en el momento de recibir la inyección de dinero público. Un requisito que, según las bases de la convocatoria, excluía el acceso al rescate. Al menos, así se desprendió de las conclusiones del informe redactado por el expertos independientes, a petición del juzgado, frente a lo presentado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el pasado 29 de marzo.

Tal y como avanzó El Debate en primicia, el diálogo entre los profesionales independientes arrojó luz no sólo sobre la quiebra técnica de la compañía, sino cómo parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó -nada más ser recibida- al pago íntegro de una deuda contraída por la aerolínea con la estatal chavista Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Sin derecho al rescate

Mientras los consultores de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han mantenido que nunca hicieron una auditoría como tal -sino una «due diligence» dando por válidos los informes del auditor de parte-, el equipo de peritos judiciales independientes, del despacho Martín Molina Abogados y Economistas, también en base a esos mismos informes, ha concluido que la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, estaba a 31 diciembre de 2019 en causa de disolución, al margen de la parálisis económica del COVID.

Esto es, la empresa «estaría excluida de los requisitos de acceso a la ayuda de Fasee» por la que percibió la astronómica cantidad, ya que uno de los requisitos establecidos por la SEPI para ser beneficiario de la inyección monetaria era que el resultado del balance, a 31 de diciembre de 2019, no fuese negativo. Así lo habría confirmado el perito judicial ante la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, según apuntaban a El Debate fuentes próximas a la causa que se sigue para esclarecer los puntos oscuros de la decisión adoptada, primero, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, más tarde, por el Consejo de Ministros.

Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse a raíz de un fallo técnico.

Plus Ultra, al banquillo

Ahora, será el turno de Plus Ultra, que deberá acudir al Juzgado el 15 de junio. Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar.

Tras el interrogatorio, la juez tiene pendiente responder a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía «concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno».

La Fiscalía de Madrid concluyó que no existían «elementos contundentes» que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.